Bolivia perdió más de 1.000 millones de dólares en sucesivas derrotas ante tribunales internacionales de arbitraje. No hubo nacionalización que no haya tenido su repercusión económica para el país; pero no solo eso, donde más perdimos fue en credibilidad y confianza, debido a la inseguridad jurídica para invertir.

El informe corresponde a la Procuraduría General del Estado, a solicitud de la bancada de Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Han sido 13 procesos perdidos. El último es el que tiene que ver con la empresa Glencore Finance, a la que hay que pagar 253,5 dólares por la nacionalización de la mina Colquiri y el Complejo Metalúrgico de Vinto.

El Gobierno de Evo Morales dijo a los bolivianos que había nacionalizado las empresas, pero en realidad las expropió y tuvo que pagar compensaciones económicas millonarias por ello. Las cifras no se notaban cuando las arcas estaban llenas, pero ahora que es tiempo de vacas flacas, cada centavo que sale se siente.

Los montos adeudados son muy elevados, pero quizás el costo más alto tiene que ver con la falta de credibilidad del Estado boliviano para atraer inversiones extranjeras. El último año han sido más los capitales que se fueron de Bolivia que los que llegaron. Cuando se habla de inversión extranjera directa las cifras son negativas. La afectación es evidente cuando hacen falta capitales para exploración de hidrocarburos o para minería, litio, etc.

Cuando se produjo la ‘nacionalización’, las empresas extranjeras que se quedaron lo hicieron para la explotación de gas, pero no llegaron nuevas inversiones para exploración, al menos no en los volúmenes que llegaban en la década de los noventa, cuando se incrementaban las reservas probadas del carburante.

Ahora hay extranjeros que explotan oro, pero lo hacen de manera ilegal en el norte de La Paz. Entretanto, crece la informalidad en el empleo y se pierden las opciones de acceder a trabajos de calidad en el sector privado, situación que podría ser diferente si hubiera mayor inversión, más industrias y mejores condiciones.

A manera de justificar las sucesivas derrotas en los tribunales internacionales, desde el Gobierno se insistía en que las empresas que invierten en Bolivia deben respetar las leyes bolivianas. Y eso está bien, en general, pero se olvidaron de mencionar que hay normativa de aplicación internacional que prevé arbitrajes para dirimir conflictos en los negocios y para garantizar que quienes invierten no van a perder su dinero por decisiones arbitrarias de un Gobierno. Hizo mal el poder boliviano al creer que con desconocer los fallos y los tribunales se acabaría el problema, ya que de todas maneras habrá que pagar.

Si bien esto ha venido pasando por años, el problema es que la inseguridad jurídica nacional continúa. Ya sea porque está amenazada por grupos sociales como los que quemaron los domos de Uyuni o porque el Estado cambia las reglas del juego con mucha facilidad, expropia y comete otro tipo de abusos contra las compañías que confían en Bolivia. El último caso es el de la aerolínea Amaszonas, ahora impedida de volar y con autoridades que ni siquiera han sido capaces de cumplir un fallo de la justicia boliviana.

Así Bolivia termina siendo una isla en la región. Mientras hay inversión extranjera y confianza en países vecinos, en éste se sigue saboteando al sector privado; se mantienen los anuncios de empresas estatales para competir con las privadas y se sigue actuando bajo la lógica de: “Le meto nomás, después los abogados arreglan”. Como se ve, no es tan fácil corregir, no por nada hubo cambio de procurador del Estado.