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El debate sobre el contenido del proyecto de ley de Carrera de Generales y Ascenso de la Policía Boliviana está congelado. La primera razón es formal porque la Asamblea Legislativa ingresó en el receso parlamentario, dos días después que la iniciativa legal fuera aprobada en la Cámara de Diputados. La segunda, que no se menciona, es porque existe un factor político en las pugnas internas en el MAS.

El primer campanazo lo hizo sentir el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. En criterio del exhombre fuerte del Gobierno del MAS, el proyecto de ley para Carrera de Generales y Ascensos de la Policía Boliviana “es un premio que ni siquiera la dictadura de García Meza había concedido”.

La crítica de Quintana, que permaneció refugiado en la embajada de México en Bolivia entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, fue tomada con pinzas en el Legislativo, pero ganó adhesiones que se expresaron durante el fin de semana, especialmente en sectores más cercanos a Evo Morales.

“¿Por qué están socapando y después dando un premio a esos policías? No se puede entender. No quisiéramos que desde el Gobierno nos mareen la perdiz. No se puede confiar al 100% en los policías, porque son los autores de la crisis económica del país, de dar un golpe de Estado. ¿Qué se puede esperar con el ascenso a generales? Nos van a terminar estos cuando sean generales. Eso debe estar pensando bien la Asamblea Legislativa”, declaró a radio Kawsachun Coca el dirigente del MAS Ricardo Zurita, concejal del municipio de Puerto Villarroel en el trópico de Cochabamba, el bastión político de Evo.

El debate sobre el papel que jugó la Policía en la crisis de octubre de 2019 también se instaló en las redes sociales. “La institución verde olivo, como le suelen decir, tiene una deuda histórica con el país. Me pregunto: ¿Qué harán para remediar esa su pésima reputación?”, cuestionó Leyla Medinaceli, la exviceministra de Comunicación en su cuenta Twitter.

También, desde las redes sociales, el exministro de Gobierno Carlos Romero cuestionó ayer “el papel político que jugó la Policía” y reveló que hubo un momento en el que el mando policial dejó de obedecer a las autoridades civiles. “Tienen que explicar a quién respondían cuando ejecutaron arrestos a dirigentes políticos del MAS y autoridades electorales, incluso el excomandante Yuri Calderón pidió detener a Evo Morales. El fiscal general Juan Lanchipa tiene que informar sobre estos temas”, afirmó Romero, siguiendo la crítica que había expresado su excolega de gabinete.

Solitos nos estamos pasando al degüello, solitos, y no hay un solo policía detenido por el golpe de Estado, no hay policías detenidos por haber sembrado procesos penales contra nosotros, no hay policías detenidos por la masacre en Senkata y Sacaba”, cuestionó Quintana el viernes en la presentación virtual de su libro “Bolivia y las implicaciones geopolíticas del golpe de Estado” propiciado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

El comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, defendió el proyecto de ley “porque permitirá generar certidumbre en la carrera policial” y destacó la posibilidad que los suboficiales y el personal operativo sea tomado en cuenta “como un consejo asesor en la toma de decisiones”.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que la postura de Quintana era “personal y que no reflejaba la opinión del Gobierno”. El diputado Renán Cabezas (MAS) señaló ayer que la polémica norma fue una iniciativa que se coordinó con el Ejecutivo y aseguró que “no toda la Policía puede ser afectada” por la crisis de 2019, cuando efectivos de la fuerza del orden se amotinaron un día antes del informe preliminar que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre “la manipulación dolosa” de los resultados de las elecciones de 2018 y que daban a Morales como vencedor.

Cabezas reconoció que al interior de la Policía hay tensiones y la pugna de poder. “Ellos son camaradas hasta que son capitanes; luego existe división y peleas internas para poder ascender”, afirmó.

“Lo que hace el MAS, pero más propiamente el Gobierno, es acercarse para negociar con la Policía como lo haría con una organización social. La Policía, más allá de ese halo de institucionalidad que intenta dar, veo que la Policía en el fondo es un grupo corporativo muy fuerte”, señaló el doctor en Ciencias Políticas Marcelo Arequipa, luego de recordar que en 2019 los uniformados estaban pidiendo la jubilación al 100% y retomar el control del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Además, el politólogo considera que Quintana “está buscando un posicionamiento político y personal al interior del MAS en un área que domina” y que su opinión no expresa una tendencia orgánica al interior del partido que en agosto se reunirá en un congreso.

Ericka Rivera, magister en Seguridad, Defensa y Desarrollo, recordó que Quintana escribió en 2012 el libro “Policía y Democracia en Bolivia, una política institucional pendiente” en el que destacó que esta institución “fue convertida en un instrumento dócil bajo García Meza, pero reconoce implícitamente que no tuvo un rol realmente privilegiado, sino uno instrumental”.

“La mayoría de los proyectos modernizadores concernientes a la Policía Boliviana han tenido hasta hoy ese carácter superficial, que habitualmente modifica muy parcialmente el escalafón jerárquico”, puntualizó la especialista.

Con 38 artículos y cuatro disposiciones transitorias, la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles de la semana pasada el proyecto de ley de Carrera de Generales y Ascenso de la Policía Boliviana. El proyecto crea tres rangos de generales y desplaza a los coroneles de los comandos departamentales.

Pero el debate en la Asamblea Legislativa no se centró en los generales, sino en el artículo 11 del proyecto que, en un primer momento, incorporó como cabeza de la línea jerárquica al ministro de Gobierno. Por encima del comandante general.

De hecho, los oficiales en retiro se movilizaron con protestas que llegaron hasta la Plaza Murillo para rechazar ese texto. Al final, la propuesta que pasó al Senado fue ajustada. El artículo 11, aprobado con modificaciones, señala que, “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el Artículo 252 de la Constitución Política del Estado”, tal como está en la todavía vigente ley orgánica de la institución.

“Si aparece, tras el receso parlamentario, una postergación absoluta de esta norma, eso puede representar una debilidad muy evidente del gobierno de Luis Arce, porque ya se postergaron medidas importantes, como el impuesto a los servicios digitales y la reforma a la justicia”, puntualizó Arequipa, quien considera que el Gobierno está más concentrado en controlar la pandemia.

El Senado tiene previsto retomar el debate el próximo mes.

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