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4 de enero de 2022, 5:00 AM
4 de enero de 2022, 5:00 AM

Ariel Basteiro - embajador argentino

El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente.

Este acto de fuerza, llevado a cabo en tiempo de paz, fue inmediatamente rechazado y protestado, y desde entonces todos los gobiernos argentinos han reafirmado ininterrumpidamente sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Vale recordar que Bolivia fue el primer país en solidarizarse con la Argentina luego de la usurpación británica de las Islas Malvinas en 1833. El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Don Mariano Enrique Calvo, manifestó el 14 de junio de ese año: "La ocupación de la Soledad, sin previo reclamo, sin alegar título alguno y sin otro que el apoyo que el abuso de la prepotencia, ha sido en extremo sensible al gobierno de Bolivia, que respetando sobremanera los derechos de toda nación, quisiera que todas ellas se desterrasen las vías de puro hecho, tan contrarias a la razón y a las luces del siglo. En violación tan manifiesta del derecho de gentes hay que considerar no sólo el ultraje hecho a la República Argentina, sino también el desprecio que envuelve hacia las demás naciones americanas”. Al momento, gobernaba en Bolivia el Mariscal Andrés de Santa Cruz, quien envió cartas de protesta a la entonces Reina de Inglaterra y al Primer Ministro, por la usurpación realizada en los primeros días de 1833.

Posteriormente, fue reconocida la existencia de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX), adoptada en 1965, que consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales para encontrar una solución pacífica a la disputa, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas.

En cumplimiento de la mencionada Resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía. No obstante, y pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones.

La comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en 39 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU, así como en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales. La negativa británica se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales. Estas acciones incluyen la exploración y explotación de recursos naturales  -que la Argentina ha rechazado ininterrumpidamente-, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas. Todos estos actos son contrarios a la resolución 31/49 de la ONU y han suscitado múltiples expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.

La Argentina advierte con preocupación que aún hoy se ejercen con discrecionalidad políticas migratorias restrictivas que limitan la posibilidad de establecer residencia, adquirir tierras, contraer empleo o iniciar actividades comerciales o profesionales en las Malvinas, en particular respecto de los argentinos provenientes del territorio continental.

Finalmente, y a 189 años de la usurpación, el Gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre estos territorios, conforme el derecho internacional y respetando el modo de vida de sus habitantes, es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se encuentra plasmado en la Constitución Nacional y constituye una política de Estado.

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