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Luis Fernando Barbery, líder del sector empresarial del país, afirma que la pandemia y la precarización de la economía influyen en la confianza de los agentes económicos con respecto al consumo y la inversión. Habla de falta de comunicación con el presidente Luis Arce y sus ministros del área económica.

 _Anticipan una tercera ola de contagios de covid-19 mucho más virulenta. En ese contexto, ¿cuál es la realidad del sector empresarial del país?
El sector pasa una crisis muy grave, debido al sostenimiento de la pandemia y la delicada situación económica. Estos factores condicionan el retorno a la normalidad, pero, sobre todo, influyen en la confianza de los agentes económicos con respecto al consumo y la inversión. 

En 2020 hicimos una encuesta a empresas del sector, cuyos resultados de perspectivas de crecimiento para este año eran favorables para tres de cada 10 empresas en La Paz y Cochabamba y dos de cada 10 en Santa Cruz. 

Más del 90% considera que 2021 no será propicio para la inversión y más del 60% que no podrá crecer o mejorar su situación. La agenda política impidió que el Estado y los legisladores pongan más atención al control de la pandemia y la recuperación de la economía.

_¿Cuáles son las cicatrices de la pandemia en la operación y el empleo del tejido empresarial?
La crisis del covid-19 fue catastrófica para el sector privado del país. El sector de restaurantes, hotelería y turismo colapsaron; y transporte, minería, construcción, comercio, espectáculos y actividades recreativas, educativas y deportivas, dejaron de funcionar o resultaron gravemente afectados.

Lo más difícil ha sido la pérdida de liquidez que afectó a más del 80% de las empresas. Para enfrentarla, en muchos casos, se ha recurrido a créditos para sostener el gasto corriente; en otros, los propietarios han solventado los pagos con sus recursos, o las deudas se han acumulado; y en casi todos, se han detenido las inversiones y el crecimiento planificados para la presente gestión.

_Se advierte un divorcio del Gobierno con el empresariado del país, ¿han buscado acercamiento? ¿Qué temas urgen para reactivar al sector y la economía?
Más que divorcio, no ha habido comunicación. Hemos pedido a través de cartas, de manera pública y por terceras personas, una reunión con el presidente Luis Arce para dialogar con respecto a la situación económica, lamentablemente, en cinco meses no hemos recibido ninguna respuesta.

Entendemos la intensa agenda política, pero resulta preocupante que ni el presidente ni los ministros del área acepten una reunión con el sector que genera la mayor cantidad de empleos y de impuestos en Bolivia. 

Urge inyectar recursos a la economía para dinamizar la oferta y la demanda y permitir que los sectores económicos reaccionen y se estabilicen. Es importante también lograr acuerdos mínimos en relación a las políticas referidas al empleo, la atracción de inversiones, el control del contrabando y la presión tributaria. 

Necesitamos que el Estado nos brinde las condiciones necesarias para que podamos superar este momento.

_¿El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dice que la inversión pública ha empezado a encender el motor de la demanda interna y reducir el desempleo, ¿cuál es su criterio al respecto?
Ni la inversión pública ni la privada pueden encender el motor de la demanda si la crisis de salud no se resuelve, ni hay señales claras de reactivación y crecimiento. 

Las instituciones del Estado no han cumplido ni siquiera con el pago de las enormes deudas contraídas hace varios años con las empresas constructoras y la gente en las calles está más preocupada por la pandemia y la inestabilidad laboral que en las inversiones o el gasto. 

No podemos ser exitistas y tratar de minimizar el problema que involucra a cientos de miles de familias que no tienen ingresos porque no encuentran trabajo, cuando sabemos que, bajo las actuales circunstancias, el trabajo precario o informal se ha afectado.

_¿La Central Obrera Boliviana (COB) demanda un incremento salarial del 5%, tanto al haber básico como al mínimo nacional para este año, ¿está en condiciones el sector empresarial para asumir ese porcentaje?
Cualquier aumento salarial va a implicar un incremento del desempleo. La crisis de salud no ha acabado y la economía continúa precarizándose aún más. 

La estabilidad de las empresas depende de su situación de liquidez, la capacidad de gasto, la demanda y la producción; todas estas variables han caído a niveles extremos. Las empresas formales estamos sometidas a un aumento irracional en la presión impositiva, la falta de liquidez y la caída de la demanda.

Si le añadimos más presión por el lado del aumento de salarios, un colapso general será inevitable, afectando primero a las mypes y al conjunto del tejido empresarial y emprendedor en el país.

 La desocupación, el empleo precario, la informalidad y el comercio de supervivencia aumentarán de manera incontrolable, igual que la pobreza y la conflictividad. No es una situación normal y el debate no pasa por los porcentajes; lo que está en cuestión son las condiciones que garanticen la sobrevivencia de las empresas.


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