Los trabajadores de base no se sienten representados por la Central Obrera

Lo atiendo, pero no me grabe ni ponga mi nombre. “Son una élite de privilegiados. Esos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) son unos llunkus -persona que usa su lengua zalamera para buscar algo que no está a su alcance por mérito propio- que jamás defienden los derechos de los miles de trabajadores que viven del día a día porque están sometidos a los intereses partidarios de quienes nos gobiernan”. Así, una trabajadora de hogar, disparó contra la dirigencia sindical cobista, que en estos días formalizó al Ejecutivo el pliego petitorio sectorial que plantea un incremento al salario mínimo nacional de 10% y similar porcentaje a salario básico. 

En la gestión 2022, el incremento al básico fue del 3% y al mínimo del 4%, que implicó un ajuste al mínimo de Bs 2.164 a Bs 2.250.

Refirió que las personas que ofrecen servicios domésticos, como ella, son un grupo vulnerable a un pago justo por el trabajo que realizan. “Muchas mujeres trabajan más de ocho horas, hacen múltiples tareas y reciben una paga inferior al salario mínimo. Lo hacemos por necesidad. En este sector, la ley laboral no se cumple. Dónde están esos caballeritos ‘sindicateros’ de la COB que no defienden a este sector. Nos tildan de informales y qué alternativas ofrecen ellos para generar empleos dignos”, sentenció.

Jacinto Plata, trabajador de la construcción. Hizo notar que una paga decente, en este sector, pasó la historia después de la pandemia del Covid. “Ahora el pago de jornal es ‘rebarato’. Como quisiera integrar ese ‘ejército’ de dirigentes sindicales para vivir dignamente. Ellos siempre viven bien porque se arrodillan al poder”, expresó.

Para el secretario general de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Juan Carlos Vargas, el planteamiento del incremento salarial, tanto al salario mínimo como al básico, es totalmente irracional y pone en riesgo los empleos estables de los propios trabajadores. Expuso que cualquier aumento salarial tendrá que estar en relación al porcentaje de inflación de 2023 que llegó al 3,12 %.

“La dirigencia de la COB responde al interés de sindicatos de trabajadores y poco o nada le interesa la generación de nuevos empleos, como nos ocupamos las pymes en el país. Nunca van a defender los intereses de los trabajadores informales, debido a que este sector no retribuye con aportes sindicales, además que es una competencia desleal de mano de obra barata en Bolivia”, puntualizó Vargas.

En tanto que Wilson Vásquez, presidente de la Conamype Bolivia, indicó que en un ampliado nacional definirán una posición sectorial acerca del pedido de la COB. No obstante, expresó que la economía de los microempresarios del país aún no se recuperó de los efectos de la pandemia y que ahora es el contrabando el mayor enemigo de este sector. Enfatizó este flagelo está provocando el cierre de muchas microempresas y dejando desocupados y en las calles a la mano de obra nacional.

Salustino Acapa, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Cochabamba, expresó que el porcentaje de incremento salarial que demanda la COB no es real ni se ajusta a la coyuntura de crisis que afrontan las mypes. “Aceptar un ajuste del 10% es irracional”, anotó.

 “Deben ser neutrales”

Para el secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles Santa Cruz, Juan Carlos Torrico, el porcentaje de la demanda salarial es una reposición de la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. “Ni el 10% compensa la capacidad de compra, pero somos conscientes de la compleja coyuntura económica del país. Esperemos que el porcentaje que se defina cubra las expectativas y alivie la endeble economía sectorial”, dijo.

Torrico anotó que el estado de situación sectorial es preocupante, a causa de la desocupación que se registra en varias industrias que cerraron o pararon algunas líneas de producción para sobrevivir. “El contrabando está ‘matando’ la industria y sacando a muchos trabajadores a la informalidad, expresó.

El líder del sector fabril cruceño reparó en el accionar de la dirigencia de la COB, dejando entrever que la actual cúpula dirigencial no defiende, con igualdad, a todos los trabajadores. “No podemos mentirnos entre nosotros, ellos responden a intereses partidarios. El dirigente debe ser neutral para defender los derechos laborales de todos los trabajadores, sin distinción”, apuntó Torrico.

En la presente semana, el Gobierno nacional y la COB iniciaron la negociación de las demandas en el tema productivo y de servicios del pliego petitorio, con la visión de consolidar la reconstrucción económica y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las familias bolivianas.

De acuerdo con el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, citado en la estatal ABI, el pliego petitorio sectorial tiene prioridades, entre otras, convocar al congreso educativo “de manera urgente”, la Ley 065 de pensiones y el tratamiento del alza salarial.

Rolando Borda, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, hizo una autoevaluación y reconoció que no existe una independencia sindical y que sectores, como el gremial minorista, está desprotegido. “Estamos coordinando con autoridades para que se les brinden las condiciones que desarrollen sus actividades con dignidad”, dijo.

Actor paraestatal

El investigador laboral que trabajó por más de 24 años en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas, considera que el pedido de la dirigencia de la COB es improvisado, arbitrario y parte de una ‘pantalla’ distractora de las demandas objetivas de los trabajadores relacionadas a la mejora de sus condiciones de trabajo (salarios).

Refuerza que la dirigencia actual ignora deliberadamente la crítica situación de los salarios que se manifiesta en que seis de cada 10 trabajadores asalariados tienen una paga igual o inferior a una canasta alimentaria de Bs 3.100 y que alrededor de un tercio percibe menos a un salario mínimo nacional. “Ignora también que los salarios reales actuales perdieron su poder adquisitivo comparados con el que tenían en 2005”, puntualizó Rojas.

En criterio del investigador, la dirigencia de la COB responde a intereses políticos del actual Gobierno y del Movimiento al Socialismo en un contexto de subordinación y enajenación de las organizaciones laborales y sociales promovidos por esas fuerzas políticas. “La dirigencia actual no responde a los intereses de la clase obrera y trabajadora del país y funge como un actor paraestatal”, reflexionó Rojas.

Para Carlos Arze, investigador del Cedla, la demanda por incremento salarial es racional y real. “El 10% es, en realidad, insignificante a la luz de las necesidades de las familias obreras, de los niveles de salario vigentes, rebajados aún más durante la pandemia, y del incremento de los precios de varios productos. El problema es que el planteamiento de la COB no ha sido consultado con sus bases y responde sólo a la intención de distraer a los sectores laborales que están movilizados por otras reivindicaciones”, afirmó.

A juzgar por él, la cúpula de la COB es una burocracia satisfecha, que no responde a los intereses de los trabajadores, de los asalariados ni de los llamados informales. “Responde a su propio interés de perpetuarse en el cargo y recibir las canonjías del Gobierno. La prueba es que ni siquiera se ha pronunciado respecto a los problemas de los maestros y de otros sectores afectados por la situación económica, el desempleo y las condiciones de trabajo cada vez más precarias”.