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Una niña de 11 años fue abusada sexualmente por su abuelastro de 61 años en Yapacaní; producto del ultraje, la niña quedó embarazada. La familia y la pequeña misma decidieron continuar con la gestación y rechazaron la posibilidad de una interrupción asistida del embarazo. A esa decisión sumó su opinión la Iglesia católica, que ofreció ayuda en un centro de madres adolescentes donde quiere darle hospitalidad gratuita.

El drama humano que no debiera merecer mayor debate para tomar una decisión, está siendo multiplicado en contra de la propia víctima desde organizaciones religiosas y lamentablemente por la injerencia de la Iglesia católica, que ajena al dolor de la niña prefiere hacer prevalecer sus dogmas, como en este caso.

Se sabe que inicialmente la niña manifestó su rechazo a ser mamá. También la madre de la menor pidió que se le practique un aborto. Las leyes bolivianas permiten que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de orden judicial, gracias a una sentencia constitucional del año 2014. En cumplimiento de esa voluntad, y como parte de un proceso médico de interrupción de embarazo, una junta médica le dio a la niña una primera dosis de medicamento destinado a la interrupción del embarazo.

Sin embargo, de manera inoportuna surgió una organización católica que hizo desistir de esa voluntad a la niña de 11 años y a la madre, y dejó sin efecto un proceso que ya estaba en marcha.

En otras palabras, existió una presión directa de parte de esa organización de la Iglesia católica y más tarde otros voceros eclesiásticos hicieron declaraciones públicas condenando la interrupción del embarazo y ofreciendo un albergue gratuito para la niña, como si ese fuera el problema

¿Qué tiene que decir la Iglesia católica en un asunto cargado de drama humano donde lo único que debiera hacerse es cumplir las leyes bolivianas e internacionales que protegen a la niñez, en este caso a una niña ultrajada a sus 11 años de edad? ¿Valen más sus doctrinas, algunas anacrónicas, que el derecho de una niña a ser niña y no ser obligada a ser madre cuando ni su edad, ni su desarrollo sicológico, ni sus condiciones económicas, ni su inmadurez le permiten asumir un rol para el que no está preparada y está reservado para cuando sea una mujer mínimamente siete u ocho años después?

¿Ha pensado alguien que el derecho de esa niña a recibir a una educación, a disfrutar de sus años de niñez como niña y no como madre están siendo vulnerados con las presiones para obligarla a continuar con un embarazo producto de un abominable ultraje sexual que le dejará un daño sicológico y que probablemente le acompañará por el resto de su vida?

La niña ni siquiera tenía conocimiento de qué significa estar embarazada. Días antes de que una tía presentara la denuncia, la pequeña le comentó a una prima, mientras jugaba con ella, que algo se movía en su vientre. Así se supo después que estaba embarazada.

Que prevalezca el cumplimiento de la ley, que se privilegie el derecho de la niña a su propia existencia; que se vele por sus derechos: ella ya fue víctima de un atroz delito, cuando menos que se le garantice la vigencia de sus derechos; que la Iglesia católica se mantenga al margen de un tema delicado, que no presione sicológica ni moral ni religiosamente a la niña y la familia. Que se permita a la niña ser niña. Las niñas no son madres.



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