Un decreto supremo define referencialmente la redistribución de los recursos a los municipios en Bolivia. Experto en límites ve que existe desinformación en la población. Piden que conflictos limítrofes no sean excusa para suspender el censo

16 de mayo de 2022, 7:20 AM
16 de mayo de 2022, 7:20 AM


Habrá menos ingresos por coparticipación para el municipio de Santa Cruz de la Sierra si es que no se resuelve el conflicto de límites entre la capital cruceña y el municipio de Cotoca, era la consigna de los vecinos que bloquearon la carretera al santuario, hace poco más de una semana. Ante la consulta de que si el problema limítrofe sería una complicación para los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites de la Gobernación cruceña descartan esa situación señalando que el Decreto Supremo 26570 determina referencialmente la redistribución de los recursos económicos a los municipios en el país.

Jaime Weise, responsable de Límites de la Gobernación, sostuvo que existe desinformación o una mala interpretación en el vecino con respecto a esta normativa de límites, “porque si el decreto ya determina referencialmente hasta donde llegan (los municipios), el Censo va a manejar eso y recién se va a modificar cuando sea resuelto el conflicto, por lo tanto, hasta que no haya una solución se van a seguir recibiendo normalmente los recursos”, explicó.

Según la información brindada por Weise, el conflicto por los límites con Cotoca se reduce al barrio Santa Lucía con el cual no se llegó a conciliar y por lo tanto su situación tiene que definirse a través de un referéndum. “Pero existen otros barrios como Patujú, donde el problema ya no es un tema sobre límites sino de derecho propietario, jurisdicciones y loteamientos, pero se lo está usando para confundir a la gente porque el procedimiento ya pasó y están todas las actas firmadas”.

Agregó que cuando se ingresó al barrio Santa Lucía se hizo la consulta a los vecinos si querían pertenecer “al municipio A o municipio B”, por lo tanto, no hubo manera de que se puedan poner de acuerdo. El pasado mes de diciembre sacaron la resolución que junto con toda la documentación se envió al Ministerio de la Presidencia y desde ahí se remitió al Órgano Electoral, para que sean ellos quienes pondrán la fecha para el referéndum en el mencionado barrio.

Weise complementó que son siete los años que han tardado en conciliar el conflicto limítrofe entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca. Otras conciliaciones que tienen son: Mairana con Pampa Grande y San Javier con San Ramón, “además se tiene en curso: San Javier con San Julián y Santa Cruz de la Sierra con La Guardia, donde se tiene que hacer el trabajo de campo y preguntar a los vecinos donde quieren pertenecer”.

El proceso de conciliación se divide en tres etapas: el inicio donde se presenta la documentación y se va analizando si se cumplen los requisitos. Luego el trabajo de campo donde se hacen las consultas en las UVs y manzanos, las delimitaciones y el levantamiento de coordenadas, para posteriormente firmar las actas de conciliación o no conciliación. Después de ese trabajo, recién se remite la documentación al Instituto Geográfico Militar (IGM) quienes son los que colocan los bulones.

Por su parte, Ricardo Valverde, director de Ordenamiento Territorial y Límites de la Gobernación, informó que vienen trabajando en los límites intra e interdepartamental, en este último lo hacen de manera conjunta con Secretaría de Justicia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las áreas de conflictos ubicados en los municipios de Saipina, Comarapa, y Yapacaní.
“Nosotros trabajamos en coordinación con todos los municipios, con el IGM y el Viceministerio de Autonomías en el tema límites, sin importar los colores políticos que tengan, pues es un trabajo para el departamento”, complementó.

No es excusa
Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) e integrante de la Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo 2022, dijo que el problema limítrofe no tiene que ser tomado como excusa para la suspensión o retraso del censo. “Se tiene que hacer la cartografía y una vez realizado el censo, de buena manera, se tiene que poner entre ambas partes (municipios) gente experta para que pueda delimitar en las zonas conflictivas”, expresó.
Vargas enfatizó una vez más que el Censo de Población y Vivienda de este año no tiene que pararse por una situación particular y que además puede resolverse con el trabajo de personas técnicas.

A su vez, Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, indicó que independiente a lo que es la redistribución de los recursos, la situación de los límites territoriales entre municipios son instancias que tendrían que haberse resuelto hace tiempo y resurge cuando se toca el tema de los recursos para las poblaciones.

“El Instituto Nacional de Estadística (INE) no va a dar los recursos, sino que va a arrojar los resultados para que se vea más adelante, mediante un pacto fiscal, cuáles son los recursos que le corresponden a cada uno de los municipios. No hay que olvidar que no se ha hecho pacto fiscal desde el anterior censo y en eso es que estamos atrasados”, dijo el cívico.

Añadió que las alcaldías que conforman la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) deberían apersonarse al Ministerio de la Presidencia para que puedan resolver este problema que viene atravesando décadas, recordando que hace unos diez años el 93% de los municipios del país tenía problemas de límites.

Dentro de la misma línea, Fernando Larach, primer vicepresidente del ente cívico, cree que donde podría haber problema es en las poblaciones limítrofes que tienen un alto número de personas y pidió que el INE informe como se va a proceder para los municipios y departamentos que tienen estos conflictos.

Por otro lado, el analista Daniel Valverde, también cree que el conflicto limítrofe no tendría que afectar a los resultados que pueda arrojar el censo de este año, porque más allá de esos problemas, considera que el INE debe tener a sus encuestadores en todos los lugares que tengan población.
“Si la distribución de los censadores la hacen por departamento se tendría que tener en cuenta las zonas donde se identifican los problemas de límites para ver desde qué departamento se va a censar a esas poblaciones”, expresó.

Por último, dijo que el problema de los límites tiene que resolverlo la Gobernación, porque viene a ser un problema técnico administrativo, en tanto que el INE debe resolver la actualización cartográfica que se encuentra con un lento avance.

Dentro del ciclo de exposiciones realizado por el INE para informar sobre los avances del Censo de Población y Vivienda ante diferentes organizaciones e instituciones, una de las preguntas que se les hizo a los representantes es sobre los conflictos en los límites territoriales y la respuesta de estos fue que se tiene como plazo hasta el 31 de mayo para que las Gobernaciones los resuelvan.

Diferencias
Hugo Siles, exministro de Autonomías, sostuvo que los problemas de límites entre entidades territoriales autónomas han existido a escala departamental y municipal. Lo que vienen a ser los conflictos interdepartamentales se encuentran “congelados” debido a acuerdos que hacen entre los mismos gobiernos departamentales, pero a escala municipal “son más agudos”.

“Esto porque tienen que ver con el territorio, recursos, prestación de servicios y aprobación de planes, que vienen a ser temas de interés vecinal. Lamentablemente las gobernaciones vienen a ser un actor ausente en estos problemas porque estas tienen la tuición de conciliar y mediar los conflictos de límites”, recordó.

Manifestó que cuando fue ministro de Autonomías los problemas territoriales a escala departamental eran 20, pero se logró bajar a siete. “En el caso de las gobernaciones no se ha podido bajar el número debido a que no cuentan con la capacidad técnica para acompañar en muchos de estos conflictos entre municipios”.