Los riesgos de las tentaciones socialistas
.
Con la inflación golpeando los precios de productos básicos, el Gobierno del MAS ha vuelto a aplicar controles de precios, medidas que suelen ser atractivas para aparentar defensa de la economía popular, pero que ignoran las causas de fondo y los efectos negativos a mediano y largo plazo. Al adoptar estas políticas de manera precipitada, el Gobierno no solo desconoce los factores detrás del alza de precios, sino que también desestima la complicada situación que enfrentan los productores, acusándolos de agio y especulación.
Aunque casi todos los productos de la canasta familiar han aumentado su precio, las acciones del Ejecutivo se han concentrado en dos sectores clave: el de oleaginosas, con la prohibición de exportar aceite, y el del arroz, con la confiscación de inventarios en ingenios del norte cruceño. Ambas intervenciones parecen responder a la narrativa oficial, que culpa a los productores “cambitas” de jugarle sucio al país, según declaraciones del presidente Luis Arce.
Estas tentaciones socialistas no son nuevas en Bolivia. En 2011, bajo el Gobierno de Evo Morales, una medida similar se tomó frente al alza del precio del azúcar: se prohibió su exportación para priorizar el mercado interno. El resultado fue un desincentivo a la producción nacional, desabastecimiento local y la necesidad de importar azúcar. Paralelamente, se generó un mercado negro, con contrabando hacia países vecinos donde los precios eran más altos.
Hoy, estas políticas se repiten en un contexto aún más desafiante para los productores, quienes enfrentan una grave escasez de dólares para importar insumos, además de problemas con el suministro de diésel, que encarece la producción. En lugar de atender estas dificultades estructurales, el Gobierno opta por medidas coercitivas, poniendo en peligro mercados de exportación estratégicos y, peor aún, atentando contra la propiedad privada.
La confiscación de arroz con intervención de fiscales armados es un hecho preocupante que, además de ser ilegal, puede desatar conflictos mayores. Los productores, aunque han protestado con paros, ya han advertido que no permitirán nuevas confiscaciones.
El problema de fondo es la desconfianza del MAS hacia el libre mercado, que funciona permitiendo que los precios reflejen las condiciones reales de oferta y demanda. Este sistema incentiva la producción cuando los precios suben, ayudando a estabilizarlos en el tiempo, además de fomentar la competencia y reducir el riesgo de desabastecimiento.
Está claro que el libre mercado también presenta riesgos, como prácticas monopólicas y especulativas que terminan afectando a los consumidores más vulnerables. En Bolivia, sin embargo, estos problemas no justifican las actuales intervenciones, dado que la cadena productiva está mayoritariamente compuesta por pequeños y medianos productores, además de numerosos intermediarios y comerciantes.
Aunque el control de precios podría aliviar temporalmente la presión sobre los sectores más pobres, las consecuencias a largo plazo son desastrosas: desincentivo a la producción, desabastecimiento, mercados negros y contrabando. Un enfoque sostenible requiere fortalecer la producción privada, resolver los problemas estructurales y evitar medidas populistas que solo agravan la crisis.
En lugar de continuar en esta línea, el Gobierno debería enfocarse en soluciones reales para superar la actual inflación y evitar que Bolivia siga el camino de economías colapsadas como la de Venezuela, donde las tentaciones socialistas llevaron al desastre. Respetar la dinámica de mercado y apoyar al sector productivo son la única vía para garantizar un crecimiento económico sostenible y evitar un deterioro mayor.
