23 de agosto de 2021, 5:00 AM
23 de agosto de 2021, 5:00 AM


Ingresar, asentarse y después legalizar. Los pasos de una vieja y conocida estrategia que, a pesar del tiempo, sigue siendo efectiva. Así como en Guarayos, luego en Choré y actualmente en el Bajo Paraguá, la corriente baja hacia un destino que parece inevitable. Reservas vitales para Santa Cruz y Bolivia que están siendo azotadas por la mano del hombre. Quienes sufren las consecuencias directas han sido objeto de la indiferencia por parte de las autoridades que no hacen cumplir la ley.

Según reza la Constitución Política del Estado, “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”. Una ironía, donde la tierra de todos es tierra de nadie y más concretamente tierra donde nadie puede entrar sin “un permiso”.

El ex alcalde de San Juan de Yapacaní Katsumi Bani fue uno de los que sufrió de cerca esta realidad que hoy late en carne viva, donde todos terminamos pagando un alto precio. “Una mafia que busca y rebusca la parte jurídica para legalizar”.

De 1,5 millones de hectáreas, Choré perdió más de 200.000 por un decreto de desafectación emitido hace más de dos décadas y a pesar del tiempo hoy luego de firmarse otro proceso de desafectación, se perderían más 150.000 hectáreas de la reserva forestal, haciendo un total desde entonces de casi 400.000 hectáreas. Pero el movimiento para desafectar la reserva forestal tiene piezas pequeñas, medianas y grandes. En Guarayos, por ejemplo, denuncian a campesinos, interculturales y empresarios que se disputan partes de territorio. Tierra es identidad, cultura, soberanía y también negocio. La indefensión sobrepasa los límites, mientras todo se quema.

Si bien las reservas forestales tienen otra vocación, la titulación rinde tributos políticos.

Pero con más parsimonia que cautela y mientras la sequía, los vientos, las altas temperaturas dan insumos al fuego que sigue tragando flora y fauna, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sostiene que se debe hacer un cruce de información entre denuncias y su base de datos por medio del catastro digital.

La explosiva mezcla de impunidad con el tráfico de tierras y el narcotráfico que planta bandera en las áreas protegidas puede activarse en cualquier momento y ocasionar un combo de problemas inmanejables y desbordantes.

Hoy los chiquitanos que habitan el Bajo Paraguá, declarada Reserva Forestal, Área Protegida municipal y Tierra Fiscal no Disponible, esperan el desalojo de los invasores. Algunos, con menos esperanzas recuerdan que, a principios de julio, se esparcieron llantas con el supuesto objetivo de incendiar en la zona. Más tarde, a pedido de las comunidades indígenas, fueron recogidas para evitar la tragedia, pero también advirtieron que el INRA y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) serían los responsables por incumplimiento de la ley.

En estos momentos el humo nos intoxica y dificulta la visual de la deforestación y la quema que sigue avanzando. Un reporte indica que al menos 150 hectáreas de esta área ha sido desforestada. Heridas que se abren y se transforman en hemorragia imparable. Mientras tanto, todo se quema.

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