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La Gobernación de Potosí estaba a punto de consumar una millonaria compra con sospechas de corrupción de 41 ambulancias; de hecho, la adjudicación ya se había cerrado y solo faltaba que se entreguen los vehículos, pero una oportuna denuncia periodística que descubrió y publicó al menos cuatro hechos irregulares frenó la operación y al gobernador Jhonny Mamani no le quedó más alternativa que anular la adquisición.

En su edición del viernes 14 de enero, EL DEBER difundió el resultado de un trabajo periodístico acerca de la compra de las vagonetas y pudo constatar, con documentos en la mano, que la Gobernación eligió a una empresa que se había creado apenas días antes de la licitación, que el capital de operaciones de esa empresa era de Bs 100.000 (que apenas alcanzaba para la cuarta parte del valor de una sola ambulancia), y el precio aceptado era superior en dos y tres millones de bolivianos al cotizado por otras dos empresas automotrices con décadas de trayectoria en el país.

Pero, adicionalmente, el cuarto hecho irregular es que la Gobernación de Potosí firmó un acta de recepción de las vagonetas el 31 de diciembre, aunque ni ese día ni nunca llegaron los vehículos al país.

De no haber sido la oportuna intervención de los medios de comunicación en este grosero intento de corrupción, que estuvo a un paso de perpetrarse, todo hubiera transcurrido entre gallos y medianoche, como se dice popularmente, y alguien de la Gobernación potosina controlada por el MAS se hubiera beneficiado con dinero público producto de una millonaria compra irregular.

Ese es el valor del buen periodismo que le permite al país transparentar actuaciones públicas que comprometen la fe del Estado y sus instituciones, pero también recursos públicos. En un país donde el acceso al poder es sinónimo de una oportunidad para el rápido enriquecimiento, es no solo necesario, sino imprescindible el periodismo sin miedo para decir las verdades, así eso implique enfrentarse con los que detentan el poder.

Es el trabajo de los medios de comunicación, esos mismos que con frecuencia reciben los ataques de los gobernantes o dirigente políticos, en particular del partido en función de gobierno, los que reciben insultos y toda clase de descalificaciones, el que hace posible al menos cierto equilibrio y vigilancia para que no se cometan actos arbitrarios, ilegales y corruptos como el que se quiso hacer en Potosí.

Esa labor debiera corresponder por definición a la Fiscalía General del Estado, pero el desprestigio de esa institución por su sometimiento al poder político actual es tan evidente, que no se puede esperar mucho de ellos cuando se trata de autoridades del MAS.

Al contrario, sus actos dejan mucho que desear en el caso de las 41 ambulancias. El miércoles, el fiscal general Juan Lanchipa consultado sobre qué hará la Fiscalía con ese caso con muchas dudas de la Gobernación de Potosí, dijo que no cuenta con elementos necesarios para iniciar una investigación.

Lanchipa señaló que necesitaba “una información fehaciente de la Gobernación o de otra instancia desde el Estado” para iniciar investigaciones. Es decir, ¿esperaba que el propio gobernador potosino, el principal señalado con el dedo por esta irregularidad, le dé elementos para investigarlo a él?

Una asambleísta de oposición afirmaba que “si estas irregularidades -las de la Gobernación de Potosí- se hubieran cometido en Santa Cruz o Tarija, ya tendríamos a un contingente de fiscales investigando”. Y tiene toda la razón.

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