28 de abril de 2023, 4:00 AM
28 de abril de 2023, 4:00 AM


Acompañado por los dirigentes de la COB, el presidente Luis Arce Catacora anunció el incremento salarial correspondiente a la gestión 2023: un 5% al salario mínimo nacional y un 3% al haber básico. Definitivamente, el primer mandatario está convencido de que Bolivia atraviesa por un buen momento económico, ajeno a la caída, irresuelta hasta ahora, de las reservas internacionales, a la escasez de dólares o a las dificultades que soporta el sector productivo del país.

El diálogo con los dirigentes sindicales con manifiesta cercanía al MAS tomó cinco horas y todo terminó con mutuas alabanzas. Entretanto, los empresarios que invierten y generan empleo formal y de calidad llevan 17 años esperando ser parte de una negociación salarial equilibrada y razonablemente justa.

En varias oportunidades Luis Arce y su antecesor, Evo Morales, indicaron que por línea política están del lado de los trabajadores; respetable criterio para un dirigente, pero poco atinado para un mandatario democrático que debería gobernar para todos los bolivianos, no solo para los que le dieron su voto o marchan a favor del régimen.

Los pequeños, medianos y grandes empresarios han cuestionado el incremento que no sólo se refleja en las boletas de pago, sino que incide en otras obligaciones como son los aportes al seguro social, subsidios, fondo de vivienda, reservas laborales y otras contribuciones establecidas por ley. En consecuencia, el efecto puede ser muy adverso.

Otro anuncio formulado por Arce y los mineros que apoyan su gestión es presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que la pensión solidaria de vejez suba de Bs 5.000 a Bs 6.000 en el caso de los mineros y de Bs 4.200 a Bs 5.200 para los otros sectores. Nadie está en contra de las medidas solidarias; sin embargo, es pertinente anotar que con este mecanismo miles de jubilados con escasa cantidad de aportes al régimen de pensiones perciben una renta muy superior a la que obtienen trabajadores que aportaron al sistema durante 20, 30 o más años de trabajo. Toda una paradoja que, sin embargo, sirve para que el presidente cuente con el firme apoyo del sector minero.

Finalmente, el tercer anuncio se refiere a la pronta presentación de un proyecto de ley que obligue a la jubilación a los 65 años de edad. “Ya por encima de 65 años, nosotros consideramos que ya no tiene un aporte al sector que corresponde y debería jubilarse”, afirmó Arce.
Entonces, en criterio de la autoridad, ¿Hernán Siles Zuazo, Víctor Paz Estenssoro o Hugo Banzer, presidentes que asumieron el mando con más de 65 años cumplidos, ya no tenían nada que aportar al país? Incluso Evo Morales, convertido ahora en su más acérrimo crítico, tendrá 65 años cuando pretenda candidatear a la presidencia en 2025 ¿será que por cuestión de edad pueda y deba quedar fuera del escenario? En el fondo, nadie puede ser discriminado por razón de edad.

Los adultos mayores merecen atención preferente, es cierto, pero no por ello se les puede limitar el derecho al trabajo, mucho más en este país donde miles de personas laburan hasta exhalar el último suspiro, por necesidad, no por gusto. ¿Qué se puede decir de Arce y sus anuncios? Da la impresión de que el objetivo era recibir el respaldo de los mineros en una coyuntura adversa por las crecientes demandas sectoriales.

En las últimas semanas se han multiplicado las voces que piden una cumbre para lograr acuerdos mínimos por el bien del país, pero el Ejecutivo omite tales pedidos y se apoya en un solo sector. Así se granjean lealtades, pero, definitivamente, no se gobierna.

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