Ley de escaños en base a un censo dudoso

A pesar de las observaciones a los resultados del Censo de Población y Vivienda, que reflejaron cifras inferiores a las proyectadas por el Instituto Nacional de Estadística, los datos comienzan a aplicarse, tanto en la distribución de escaños parlamentarios como en la de recursos de coparticipación para municipios y universidades.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) envió ayer el anteproyecto de ley de distribución de escaños parlamentarios a la Asamblea Legislativa Nacional, sobre la base de los datos del Censo, que ha proporcionado el INE. La información no goza de credibilidad en varios departamentos, que pidieron una auditoría. Sin embargo, la entidad encargada de las estadísticas nacionales ha dado por cerrado el asunto, después de una reunión a la que faltaron varios actores fundamentales.

La polémica radica en que, según los datos del Censo, hay un millón de bolivianos menos de los que el INE había proyectado; mientras que en Santa Cruz hay casi medio millón por debajo de las estimaciones.

El departamento de Santa Cruz es el de mayor crecimiento del país; sin embargo, apenas gana un escaño plurinacional y eso lo pone a la par del segundo departamento más habitado, que es La Paz, lo que genera más de una duda en entidades de la sociedad civil y de la clase política.

Según las cifras proyectadas por el Órgano Electoral, los escaños se deben distribuir de la siguiente manera: 29 para La Paz; 29 para Santa Cruz; 19 para Cochabamba; 13 para Potosí; 9 para Chuquisaca, Tarija y Oruro; 8 para Beni y 5 para Pando.

La propuesta oficial ya genera rechazo, especialmente en los dos departamentos que van a tener modificaciones. Santa Cruz porque sus autoridades creen que no se le da lo que realmente debe tener, en base al crecimiento poblacional. En Chuquisaca porque no se quiere perder la representación que se tenía.

Entre el momento en que se dio a conocer el resultado del Censo y este día en que se presenta el anteproyecto de ley de distribución de escaños, hubo un lapso en el que se pudo escuchar las observaciones, pero el INE hizo un llamado y planteó una revisión exprés que más parecía un acto por cumplir que una verdadera intención de resolver las objeciones. Tras una reunión fugaz, el director de esta entidad dijo que todos estaban de acuerdo y cerró el debate.

Pero el debate no está cerrado. Hay observaciones de fondo y es un tema que se arrastra y que puede generar complicaciones hacia adelante en el proceso electoral. Santa Cruz no está conforme con los resultados y no los ha avalado en ningún momento. El INE no puede avanzar sin este departamento, el más poblado del país.

Uno de los problemas principales es que el INE no goza de credibilidad, debido a que su director no ha logrado ganar el respeto y la confianza que debería tener alguien con esa investidura.

Insistir en la redistribución de escaños y de recursos económicos sobre la base de unas cifras dudosas es un despropósito que solo acarreará mayor conflictividad. Lo peor es que aplicar los datos del censo como está agravará las injusticias que ya se ven a diario en los servicios de salud, de educación y de otras prestaciones sociales, porque los recursos económicos no se van a entregar de manera justa, sino con fines políticos.

Viene un tiempo electoral y está claro que el presidente y el MAS no quieren levantar olas que ahuyenten votos. Lamentablemente, ese criterio político desde el Gobierno dejará heridas regionales, puede enfrentar a los bolivianos y perpetuará la carencia actual en el país.