15 de febrero de 2024, 4:00 AM
15 de febrero de 2024, 4:00 AM

Bolivia importa combustibles y para este año tiene un presupuesto de Bs 9.800 millones, que estarán destinados, además de la compra en el extranjero, a la subvención de la venta en el mercado interno. En otras palabras, compra caro y vende barato. La diferencia la cubre el Tesoro General de la Nación y contribuye al déficit fiscal que es superior al 7,5% para 2024. 

En Bolivia, la gasolina especial se vende en alrededor de medio dólar por litro, pero para comprarla en el extranjero se paga entre 1,3 y 1,5 dólares por cada litro. El Gobierno no piensa eliminar la subvención de los carburantes, bajo el argumento de que hacerlo provocará el encarecimiento de los productos y, por tanto, de la inflación que ahora está controlada, porque vivimos en una burbuja económica cada vez menos sostenible.

En las últimas semanas es muy frecuente encontrarse con largas filas de vehículos que buscan abastecerse de gasolina y diésel, especialmente en las principales capitales del país. Sin embargo, basta alejarse un poco de las grandes ciudades, para encontrar que, en las urbes intermedias y pequeñas, las colas son de personas con bidones, a la espera de comprar carburantes a pesar de que eso está prohibido. Esos carburantes después se revenden a Bs 10 por litro dentro y fuera de nuestras fronteras.

Ahora la Agencia Nacional de Hidrocarburos admite que millones de litros de la gasolina subvencionada en Bolivia son consumidos por ‘vehículos chutos’; es decir sin papeles legales, que son fruto del contrabando y hasta del robo de motorizados en países como Chile y Brasil, y que después son comercializados en nuestro país. 

Cada día, por la amplia frontera ingresan cientos de autos, camionetas, camiones, etc. indocumentados y se venden en más de 50 ferias ubicadas en varias zonas del territorio nacional. Es tan descarada la comisión de este delito que los contrabandistas (autodenominados chuteros) tienen canciones y celebran millonarias fiestas, porque sus ingresos son fantásticos y gozan de impunidad. Nadie les ha puesto freno.

En las ciudades más pequeñas del país circulan decenas de miles de vehículos sin placa. Pasan así frente a policías, militares y autoridades municipales que hacen la vista gorda. 

Estos vehículos ilegales desvían unos 14 millones de litros subvencionados de carburantes, equivalentes a 7,5 millones de dólares mensuales. La plata de todos, la que deja un importante déficit fiscal, termina beneficiando a los delincuentes que practican el contrabando. Lo sabe la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero el Estado no hace nada para impedirlo y la economía se sigue desangrando a vista y paciencia de los gobernantes.

Para beneficiarse de los carburantes subvencionados, los vehículos ‘chutos’ no solo usan grandes bidones para comprarlos, sino que también clonan placas de motorizados que sí están legales, porque rige un sistema llamado BSisa que, en teoría, es el control para que no haya fuga de carburantes en los surtidores, pero que es burlado a diario.

Además, los comercializadores y dueños de vehículos ‘chutos’ se dedican a clonar placas de motorizados legales y hasta ofrecen el servicio en las redes sociales.

Con apenas lo mencionado da para que el Gobierno nacional revise su estrategia de fiscalización. Si el contrabando de vehículos fuera frenado, la demanda de carburantes sería inferior y con eso ganarían las arcas nacionales y, por tanto, todos los bolivianos. No se avanzará si solo se controla el negocio legal, porque el mayor daño está provocado por los chuteros y las organizaciones criminales que ahora actúan en la impunidad. ¿Hay capacidad de ponerle el cascabel al gato?

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