Los postulantes a magistrados y la desesperanza
Finalmente, el Poder Legislativo aprobó la lista de los postulantes a magistrados; es decir que por fin se dio luz verde a la continuidad del proceso de elecciones judiciales en el país. Ocurre con una demora de más de un año y aún queda un largo camino por recorrer antes de que los ciudadanos lleguen a las urnas para ejercer el voto.
Debe ser el proceso electoral con mayor cantidad de irregularidades y piedras en el camino. Pasó desde la interrupción por recursos de inconstitucionalidad de quienes iban quedando al margen de la selección hasta los copies o chanchullos que legisladores dieron a los precandidatos. Toda una vergüenza.
Antes de que se inicie el camino a las elecciones judiciales, los bolivianos ya sabíamos que estas no deberían realizarse, porque las que celebraron antes hundieron más la calidad de la justicia en Bolivia y los magistrados elegidos no dieron suficientes señales de probidad para ejercer esas funciones.
La conclusión es que la justicia está en su peor momento. El Tribunal Constitucional Plurinacional se convirtió en la herramienta del poder político para castigar a los opositores, en éste y en pasados gobiernos. Y ahora, aunque tengamos la posibilidad de elegir a las principales autoridades del Poder Judicial, no hay confianza en que la situación mejore, porque los defectos de fondo se mantienen invariables. Sin embargo, es lo que establece la Constitución Política del Estado y hay que cumplirlo.
El principal obstáculo para las elecciones judiciales ha sido la falta de dos tercios en el Poder Legislativo, ahora fragmentado y venido a menos por la intervención del Tribunal Constitucional, que truncó el proceso en varias oportunidades.
El colmo del absurdo fue cuando los miembros de este alto tribunal decidieron la prórroga de todos, después de haber sido ellos mismos quienes le pusieron trabas al proceso. En ese afán, le restaron poder al Legislativo, prácticamente lo intervinieron e intentaron anularlo. Y no puede faltar el apunte de que varios prorrogados que intentaban ser reelegidos, se aplazaron en el intento, demostrando su nivel de desempeño.
El lunes, finalmente se aprobó la lista de postulantes, que tienen el visto bueno de más de dos tercios de los legisladores. No obstante, ya hay observaciones de fondo a la calidad de algunos aspirantes a los altos cargos de la justicia. Nada hace prever que el sistema va a mejorar después de las elecciones.
Ahora, los asambleístas deben remitir las listas al Tribunal Supremo Electoral. A su vez, este órgano revisará si tienen la inclusión de indígenas adecuada a la norma y la paridad de género. Si no cumplen estos requisitos, devolverán las nóminas al Legislativo. Solo después se convocará a las elecciones judiciales, para lo cual se necesitan 150 días.
En este proceso preelectoral, los aspirantes no pueden pedir el voto y será el órgano electoral el que difundirá sus méritos a través de los medios de comunicación.
Hay que recordar que en los anteriores procesos de elecciones judiciales han sido más los votos blancos y nulos que los votos válidos, debido a que los aspirantes cumplieron más requisitos políticos que profesionales. Siendo así, lo que viene no permite tener muchas esperanzas de que la justicia mejore.
