Las judiciales: crónica de una muerte anunciada
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El tribunal constitucional ha dado el tiro de gracia a las elecciones judiciales. En 5 departamentos ha declarado desierta (aunque parcialmente) la preselección que hizo la Asamblea Legislativa y puede terminar echando por la borda todo el proceso. Los tiempos juegan a favor del gobierno y sus aliados los autoprorrogados, que fueron dejados para ejecutar el plan estratégico de Luis Arce y, en algunos temas, también del evismo.
La Constitución establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y exclusiva del proceso electoral. Sin embargo, las comisiones mixtas, conformada por arcista, evistas y parte de la oposición, son las encargadas de hacer el trabajo operativo y selectivo. Y el trabajo realizado no solo que no ha sido prolijo ni transparente en la verificación de requisitos comunes y específicos y recepción de las pruebas de las y los postulantes, sino que han terminado distorsionando y, en algunos casos, prácticamente eliminando la meritocracia. Las comisiones deben “realizar la evaluación y calificación de los méritos profesionales de las y los postulantes…” En realidad, estas comisiones se han encargado de “blanquear” candidatos y, en muchos casos, preseleccionaron a los aplazados y eliminaron a los que tenían mejores perfiles meritocráticos.
La alta politización de la preselección en los tres procesos ha afectado no sólo a la institucionalidad, legitimidad y credibilidad del sistema judicial y a los elegidos sino también a la independencia e imparcialidad del órgano judicial. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas garantías son un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no recurrir a los tribunales.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura, establecen que las juezas y los jueces deben ser “personas íntegras e idóneas” y tener “la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, y que los procesos de selección deben estar orientados a la verificación de estas calidades.
Lo evidente es que todo proceso de designación debe responder a criterios de transparencia, idoneidad y méritos profesionales de las y los candidatos para garantizar que a las Altas Cortes lleguen los mejores profesionales. Tal como sostiene la Fundación para el Debido Proceso y la Fundación Construir, los procesos de nombramientos de juezas y jueces son una pieza clave para lograr la independencia judicial: de su calidad depende que los designados reúnan las condiciones que les permitan resistir injerencias indebidas y fallar imparcialmente (Luis Pásara: Elecciones judiciales en Bolivia: Una experiencia inédita, 2014, disponible en www.dplf.org). Estos procesos cobran especial relevancia en el caso de las principales autoridades judiciales, en razón de las importantes facultades jurisdiccionales y administrativas que tienen en el sistema de justicia.
La normativa internacional exige que las juezas y los jueces deben tener “la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas”, y que los procesos de selección deben estar orientados a la verificación de estas calidades. En el actual modelo judicial boliviano además se vota, pero no se elige y aunque se rechace a los candidatos en las urnas, igual terminan posesionados ¡vaya forma de elegir! También los mentores de este modelo aseguraban que el voto popular tenía que resolver todos los problemas existentes; sin embargo, se han realizado dos procesos eleccionarios (2011-2017), y lejos de liquidar los problemas estructurales, se ha profundizado la crisis y el sistema judicial se encuentra prácticamente colapsado, y en medio de un descrédito total
Las elecciones judiciales (16 de octubre de 2011, 5 de diciembre de 2017 y actual preselección fallida), han erosionado las garantías básicas de independencia, imparcialidad, meritocracia, libertad de expresión, y el derecho al voto informado, que exige el Estado Constitucional de Derecho y los estándares interamericanos y, por tanto, son inconstitucionales e inconvencionales.
