3 de marzo de 2023, 4:00 AM
3 de marzo de 2023, 4:00 AM


El carácter absolutista del régimen masista ha influido en los hombre y mujeres que detentan algún cargo en el Poder Judicial que ha “aflojado” el temple y el carácter de muchos jueces y fiscales que han actuado, a partir de enero de 2006, fuera de los márgenes de las leyes bolivianas.

Los cruceños, pandinos, beniano, sucrenses y tarijeños, saben que si son citados por algún fiscal o juez de La Paz no volverán libres. Y es muy simple, los jueces y especialmente los fiscales del Distrito de La Paz han actuado, desde hace 17 años, parcializadamente, ya que en vez de seguir los mandatos sagrados de los procedimientos y artículos que emanan de las leyes y reglamentos vigentes, los magistrados paceños siguen fiel y obsecuentemente los mandatos del Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Gobierno, o hasta de algún subalterno del Poder Ejecutivo.

Se podría entender, si es que los fiscales y jueces que radican en el distrito de La Paz fueran una isla independiente del Poder Judicial. No, ellos no están fuera, no actúan fuera del esquema orgánico del Poder Judicial.

Los jueces y fiscales paceños son parte de una estructura nacional que tiene un mandato de las leyes bolivianas, las mismas que definen una estructura jerárquica y sin bien en la administración de justicia los jueces y fiscales paceños tienen independencia, pero una falla, un error, o el abuso de poder al que han sometido al resto del país, por el encargo del MAS, hace que los magistrados paceños hayan dañado la estructura misma del Poder Judicial.

Los magistrados paceños han violado infinitamente los procedimientos penales, civiles y administrativos, y como estos abusos sí dejan huella, sí dejan papeles y sí dejan un mal recuerdo a la población, van a ser, tarde o temprano, juzgados y condenados.

El Estado boliviano está en crisis. La justicia está en crisis. Los tentáculos absolutistas del régimen al querer tomar el poder total del Estado han intentado desde el primer día de su Gobierno descabezar con el Poder Judicial. Ha violentado al Tribunal Constitucional, ha violentado al Tribunal Supremo de Justicia.

Debido a esto, es que probablemente el Consejo de la Judicatura ha callado sus voces y en vez de enjuiciar por prevaricato, por incompetencia, por irreverencia y por abuso de autoridad a muchos jueces y fiscales paceños, parece que están de vacaciones permanentes.

No puede ser que el fiscal general de la República, no hubiese suspendido a los diferentes fiscales como el tristemente recordado Marcelo Soza, del caso terrorismo (que no hubo), y al fiscal que lleva el caso Golpe 1, Carmelo Laura, promovido por una exsenadora. Estos magistrados se asemejan mucho porque han abusado, han mandado apresar, han difamado y calumniado, han violado derechos humanos de muchas familias y, en fin, en todo este periodo han violado permanentemente la ley y en Sucre – sede del Poder Judicial – nadie dice nada. Ni una amonestación, ni una llamada de atención. Nada.

Lo más grave de todo, es que el Poder Judicial de Sucre, jefe de todos los fiscales y jueces del país, no hace nada. ¿Cómo puede ser que se haya permitido el abuso de secuestrar el expediente del caso de Leopoldo Fernández de un juzgado de Pando?

El Poder Judicial, antes de sentarse en una misma mesa con el Poder Ejecutivo, debe arreglar sus cuentas. El Ejecutivo ha violado al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ha puesto y sigue poniendo en riesgo la estabilidad jurídica del país. Si estas son dos pruebas contundentes, ¿Por qué el Poder Judicial no hace nada? ¿Por qué el Poder Judicial no exige el cumplimiento de las leyes al Poder Ejecutivo? Y finalmente ¿Por qué el Poder Judicial no enjuicia a todos estos jueces y fiscales paceños obsecuentes al MAS, si son ellos los que están violando las leyes?

Los ciudadanos debemos exigir que, en el caso de la aplicación de la justicia, no debe existir la injerencia política, ni por pegas ni por congraciarse con los que detentan el poder. No, la justicia es mucho más que las personas, la justicia es lo que todos hemos reclamado desde el inicio del Gobierno de Evo Morales, para los hombres y mujeres, para blancos y negros, para los altos y los bajos, para todos.

El Poder Judicial en Bolivia debe pasar por una limpieza profunda, debe resurgir la ética y el poder absoluto del mandato de la Ley y de la Constitución Política del Estado.

Los bolivianos necesitamos garantías tanto de los jueces como de los fiscales que retornen al Estado de derecho, estado que se ha perdido en medio de tanta obsecuencia.

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