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En una interpelación ante la Asamblea Legislativa en la que el ministro de Justicia, Iván Lima, comenzó apuntando a la Policía, la Fiscalía y la justicia como quienes llevaron a Jeanine Áñez a la cárcel, terminó con una sentencia: que el gobierno de transición fue dictatorial y a Áñez no se la puede llamar presidenta.

La interpelación se desarrolló en un tenso ambiente, estuvo plagada de discusiones y hasta insultos entre los diputados y senadores del oficialismo y la oposición.

“El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado, ha habido sesiones sin quórum que han determinado que una persona, expropiando el derecho del voto, expropiando el derecho de las asambleístas, se autoinviste como presidenta. Por eso fue una gobernante de facto, fue parte de un golpe de Estado. Esa persona (Jeanine Áñez) no merece ser llamada presidenta del país”, afirmó Lima.

Minutos antes, había respondido que el Gobierno no tuvo nada que ver con el encarcelamiento de Áñez. Señaló que la exdiputada del MAS, Lidia Paty, fue la denunciante, pero operadores de justicia fueron los que decidieron llevarla a la detención preventiva por seis meses, como medida cautelar.

LIma destacó que en todo momento se preservó su derecho a la defensa, que se atendió su salud, que no se la mantuvo incomunicada y recibió las visitas que quiso. Sin embargo, la familia de la expresidenta reportó todo lo contrario y el empresario y jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, no la pudo visitar porque los policías se lo impidieron.

El diputado opositor Erwin Bazán, lamentó que el ministro Lima fuera “absolutamente incapaz de sostener con argumentos jurídicos y técnicos las detenciones ilegales, las violaciones al debido proceso y la persecución política en Bolivia”.

“No hubo fraude”

Al grito de “fraude, fraude, fraude” que lanzaban los opositores, los masistas respondían “golpe, golpe, golpe”. Así, en medio del griterío, el ministro de Justicia, Iván Lima, avivó la rivalidad política entre el MAS y los opositores cuando planteó abiertamente que los opositores no tienen sustento jurídico y constitucional para probar que hubo fraude en los comicios de 2019.

El ministro basó sus afirmaciones en dos hechos: el comunicado del Tribunal Constitucional del 12 de noviembre de 2019 y los artículos 168 y 169 de la Constitución Política del Estado, para afirmar que en Bolivia se produjo un rompimiento del estado de derecho. Lima dijo a los legisladores que tenía una explicación sobre los sucesos de octubre y noviembre de 2019.

“Ustedes dicen que ha habido fraude, bien, presenten su caso, presenten sus pruebas. Nosotros creemos que ha existido un golpe y esta afirmación la sostengo con argumentos jurídico constitucionales”, dijo el ministro en su intervención ante la Asamblea.

La agrupación Creemos señaló que el ministro Lima se convirtió en el abogado del fraude electoral de Evo Morales y en el sepulturero de la justicia.

El diputado Bazán manifestó que “echó por tierra cualquier esperanza que podíamos tener para una reforma del sistema judicial boliviano, y él lo prometió, ni a él ni al MAS les interesa hacerlo”.

Además, acusó a Lima como cabeza del “operativo judicial para que el MAS pueda instalar la narrativa del golpe de Estado, con el objetivo de borrar el fraude descomunal que cometió el partido de Evo Morales en 2019”.

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