Los riesgos de ignorar el déficit fiscal
.
En un ambiente convulsionado por bloqueos y protestas, el Gobierno se prepara para presentar el Proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025. Economistas anticipan que este último PGE de la gestión del presidente Arce será similar o incluso mayor que el anterior, lo que significa que Bolivia se encamina a registrar 12 años consecutivos de déficit fiscal. Esta situación acarrea graves consecuencias para la economía del país y pone en evidencia la insostenibilidad del modelo económico implementado por el MAS.
En 2014, tras el fin de la bonanza del gas, Bolivia registró su primer déficit fiscal de 3,4% del PIB. En los años siguientes, los déficits se profundizaron, alcanzando el 8,1% del PIB en 2018, sin que el entonces presidente Evo Morales y su ministro de Economía, Luis Arce, lograran corregir el rumbo. La pandemia de 2020 agravó aún más la situación, elevando el déficit al 12,7%, un incremento previsible debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, la gestión de Arce ha continuado marcada por tendencias negativas, con proyecciones de un déficit que nuevamente superará el 7% del PIB.
Los déficits fiscales recurrentes han llevado a un aumento significativo de la deuda pública, lo cual ha limitado la capacidad del Gobierno para invertir en infraestructura, programas sociales y la reactivación económica, ya que una porción cada vez mayor del presupuesto se destina al servicio de la deuda. Esto ha deteriorado la calificación de riesgo del país, debido a las dudas sobre su capacidad para cumplir con sus compromisos crediticios.
El modelo de inversión pública del MAS ha priorizado la creación de numerosas empresas estatales, la mayoría de ellas deficitarias. Además, ha implicado un crecimiento desmedido del aparato estatal, con cientos de miles de funcionarios públicos, lo que no se ha traducido en una mejora de la eficiencia. Por el contrario, Bolivia se encuentra entre los países con mayores índices de corrupción a nivel mundial.
Aunque el país ha mantenido una política de tipo de cambio fijo, el prolongado déficit fiscal ha desestabilizado al boliviano frente al dólar, especialmente debido a la reducción de las reservas internacionales en los últimos años. La consecuente escasez de dólares ya ha golpeado a todos los sectores de la economía. Si la presión persiste, el Banco Central podría verse forzado a devaluar la moneda, encareciendo aún más los productos importados, elevando la inflación y erosionando el poder adquisitivo de la población.
La política de subsidios a productos como la gasolina ha ayudado a contener la inflación, pero también representa una carga significativa para el presupuesto público, agravando las dificultades fiscales del país.
El 2025, un año electoral, plantea una encrucijada económica complicada. El Gobierno podría verse obligado a implementar ajustes fiscales severos, como la reducción del gasto público, aumentos de impuestos o la eliminación de subsidios. Estas medidas podrían tener un impacto negativo en el crecimiento económico y el bienestar social, algo que probablemente el presidente Arce se resistirá a implementar. Sin embargo, no tomar medidas significativas y dejar el problema para el próximo Gobierno sería aún más perjudicial e incierto, especialmente cuando la población ya sufre el encarecimiento de productos y la escasez de oportunidades laborales.
En el contexto actual, Bolivia enfrenta el reto de ajustar su política fiscal, diversificar su economía y buscar nuevas fuentes de ingresos para reducir su dependencia de los sectores tradicionales. Más temprano que tarde, será necesario dar un golpe de timón para evitar que el país se nos desvanezca. La gran incógnita es quién tendrá la valentía de agarrar el toro por las astas.
