10 de agosto de 2022, 4:00 AM
10 de agosto de 2022, 4:00 AM


La situación actual preocupa al Gobierno nacional porque está empleando todos sus recursos para controlar al departamento de Santa Cruz, para ello se preparó un plan de contingencia en el seno de la Policía cuya estrategia combinada entre actividades políticas y operativas tiene el objeto de neutralizar el paro movilizado de los ciudadanos cruceños por el censo.

Con ello se constata que ya no será una mano negra inmunda la que provoque luto y dolor en las familias cruceñas, hoy se revela abiertamente la mano del Gobierno que, mediante el ministro de Obras Públicas y el ministro de Gobierno, transformados en ‘Los Mariscales del Oriente’ con el visto bueno del presidente Luis Arce, han decidido hacer de Santa Cruz un campo de batalla para impedir la demanda por el censo el 2023 y más tarde con todos los medios a su alcance quebrar o neutralizar cualquier oposición al régimen.

Para lograr su objetivo emplearán la estrategia de siempre: “Generación de mártires” con su propia gente, para lavarse las manos y echarle la culpa al ciudadano común, al político opositor y a quien quieran (una constante desde Evo Morales hasta la fecha), algunas veces no les dio resultado, pero otras sí, como el caso del puente Huayllani en Sacaba el 2019, donde ellos dispararon armas de fuego por la espalda a sus propios comunarios o afiliados provocando 10 muertos, de los cuales 9 fueron dados de baja con armamento no militar y por la espalda; hoy los militares y policías están siendo condenados por asesinato y genocidio.

A esa estrategia, tratarán de aplicar diversos modos y medios operativos, entre ellos: 1. El despliegue de refuerzos policiales con unidades del interior para robustecer al Comando Departamental; recordemos que ya lo hicieron antes, en noviembre de 2021, cuando Santa Cruz decidió un paro indefinido para abrogar la Ley 1386; 2. El despliegue de elementos de la compañía de inteligencia del ejército, quienes estarían infiltrados desde hace un año en distintas plataformas e instituciones del departamento y el país. Al respecto nada más evidente, que los oficiales de inteligencia descubiertos en el Conade, en el Comité Cívico de La Paz y en la última marcha de los médicos con representantes de las esposas de policías y militares, donde se los descubrió como agitadores para comprometer con acciones ilícitas las manifestaciones ciudadanas. 3. Otra medida es seducir a personalidades influyentes para dividir, como el caso (entre muchos traidores) de Jhonny Fernández; 4. Organización de grupos de choque delincuenciales conformados en comités de defensa al proceso de cambio, que actúan caracterizados de interculturales, sindicatos y obreros, que los despliegan en barrios y bastiones masistas; 5. Realizar detenciones selectivas, con personalidades de alto provecho político y lucrativos para sus fines.

En consecuencia, si el Gobierno consigue generar una o más víctimas, justificará el empleo de la fuerza pública, sin descartar más adelante la posibilidad de decretar un “Estado de excepción”, adornando sus actos con ropaje legal, para tomar el control total de la población.

Pero, los efectos de estas acciones tendrán a futuro un alto costo político y judicial, tanto para el presidente Arce como para sus ‘mariscales’, porque cualquier intento de neutralizar y agredir a todo un pueblo está destinado al fracaso, cuando en el cumplimiento de un deber ciudadano, nadie sentirá pena de sí mismo, si las circunstancias así lo exigen. Santa Cruz no dará marcha atrás, porque está en juego el futuro de todos los departamentos del país.

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