Opinión

¿Ley para garantizar la CPE?

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18 de diciembre de 2019, 3:00 AM
18 de diciembre de 2019, 3:00 AM

Carlos Pol Limpias

Los legisladores del MAS, con una dialéctica paupérrima e incongruente están gestionando el régimen (rodillo) que aún controla la Asamblea Legislativa, a fin de sancionar la rocambolesca Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales. 

¿Una Ley para garantizar la Constitución? A tal interrogante, es oportuno recordar que, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra norma (art. 410, CPE). Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección (art. 109, CPE). Además, nuestra Constitución, es la norma supralegal. La manifestación pura del ejercicio soberano, la hija predilecta del Poder Constituyente (Pueblo). Por ello, no necesita de una ley común para garantizar su vigencia.

Esta ley no solo es ociosa e inconstitucional, sino que está siendo defendida a capa y espada por los del MAS (como si fuera un derecho humano), capricho político, que solo busca dejar sin impunidad los exmandatarios de Estado por la reprochabilidad penal del concurso de crímenes cometidos (muchos de lesa humanidad) que generaron vandalismo, zozobra y terror en nuestra amada Patria. ¡Un borrón y cuenta nueva!

Es oportuno aclarar que la vasta normativa y jurisprudencia soslayada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (vinculante en Bolivia) ha declarado muchas veces, la inadmisibilidad de leyes que otorguen amnistía. Esto por impedir investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad). 

Asimismo, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad (art 112, CPE). No obstante, lo más pintoresco es que quienes, defienden a capa y espada esta ley ociosa son quienes tienen el mandato popular de garantizarnos la plena vigencia del Estado Constitucional de derecho democrático.



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