12 de septiembre de 2022, 4:02 AM
12 de septiembre de 2022, 4:02 AM

Las reivindicaciones políticas del oriente boliviano en general no solo han sido opacadas e ignoradas, sino también distorsionadas por el Gobierno central. En Santa Cruz nació y floreció, por ejemplo, el movimiento autonomista, y aunque siempre tuvo en alto la unidad e integridad del país, el centralismo intentó mostrarlo como secesionista o separatista.

El Comité Cívico nació para convertirse en el contrapoder regional que ha obtenido regalías, elección de gobernadores, y autonomía para toda Bolivia. La vocación integracionista de los cruceños siempre se ha puesto de manifiesto. Tal el caso del Memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz al congreso de Bolivia, que en una de sus partes decía: “Pedimos ferrocarril, porque tenemos derecho a pedirlo, no para beneficio del Oriente sino para el bienestar general de la República; porque nuestra conciencia y buena fe nos obliga a demostrar la verdad, descorriendo el velo provincialista que cubre los ojos de nuestros compatriotas del Occidente…”

La dirigencia e institucionalidad cruceña también se puso al frente de la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), y exigió la restitución de las libertades ciudadanas. Ni bien se recuperó el sistema democrático (10 octubre de 1982), Oscar Barbery Justiniano, entonces alcalde municipal, mediante ordenanza municipal N° 031/84 de 8 de junio, tuvo la valentía de convocar a “elección de los miembros del Concejo Municipal, en el ámbito de la jurisdicción territorial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra…” Esta autoconvocatoria marcaba la pauta de que era posible luchar —desde el oriente— por la libre determinación de los pueblos, y convertirse en la base de la democracia que comenzaba a dar sus primeros pasos.

Otro hecho importante, comandado por Carlos Hugo Molina, será la Ley N° 1551 de 20 de abril de 1994 (Ley de Participación Popular), que impuso una nueva distribución territorial del poder económico, político y social en los primeros 316 municipios de Bolivia. Así, se modificó la estructura municipal con la coparticipación tributaria, se amplía la jurisdicción del municipio a toda la sección de provincia, se transfería a propiedad municipal la infraestructura destinada a los servicios públicos y se establecen mecanismos de participación social en la definición de las acciones de gobierno a nivel local.

En pleno siglo XXI, el exgobernador Rubén Costas aclaraba que el movimiento autonomista no era regionalista ni separatista, y proponía cambiar aquel eslogan de “bolivianizar el oriente” por el de “orientizar Bolivia”. En realidad, había llegado la hora de gobernarnos a nosotros mismos, y de elegir en forma directa y democrática a las autoridades departamentales. Y en contra del proyecto hegemónico del MAS, comenzó haciendo “autonomía al andar” y fue uno de los primeros que transformó legalmente la prefectura en gobernación.

Sin embargo, continúa la sistemática confrontación entre el modelo socialista e indigenista del gobierno del MAS de Evo Morales y Lucho Arce versus el régimen autonómico y liberal que defiende Santa Cruz y el oriente boliviano. En el oriente se afianzó el principal polo económico del país, sobre la base de una economía agro-ganadera y de explotación de los yacimientos de hidrocarburos, sobre una base poblacional mayoritaria blanca-mestiza que, a la vez, se encuentra relegada del poder político central.

Lo evidente es que el viejo Estado busca conservar intacta la centenaria organización “colonial, centralista y presidencialista” del Órgano Ejecutivo, donde la figura del presidente encarna el poder total. En este tipo de Estado, no existe el imperio del Estado Constitucional de Derecho sino la voluntad del gobernante de turno (Evo Morales dejó patentado “yo le meto nomás aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados”).

En Santa Cruz se realizaron multitudinarios cabildos ─como el cabildo del millón─, y otro tanto de consultas populares, exigiendo reivindicar el derecho de los pueblos de poder autogobernarse. Pero el mayor desafío sigue siendo buscar cómo liquidar el viejo Estado centralista, paquidérmico y corrupto, que no termina de morir, y cómo avanzar en la configuración del Estado del siglo XXI, completamente autónomo, al servicio del ciudadano que se viene gestando desde Santa Cruz a punta de cabildos.

 * William Herrera Áñez, jurista y autor de varios libros

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