Leyes alimentan el fuego en Bolivia
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Bolivia enfrenta una crisis ambiental de magnitudes alarmantes. Con 3,8 millones de hectáreas afectadas por incendios en lo que va del año, la devastación de los bosques es evidente y sus consecuencias son profundas. Sin embargo, más allá del impacto natural, la raíz del problema se encuentra en la vigencia de una serie de leyes y decretos que, en lugar de proteger el medioambiente, favorecen la expansión de la frontera agrícola a costa de la Amazonía y otras regiones vitales. Activistas y biólogos han señalado al menos una decena de normas como responsables directas de esta tragedia, y exigen su abrogación inmediata.
Los incendios son el resultado de políticas gubernamentales que priorizan el crecimiento económico a expensas del patrimonio natural. Siete de estas leyes fueron aprobadas durante el mandato de Evo Morales (2006-2019) con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, particularmente en el oriente del país. Sin embargo, lejos de fomentar una producción sostenible, estas normativas han incentivado la quema y la degradación de los bosques.
Entre las leyes más cuestionadas se encuentra el Plan de Uso de Suelos (PLUS) de Beni, que afecta directamente a la Amazonia, los territorios indígenas y áreas arqueológicas. Esta normativa, que busca el desarrollo agroindustrial, ha sido calificada como una sentencia de muerte para los ecosistemas locales. Además, el Decreto Supremo 3874, que facilita la producción de biocombustibles a partir de soya, ha encendido las alarmas por su impacto sobre la biodiversidad y los suelos.
Hasta el momento se tiene reporte de 1,5 millones de hectáreas afectadas por el fuego en áreas boscosas y 2,3 millones en pastizales, para un total de 3,8 millones de hectáreas a nivel nacional. Los focos de calor persisten en el norte de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando, y la situación se agrava por la extrema sequía que azota al país. A pesar de este panorama devastador, las políticas que favorecen la deforestación y la quema de tierras, continúan vigentes.
Una de las más polémicas es la Ley 337, que ofrece un ‘perdonazo’ a los propietarios de tierras que desmontaron sin autorización entre 1996 y 2017. Esta medida, junto con otras como la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas, ha contribuido significativamente a la expansión de incendios descontrolados. Los efectos son palpables: mientras el desmonte autorizado ha alcanzado 460.000 hectáreas desde 2015, solo 40.800 hectáreas han sido utilizadas para la producción de alimentos, lo que plantea serios interrogantes sobre el verdadero destino de la tierra.
Las leyes incendiarias no solo fomentan la destrucción del medioambiente, sino que también vulneran la Constitución y diversas normativas de protección ambiental, como la Ley de la Madre Tierra. Los biólogos advierten que si estos incendios no se detienen, Bolivia podría perder una parte crucial de su Amazonia para 2030.
La crisis actual no es solo una cuestión de leyes mal diseñadas o implementadas. Refleja un modelo de desarrollo extractivista que sacrifica los recursos naturales en favor de intereses económicos de corto plazo. La urgencia del momento exige que el Gobierno y la sociedad en su conjunto tomen decisiones que prioricen la protección del medio ambiente. Sin un cambio drástico, el futuro de Bolivia está en llamas.
