17 de abril de 2023, 4:00 AM
17 de abril de 2023, 4:00 AM

Una vez más, el Estado chileno ha optado por militarizar la frontera con Bolivia en alrededores del municipio fronterizo de Colchane, punto de llegada de cientos de migrantes venezolanos, colombianos, haitianos, dominicanos y bolivianos que han decidido asumir el riesgo de usar pasos ilegales para ingresar al país trasandino.

Colchane es un pequeño municipio chileno, ubicado en la desértica región de Tarapacá a 3.650 metros de altura, en el que viven 1.600 habitantes, población que ha sido superada en más de una ocasión por la cantidad de migrantes que aparecen en sus calles en búsqueda de un refugio seguro, después de caminar kilómetros de senderos inhóspitos y peligrosos.

Por lo menos en dos oportunidades, Javier García, alcalde de Colchane, lanzó pedidos de ayuda al Gobierno chileno para que ayude a mitigar los efectos de esa ola migratoria y Sebastián Piñera en su momento y ahora Gabriel Boric han optado por la misma respuesta: carabineros y militares en la frontera para capturar a los “ilegales” y devolverlos a su país de origen.

Sebastián Piñera, en la agonía de su Gobierno, anunció la puesta en marcha del Plan Colchane que, al margen de reforzar la presencia militar y policial en el lugar, también optó por abrir una segunda zanja en la zona para desanimar a los intrépidos migrantes. Una actitud que dice poco y mal de un Estado que se enorgullece de su democracia, pero que con zanjas y uniformados incurre en flagrantes violaciones a los derechos humanos.

Con sus particularidades y matices, Boric también ha mostrado una actitud poco amable con los inmigrantes. En un discurso pronunciado en Colchane, el mandatario chileno sostuvo que las personas que llegan a Chile con el ánimo de delinquir no son bienvenidas y “les vamos a hacer, dentro del Estado de derecho, la vida imposible”. 

Cuestionable afirmación en la voz de un presidente puesto que estigmatiza a los afectados y viola, entre otros derechos universales, la dignidad de las personas, la no discriminación, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Pero Boric fue más allá al referirse a una migración regular segura y ordenada “de acuerdo a las necesidades del país”.

Es decir, reservarse el derecho de admisión y decidir quién y quién no puede entrar a Chile, ¿basados en qué criterios?

La migración es un problema de orden global, las normas de derecho internacional admiten que si una persona o una familia entera decide abandonar su país es porque se agotaron las posibilidades de tener una vida digna y se ven obligadas a buscar oportunidades en otros territorios.

En el último operativo militar en Colchane se habló de 300 bolivianos retenidos y después de 189. Todos ellos pretendían retornar a Bolivia, pero con carácter previo se les hizo cumplir un trámite administrativo consistente en una “autodenuncia”. Ello implica que la persona interesada reconoce que violó la norma chilena de migración, se inculpa de un delito, y es sancionada con la prohibición de retornar al lugar. Claramente se trata de un proceso arbitrario y abusivo.

La misma ley migratoria de Chile también establece que los casos deben ser resueltos uno por uno, no en grupo, no con un mismo formulario y que los afectados deben contar con el apoyo consular de su país de origen. Ninguna de estas normas de derecho internacional se ha cumplido y todo se resuelve en las estrechas oficinas de un puesto migratorio chileno, circunstancias que bien pueden ser identificadas como expulsiones colectivas.

¿Creen las autoridades chilenas que con estas medidas pondrán fin al problema? Pues no. Por el contrario, aumentarán las operaciones ilegales y clandestinas, como ocurre a diario entre México y Estados Unidos.  Bolivia, Chile y otros países de origen y destino de migrantes deben adoptar medidas conjuntas de carácter humanitario. No es cuestión de zanjas, carabineros y militares.

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