15 de enero de 2023, 4:00 AM
15 de enero de 2023, 4:00 AM

El 19 de enero de 2010, Mario Tadic Astorga presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que inicie un proceso contra el Estado boliviano por violación a los DDHH.

Se trataba de posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas, traslados forzosos, violaciones a la libertad e integridad personal, garantías judiciales, salud y vida, entre otras, en el marco del caso terrorismo. A la petición de Tadic se adhirieron Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza, Elöd Tóasó y Caroline Dwayer, en representación de su fallecido hijo Michael Martín Dwayer, adhesiones que finalizaron en septiembre de 2013 cuando la CIDH inició un trabajo de recolección de información sobre los hechos denunciados, recibió el testimonio y pruebas de las víctimas y las observaciones presentadas por el Estado boliviano, todo en la fase de admisibilidad.

Es importante subrayar que la fase de admisibilidad es un filtro fundamental en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) puesto que se analiza si, en principio, se agotaron las instancias del ordenamiento jurídico interno, si las vulneraciones denunciadas están claramente identificadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) u otros instrumentos internacionales que son vinculantes para los Estados Parte del SIDH o si, en última instancia, los hechos referidos tienen razonables elementos de veracidad.

Entonces, la admisión de cada petición no es de mero trámite ni se limita a la simple verificación de requisitos formales. Al contrario, supone una decisión fundamentada en elementos fácticos y en abundante jurisprudencia internacional.

Naturalmente, el Estado boliviano presentó sus argumentos. De hecho, en el Informe de Admisibilidad 6/18 es posible recordar la “historia oficial” del caso terrorismo: un grupo irregular terrorista armado que pretendía asesinar a altas autoridades nacionales y dividir el territorio nacional, organización que inició sus operaciones con el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, hecho que hasta el día de hoy sigue irresuelto.

Se argumentó que el Estado actuó en estricto apego a la ley, con jueces y fiscales idóneos e independientes, se negaron las visitas irregulares de fiscales y policías a los detenidos y las inadmisibles presiones ejercidas para que se declaren culpables de delitos que no cometieron.

En síntesis, el Estado pretendió que los miembros de la CIDH tengan el mismo nivel de razonamiento de la militancia masista que memoriza y repite libretos armados en oficinas gubernamentales, tal como actualmente ocurre con el relato sobre la crisis de 2019. Y el Estado gobernado por el MAS fracasó en el intento de imponer su historia.

La CIDH, en el ámbito de la solución pacífica de las controversias, ha emitido cuatro recomendaciones al Estado: a) una reparación integral con compensación económica a los afectados; b) la rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes; c) abrir una investigación penal contra los autores del hecho y los que violaron los derechos de las víctimas y d) que el Estado adopte medidas para que no se repitan estas actuaciones.

La acción de la Procuraduría General del Estado no pudo ser más displicente; convocó a una reunión virtual a las víctimas a escasas horas de que venza el plazo señalado por la CIDH y, so pretexto de confidencialidad, suspendió el encuentro sin fecha definida.

¿Cuál es el siguiente paso? Es altamente posible que la CIDH decida poner el caso Tadic y otros contra Bolivia bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, un juicio contra el Estado por graves vulneraciones a los derechos humanos. A diferencia del siglo pasado, no existe mi existirá versión oficial que prevalezca sobre la verdad histórica de los hechos. Tarde o temprano se hará justicia.