Opinión

Los candidatos y el pacto fiscal

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1 de marzo de 2021, 10:39 AM
1 de marzo de 2021, 10:39 AM

Los candidatos a gobernadores departamentales y alcaldes municipales no sólo se olvidaron del mentado pacto fiscal, sino también debatir y proponer cómo consolidar y fortalecer el proceso autonómico. El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) ha bloqueado el pacto desde el 7 de julio de 2010 cuando promulgó la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta Ley establece que el Servicio Estatal de Autonomías, en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal “analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”.

El pacto fiscal tenía que concretarse en un plazo no mayor a seis (6) meses después de publicados los resultados del censo nacional de población y vivienda de 2012. Sin embargo el gobernó central logró, en entrada, retrasar la realización del censo habida cuenta que el gran acuerdo fiscal dependía (y depende) de la cuantificación poblacional. El ejecutivo presentó una propuesta técnica, siete meses después de publicados los resultados oficiales del censo 2012; resultados que fueron presentados por primera vez en enero de 2013 y que tuvieron que ser rectificados y reprocesados en el 2014. Y como el tiempo no se detiene, el gobierno central ahora alegará que no puede avanzar hasta el próximo censo de población y vivienda.

En todo caso, van más de 10 años desde que se promulgo la ley “Andrés Ibáñez”, y no se ha concretado aún el primero de los cinco pasos de la propuesta del nivel central, para concluir con la aprobación del reglamento de funcionamiento y debates del pacto fiscal. Al gobierno central no te interesa esta reasignación de recursos públicos porque controla, según varios estudios económicos, aproximadamente el 88% del presupuesto general del Estado y el saldo 12% se distribuye entre los gobiernos: departamental, municipal, regional e indígena originario campesino.

Los candidatos parecen desconocer que sin pacto fiscal no puede haber autonomía plena; es decir, sin recursos económicos no se puede avanzar en el proceso de democratizar el ejercicio del poder político. Los primeros 14 años del gobierno del MAS no se caracterizaron precisamente por compartir el poder y muchos de los recursos conquistados por los gobiernos subnacionales, fueron confiscados por el nivel central.

En realidad, mientras el gobierno nacional enarbola la autonomía y practica el centralismo —puro y duro—, las entidades territoriales se hacen las autónomas y parecen cómodas con la simple elección de autoridades y delegación de competencias pero sin recursos económicos suficientes. En el plano normativo existe el régimen autonómico, y una división territorial del poder, donde los órganos ejecutivos y legislativos de los gobiernos subnacionales forman parte de la distribución y ejercicio del poder público porque se les reconoce cualidad gubernativa.

La Constitución boliviana define, en este sentido, que “la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

La autonomía supone la existencia de distintos niveles gubernativos en el territorio: un gobierno nacional y varios gobiernos autónomos, con facultades ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Este proceso se encuentra diseñado como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial —departamental, municipal, regional, indígena originario campesina—, con rango constitucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas.

En los diferentes foros realizados, especialmente en Santa Cruz, se pone de manifiesto el estancamiento del proceso autonómico, sus desafíos y la necesidad de cambiar el chip centralista por el chip autonomista. Urge teorizar cómo liquidar el viejo esquema centralista que no termina de morir y cómo avanzar en el nuevo modelo autonómico que no terminar de arrancar, y los candidatos… bien gracias…

 

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