29 de mayo de 2023, 4:00 AM
29 de mayo de 2023, 4:00 AM

Ha causado conmoción la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Alberto Colodro López, tanto por las violentas características del hecho como por la relevancia que este ciudadano adquirió en sus últimas semanas de vida al hacerse cargo de la intervención de la entidad financiera, desafío que implicaba la investigación de delitos económicos, la adjudicación de la cartera de Fassil a otros bancos, la devolución de dineros a los ahorristas y el pago de salarios y beneficios sociales a los extrabajadores de la empresa.

Lamentablemente, la muerte de Colodro desató una serie de especulaciones que hallaron resonante eco en las redes sociales, esa peligrosa zona en la que no existe espacio para el respeto a la dignidad de la persona ni al dolor ajeno. Sólo así se puede explicar que varios medios y personas particulares hayan publicado la imagen del cuerpo del infortunado, multiplicando el dolor y la tragedia que aqueja a una familia que merece respeto y solidaridad.

Era de esperar que este hecho sea esclarecido con transparencia, idoneidad y prontitud. Pero no, no se podía pedir tanto. El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, reveló la existencia de un manuscrito que, supuestamente, era una carta póstuma. La autoridad afirmó que la misiva debía ser sometida a una serie de estudios para determinar su autenticidad; pero antes que ello ocurra, policías que participan en la investigación filtraron el documento a varios periodistas, rompieron la custodia de la evidencia y ahora la carta es de dominio público.

Hoy, más que nunca, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Gobierno tienen la obligación de esclarecer este hecho sin dejar espacio a duda alguna. Sólo en Bolivia una supuesta prueba tan importante llega a las redes sociales antes que a la propia familia. Vergonzoso e inadmisible.

Hasta donde se conoce, Colodro cumplió con los objetivos de la intervención que llevaba adelante, sin observación ni queja que ponga en duda la idoneidad de su trabajo. Resolvió las tareas más urgentes y venían las más importantes: investigar todas las operaciones financieras señaladas como sospechosas; iniciar acciones legales contra quienes incurrieron en delitos, recuperar el patrimonio de Fassil y trabajar hasta que la licencia otorgada por la ASFI sea definitivamente anulada, tal como oportunamente explicó el mismo Colodro.

Queda claro que a la brevedad posible la ASFI debe designar a un nuevo interventor o interventora que trabaje con todo el respaldo técnico y político necesario para cerrar este oscuro capítulo de la historia del sistema financiero que mostró grietas y debilidades que se creían cerradas, superadas o inexistentes.

Es tiempo de que las autoridades trabajen con seriedad. El caso Fassil ha estado rodeado de muchas conjeturas a las que se han sumado filtraciones de documentos de la Unidad de Investigaciones Financieras que fueron indecorosamente utilizadas por algunos personajes públicos para lanzar amenazas e incluso alimentar la tramoya del golpe de Estado.

Erróneamente, algunos voceros gubernamentales han pretendido encontrar en este caso un hilo conductor para atacar nuevamente a algunas instituciones cruceñas o al sector empresarial, cuando es de sobra conocido que las responsabilidades son personales y directas. No es el modelo productivo cruceño el que está en entredicho sino la economía boliviana en su conjunto, esa economía que se desangra por la corrupción y el contrabando de bienes subvencionados, que no se recupera de la iliquidez pasajera que ya lleva un par de meses o que se queda sin diésel para tractores, camiones que transportan carga o buses del transporte público.

En síntesis, es tiempo de pensar en Bolivia más que en el poder pasajero. Ésas son lecciones que nos llegan día a día, pero que nos negamos a aprender.

Tags