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La jueza Claudia Castro instruyó la anulación y el archivo del caso ‘fraude electoral’, en contra del expresidente Evo Morales y sus excolaboradores, lo que desencadenó el rechazo de líderes de fuerzas opositoras.

El proceso fue abierto por el expresidente Carlos Mesa, pero la resolución 408/2020, emitida ayer, “declara fundado el incidente de actividad procesal defectuosa en parte, y así también de acuerdo al Auto Supremo”, disponiendo la nulidad de actuados al vicio más antiguo.

La jueza argumentó que el Tribunal Supremo Electoral no logró determinar si hubo fraude y que el expresidente Morales debe ser sometido a un juicio de responsabilidades. En tal sentido, anuló el proceso que fue iniciado a denuncia de Carlos Mesa.

El 10 de noviembre de 2019, Evo Morales apareció ante los medios de comunicación en el hangar presidencial de El Alto, rodeado de dirigentes de los sectores sociales, y anunció la convocatoria a nuevas elecciones generales, tras el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recomendaba la repetición de la primera vuelta de los comicios que había ganado, porque se detectó manipulación del sistema electoral.

Morales no citó el informe, prometió que las nuevas elecciones se celebrarían con un órgano electoral renovado. “He decidido convocar a nuevas elecciones”, afirmó.

Poco más de un año después, se realizaron las elecciones y su partido venció por amplio margen en primera vuelta, sin él.

El expresidente estuvo refugiado en México y luego en Buenos Aires por casi un año. El 12 de febrero de 2020, el exmandatario Carlos Mesa, su rival en las fallidas elecciones, presentó en la Fiscalía General una denuncia en contra de Morales, García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce Zaconeta por los presuntos delitos electorales relacionados con el supuesto fraude de 2019. El 10 de agosto de este año, Mesa declaró ante la Fiscalía y ratificó que los acusados cometieron el fraude electoral para evitar la segunda vuelta y perpetuar en el poder a Morales.

La decisión judicial se conoció la tarde de ayer, mientras el exmandatario, hoy jefe de campaña de su partido para las elecciones subnacionales, recibía un sillazo durante un ampliado en Lauca Ñ, en medio de la pugna para definir candidatos.

El exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, comentó al respecto en su cuenta de Twitter: “El MAS rompió la institucionalidad de la Justicia, mató su imparcialidad e independencia. ¿Dónde están los parlamentarios de la oposición? Es lamentable que no estén realizando la fiscalización correcta a este Órgano”, manifestó.

El expresidente Jorge Quiroga, en la misma red social, calificó la decisión judicial como “impunidad vergonzosa para el fraudulento Evo Morales y su caterva en Bolivia. La justicia masista anuló la voluntad popular, expresada en el referéndum 21F-2016. Esa misma justicia ahora anula investigación del fraude del faraón prorroguista”, expresó.

Comunidad Ciudadana, en un comunicado, deploró la decisión política de la jueza Castro, “que refleja una vez más que los operadores del sistema judicial, no solo se mantienen a las órdenes del MAS, sino que han perdido legitimidad y respeto por las leyes y la noble profesión del derecho”.

Consideró que hay una afrenta a la democracia y al pueblo boliviano, que no puede cambiar la verdad histórica de los hechos, “evidenciada por el pueblo y sustentada en informes técnicos de organismos internacionales, que demuestran que en 2019” se cometió un gigantesco fraude electoral , planificado, activado y ejecutado” para beneficiar a Morales y García Linera.

Luego señala que “una vez más queda en evidencia la necesidad urgente de recuperar el sistema judicial del control político.

Y, finalmente, alertó que esta acción es parte de la estrategia deliberada del MAS y sus dirigentes “que intentan posicionar la idea de un falso golpe de Estado, para criminalizar la vida política e iniciar una persecución judicial contra los líderes políticos y sociales, que en noviembre de 2019 y ante el fraude electoral, defendieron la democracia y sus instituciones con movilizaciones pacíficas que terminaron con la renuncia del ex presidente”.

Mientras tanto, la agrupación Creemos optó por el silencio, ante este tema.

Mientras tanto, el MAS manifestó júbilo por la decisión de la jueza, y manifestó que este hecho confirma que lo que hubo en 2019, fue un golpe de Estado.

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