14 de agosto de 2022, 4:00 AM
14 de agosto de 2022, 4:00 AM


La postergación del Censo de Población y Vivienda para dos años posteriores al establecido por mandato de la Ley, que obliga a realizarlo cada diez años, no solo implica una afectación a los derechos humanos y civiles de los ciudadanos, sino una afectación económica a las regiones autónomas y por ende al desarrollo del país. El aplazamiento del censo en realidad implicará un retraso de al menos siete años en los que no podremos ejecutar una adecuada planificación y menos una justa redistribución de los ingresos entre los municipios, departamentos productores y los departamentos de menores ingresos, por efecto de la compensación.

Despolitizar el censo no es posible, porque sus resultados son políticos por el efecto de la representación ciudadana en el poder legislativo; son económicos porque afectan a la distribución de los ingresos por la coparticipación tributaria de los municipios en función de su población; son sociales porque mapea la estructura y cambios de la sociedad sobre su habitad, educación, salud, creencias y otros. En definitiva, no es posible despolitizar un proceso que por su naturaleza es político y social al ser demográfico. Lo que sí es una obligación, es despojar al proceso de los intereses de los partidos y las corrientes políticas.

El principal efecto económico de la postergación del censo está en el Presupuesto General del Estado (PGE) de los siguientes siete años que seguirá concentrado en una distribución de los recursos por demás inequitativa donde la administración central se lleva el 97% y deja las migajas a los gobiernos autónomos y las universidades públicas. Esto resulta en un Estado Autonómico con gobiernos autónomos anémicos carente de extremidades, incapaces de financiar su desarrollo con base a sus propios planes concebidos por sus gobiernos y asambleas elegidos por sus ciudadanos.

La concepción de la autonomía radica en la libre y soberana potestad de las regiones para decidir sobre su desarrollo, en el marco de políticas y regulaciones nacionales sobre aspectos transversales que hacen al uso y destino de los recursos de la nación, de todos los bolivianos. La suma del desarrollo autónomo de las regiones hace al bienestar del país, mientras que la planificación centralizada del desarrollo solo alimenta el poder de la burocracia que concentra los recursos en función de los intereses de los gobiernos, sin importar su corriente ideológica, cuyo fin es perdurar en el poder en beneficio de las clases gobernantes, sean estos aristócratas, logias mafiosas, sindicatos obreros o asociaciones. Cualquier forma de organización del poder centralizado es dañina para la democracia y para el bienestar de la sociedad.

Otro de los importantes efectos económicos que tendrá la postergación del censo es la imposibilidad de planificar adecuadamente la inversión pública y establecer políticas para promover la inversión privada nacional y extranjera. La desorientación de la inversión y la ausencia de un plan de desarrollo desde las regiones autónomas, resulta en una mala asignación de los escasos recursos en proyectos cuyo beneficio político se sobrepone a la factibilidad económica En definitiva la inversión se transforma en el corto plazo en gasto que contribuye al déficit fiscal y subvenciona una estructura de empresas públicas anacrónicas e ineficientes aptas para el clientelismo del poder central.

Quizá uno de los mayores perjuicios económicos de la postergación del censo está en las regiones más pobres del país en las zonas andinas de Potosí, Oruro y Sucre o en las regiones amazónicas de Beni y Pando del noreste del país, contrariamente a lo que sus mismas autoridades señalan el censo no debe postergarlos aún mas de recursos por su baja demografía, sino que debería, en primera instancia, incrementar los recursos de compensación en el marco de una política solidaria de las regiones con mayores recursos y población, pero a su vez, el censo debería permitir una planificación adecuada de su desarrollo en función de sus verdaderas capacidades productivas en sectores como el turismo, la conservación y sostenimiento de recursos que requiere la humanidad, o en su defecto la reubicación de poblaciones en zonas o regiones con mayor potencial productivo, donde dotados de herramientas e infraestructura puedan encaminarse al desarrollo.

En definitiva, la premura del censo no es una cuestión de interés político, es una necesidad apremiante de desarrollo de una sociedad que se ve amenazada por los antivalores del narcotráfico y la corrupción que pretenden sustituir al trabajo digno y sacrificado, lo cual solo es posible generar con adecuada planificación que permita mayor inversión pública y privada en base a las necesidades de las regiones en salud, educación, saneamiento y desarrollo productivo.

Bolivia necesita un censo para dejar de caminar a tientas, necesitamos orientar de forma eficiente la asignación de nuestros recursos, debemos desnudar nuestro verdadero nivel de educación, se debe constatar el paupérrimo nivel de atención de la salud y conocer la realidad de nuestro nivel de empleo y ocupación. La previsión del futuro solo es posible a partir de la interpretación genuina del presente y al pasado se mira solo para no cometer los mismos errores.

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