Los graves y urgentes problemas de la salud

Es innegable que la salud es uno de los problemas más graves y menos atendidos en Bolivia. Pese a que la Constitución Política sostiene que la salud se constituye en una función suprema del Estado, y le asigna al poder público la obligación indeclinable de garantizarla y sostenerla como derecho fundamental, los resultados son escasos, hay una distorsión de las prioridades y es notoria la descoordinación entre los niveles de gobierno, los sectores profesionales y las entidades responsables de su gestión.​

Esta realidad se puso nuevamente en evidencia durante la pandemia de 2020, que develó la profunda crisis de nuestro sistema de salubridad, caracterizado por graves déficits de acceso, calidad, eficiencia y recursos. De hecho, la propia Defensoría del Pueblo en su informe “Salud, derechos humanos y COVID-19 en Bolivia” afirmó que “La falta de capacidad instalada y resolutiva de los hospitales públicos y de la seguridad social a corto plazo, y las ineficaces medidas para fortalecerlas, no han permitido que la población acceda a la atención sanitaria esencial para el tratamiento de la enfermedad”.

Al respecto, un estudio elaborado por el BID, y publicado en 2023, señala que Bolivia cuenta actualmente con apenas 25 profesionales en salud (médicos y enfermeras) por cada 100.000 habitantes, cuando la OMS recomienda tener 44 y el promedio de Latinoamérica es de 56. Esa cifra nos coloca a nivel de Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua. En coincidencia, el Colegio Médico de Bolivia realizó un estudio en 2019 que denuncia un déficit de 15.000 ítems de salud en nuestro país, distribuido en 6.250 médicos, 5.000 enfermeras y 3.750 auxiliares de enfermería.

Pero no es el único problema. La OMS recomienda que haya un hospital de tercer nivel por cada 75.000 habitantes, es decir que Bolivia debiera contar mínimamente con 160 nosocomios de esta categoría, sin embargo, solo tiene 37 y, según el Colegio Médico, el 80% tiene equipamiento obsoleto e infraestructura que data de hasta 90 años. En relación a la capacidad para albergar pacientes, según el INE, Bolivia dispone en todo el sistema de salud, de 1,6 camas por cada 1.000 habitantes, mientras que la recomendación de la OMS es de 2,5. Esta carencia no solo causó estragos durante la pandemia, sino que ha naturalizado la penosa realidad de pacientes que requieren hospitalización y que deben esperar días o semanas para ser internados.

Uno de las principales barreras sigue siendo el presupuesto. No obstante que la Constitución señala que la salud es “la primera responsabilidad financiera del Estado”, el gasto per cápita en salud se mantiene como uno de los más bajos de Latinoamérica, alcanzado a 480 $us en 2017, mientras que en el subcontinente el promedio fue de 1,026 $us.  Según la CEPAL, en 2019, el gasto en salud como porcentaje del PIB fue apenas del 6,3%.

No se puede negar los esfuerzos del gobierno nacional para mejorar la situación, considerando que, en los últimos años aumentó el presupuesto para el sector, lanzó un plan de construcción de 56 hospitales públicos y creó el Seguro Único de Salud.  Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes, el programa de construcción adolece de problemas de lentitud y falta de equipamiento; y el SUS presenta reclamos por el desorden, falta de ítems y deficiencias en la atención y la cobertura.

Lo concreto es que, según el citado informe del BID, el índice efectivo de cobertura de salud en Bolivia alcanza sólo al 52% de la población, uno de los más bajos de Latinoamérica, comparado con Perú que alcanza el 76% o Ecuador que reporta el 64%. Un dato complementario de la OPS señala que “cada año, el 6% de los hogares en Bolivia enfrentan gastos catastróficos en salud y el consiguiente empobrecimiento” y que las comunidades indígenas y los trabajadores informales, son los más vulnerables. 

Por otro lado, si consideramos que la propia Carta Magna le instruye al Estado “priorizar la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”, estos mandatos no se cumplen y el Estado sigue priorizando la medicina curativa sobre la preventiva, y creyendo que la solución a los problemas pasa por construir edificios sin médicos, sumar programas públicos y obviar la participación de los gobiernos sub nacionales en la planificación.  Al parecer, nos encontramos frente a una falta de claridad para medir la dimensión del problema, priorizar lo importante y, sobre todo, diseñar e implementar alternativas que incluyan a los sectores involucrados.

El sostenimiento de cifras elevadas en la mortalidad y morbilidad infantil, los graves efectos de la pandemia del COVID 19, la reaparición descontrolada de males como el dengue, influenza, tos ferina y otras, y el elevado aumento de las enfermedades crónicas, muestran que el problema tiende a empeorar, mientras nuestro sistema de salud se mantiene peligrosamente estancado en la ineficiencia, la improvisación y el desorden.