5 de noviembre de 2023, 4:00 AM
5 de noviembre de 2023, 4:00 AM


El tratamiento del reformulado Presupuesto General del Estado (PGE) ha sido postergado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que plantea desafíos significativos de liquidez para el aparato estatal en este momento crítico. Inicialmente programado para su aprobación, el PGE sufrió modificaciones en el Senado que fueron rechazadas en la Cámara de Diputados. La decisión de postergar el tratamiento ha sido justificada, en parte, por la necesidad de abordar la constitucionalidad de las enmiendas y evitar disputas legales futuras. 

Sin embargo, este proyecto normativo ha enfrentado turbulencias desde el principio. Las diferencias surgieron cuando ciertos aspectos, como la posibilidad de que los funcionarios del sistema financiero denuncien movimientos inusuales de dinero, se incluyeron de manera poco transparente. Esto dividió a la Asamblea, con algunos legisladores argumentando la necesidad de prevenir futuros problemas financieros y otros denunciando la inclusión como un elemento de persecución política.

El Gobierno cometió un error al incorporar estas disposiciones no presupuestarias en el PGE. En un contexto político altamente polarizado, cualquier oportunidad de oposición se aprovecha, y esto ha retrasado el proceso.
Las consecuencias son evidentes: los municipios, gobernaciones y universidades públicas sufrirán desfases presupuestarios, lo que afectará sus compromisos de fin de año. Y los retrasos en la aprobación del PGE también son perjudiciales para la dinámica económica del país, que no termina de recuperar niveles óptimos de crecimiento.

El impacto de este desfase es significativo: los gobiernos departamentales y universidades dejarán de percibir Bs 1.200 millones, mientras que el Gobierno central no contará con Bs 4.000 millones para cubrir sus gastos de fin de año. Al municipio de Santa Cruz de la Sierra, en particular, le correspondía recibir cerca de Bs 200 millones, dinero destinado a diversos proyectos que ya se están construyendo.

Las apremiantes necesidades de las regiones fueron, de cierto modo, un argumento para lograr que la normativa se apruebe sin dilaciones, minimizando el hecho de que una gran parte del presupuesto está destinado para el gasto corriente del aparato estatal. Los mismos legisladores “evistas” hicieron notar que más del 70% del presupuesto está destinado al Poder Ejecutivo, y, de ese monto, un 37% corresponde al gasto corriente. “Si querían dinero para pagar sueldos, debían habernos dicho”, dijo un asambleísta que criticó la falta de transparencia.

En esta situación, la sociedad boliviana se pregunta si los legisladores, tanto oficialistas como de la oposición, están poniendo los intereses del país por encima de sus diferencias políticas. En la gestión 2022-2023 que acaba de cerrar, numerosos proyectos de ley y la aprobación de créditos se han postergado, lo que ilustra una gestión legislativa poco productiva, marcada por la división dentro del partido en función de gobierno.

La postergación del PGE es un recordatorio de que es necesario encontrar un terreno común en el proceso legislativo y anteponer los intereses nacionales a las agendas partidistas. En tiempos de crisis, la cooperación es esencial para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de la población.

La espera continúa, y la población boliviana debe mantener un ojo vigilante sobre cómo se abordan estos desafíos económicos y políticos. Las próximas sesiones legislativas serán cruciales para determinar si los intereses de la nación prevalecerán sobre las rivalidades políticas.