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Los contratos criminalizados

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27 de enero de 2020, 3:00 AM
27 de enero de 2020, 3:00 AM

Juan Carlos Urenda Díaz

ABOGADO

CONSTITUCIONALISTA

La Constitución establece que, en principio, no hay cárcel por deudas: “No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales excepto en los casos previstos por ley”. Sin embargo, la jurisprudencia de Bolivia ha modulado la excepción, en la figura de los “contratos criminalizados”, de manera que hay contratos por obligaciones patrimoniales que le pueden merecer la cárcel al deudor.

Dos autos supremos, el 137/12 y 056/2016 y la sentencia constitucional 0005/2018, modulan esta figura estableciendo que, para que un contrato se convierta en “criminalizado”, deben concurrir, básicamente, las siguientes circunstancias:

a) El propósito defraudatorio del deudor se tiene que evidenciar antes o al momento de suscribir el contrato. Por lo general, incumplimiento contractual-civil, la culpa o el dolo, emergen con posterioridad a la suscripción del contrato.

b) Se puede entender como uno de los tipos de estafa, consistente en una contratación simulada en perjuicio de otro o de un negocio, de manera que el contrato hubiera sido solo una apariencia puesta al servicio del delito de estafa.

¿Qué pasa cuando de estos contratos lo suscribe una empresa a través de su gerente? El artículo 13, ter. Código Penal establece la responsabilidad criminal de los administradores en general en los siguientes términos:

“Responsabilidad del órgano y del representante. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que, en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre, concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente”.

Dicha norma se refiere a los administradores como sujetos imputables criminalmente. Se entiende por administradores a funcionarios de cualquier tipo de sociedad o empresa encargados de su representación, es decir, los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada y otras, los directores en las sociedades anónimas que tienen responsabilidades solidarias con sus gerentes, los consejeros de administración en las cooperativas y, en general, quienes tengan facultad dispositiva sobre los bienes o negocios de la compañía.

La Sentencia Constitucional N.º 294/2002-R estableció que cuando concurren las exigencias del artículo 13 ter del Código Penal arriba descrito no se rompe el principio de legalidad ni lesiona la seguridad jurídica, tampoco la acción investigativa ni el procesamiento del órgano o representante de las personas jurídicas o colectivas.

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