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4 de julio de 2022, 4:00 AM
4 de julio de 2022, 4:00 AM

El acceso a la justicia busca garantizar el ejercicio y disfrute de todos los derechos y garantías fundamentales. En Bolivia este derecho no sólo es limitado y deficiente sino materialmente inexistente para más del 50% de los gobiernos municipales y del territorio nacional. Los jueces y tribunales se concentran en las capitales de departamentos y algunas provincias; pero, en los lugares más alejados como en las fronteras prácticamente no existe juez, fiscal, abogado o policía y cuando el ciudadano tiene algún problema tiene que trasladarse y recorrer largas distancias para buscar cobertura judicial.

El Alto Comisionado para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayan, ha establecido que la justicia de paz es una forma de mejorar el acceso a la justicia y descongestionar los tribunales. A tiempo de compartir esta idea, el funcionario internacional aclaraba que los jueces de paz son nombrados de entre los ciudadanos con mayor influencia en la comunidad por lo que constituye un mecanismo de participación social.

Las políticas públicas de acceso a la justicia son medidas que el Estado debe tomar con la finalidad de garantizar la cobertura judicial efectiva de esa gran mayoría excluida de la población boliviana. A tiempo de reiterar que la falta de cobertura judicial perpetúa la exclusión social, la Comisión IDH le recordaba al Estado boliviano que, todas las personas bajo su jurisdicción deben tener la posibilidad de acudir a las instancias judiciales y obtener de ellas una respuesta a sus reclamos dentro de las garantías del debido proceso (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se fundamenta en varias visitas realizadas a Bolivia entre el 9 y el 13 de junio de 2008). Y ha reiterado la necesidad de adoptar medidas dirigidas a incrementar la presencia de autoridades judiciales, fiscales y defensores públicos en todo el territorio nacional. 

En general, existen medidas que son transversales a la elaboración de cualquier política de acceso, tales como la desmonopolización, la desjudicialización, y la descentralización del sistema judicial. La idea central es que los servicios de justicia no sólo deben buscar llegar a todo el territorio nacional, sino que deben tener una mayor desconcentración para mejorar su calidad. El acceso a la justicia busca que los individuos dispongan de un remedio para solucionar los conflictos, y ello implica a su vez el diseño de políticas que satisfagan las expectativas ciudadanas. Las autoridades gubernamentales deben conocer las demandas ciudadanas, así como saber combinar los diferentes niveles de gobierno para maximizar las llegadas de sus acciones.

El Estado debe priorizar y beneficiar a las personas excluidas del sistema legal y a los grupos más vulnerables, que exigen acciones diferenciadas del sistema. Estos programas deben ser además preferentemente orientados por los usuarios; por ejemplo, generar un servicio de asistencia jurídica gratuita o ejecutar un programa de apoyo en casos de violencia doméstica, son algunas de las medidas que el Estado debe consensuar cuando se encuentra frente al desafío de construir una política de acceso integral.

La administración de justicia no sólo se satisface con la existencia de jueces y tribunales, sino que debe tender a que las instancias de justicia se encuentren cercanas a sus usuarios, y que puedan resolver los conflictos que potencialmente puedan presentarse. Pero no sólo la ampliación de la cobertura de la justicia formal es geográfica, sino que actualmente han tomado mayor importancia otros temas que están encontrando canales diversos para manifestarse. Este conjunto de programas va tomando forma y requiere de una coordinación ajustada y así poder realizar una genuina cobertura en todo el país.

La ampliación del acceso judicial requiere planificación y elaboración de líneas claras de acción que tengan por finalidad la descentralización, desformalización y articulación de las medidas para dar respuestas a los conflictos y que recreen una oferta de los servicios de justicia lo más próximo posible a los ciudadanos, abandonando el viejo esquema de una justicia centralizada (sin ir más lejos pensar en los modelos de “Ciudades Judiciales" como la contra-cara de esta propuesta) que profundiza la distancia entre los usuarios del servicio y quienes lo administran.

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