Manipulación de sectores en era de escasez y pandemia

En acto de exhibición de fuerza y, también de desesperación, una franja de uno de los sectores sociales más poderosos de esta fase histórica, los cooperativistas mineros, anuncia que prepara una batalla campal, incluyendo marchas, toma de instituciones públicas -entre ellas el Comando Departamental de Policía- si sus demandas no son atendidas.

De manera muy gráfica, el presidente de la Central (de cooperativistas) Mapiri, ha descrito el 15 de julio, como se propone agitar la sede de gobierno convocando a 80 cooperativas, de las que espera asistirá al menos la mitad, aportando cada una unas 10 personas, que sumarían las 400 para librar una “batalla campal”.
Para no dejar dudas sobre la potencia física y de fuego de este batallón, les recuerda a las autoridades que: “somos expertos en el manejo de explosivos”.

Su advertencia evoca fantasmas y ecos sangrientos, al traer al presente el enfrentamiento que costó la vida de un viceministro de Interior, muerto a golpes, y de cuatro cooperativistas, en agosto de 2016, cuando el sector en pleno se puso en pie de guerra.
La relación entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y los cooperativistas, que han actuado como grupo clave de su base social durante la mayor parte del tiempo en que gobierna al país, tardó años en recuperarse desde aquel momento, y requirió de muchos regalos y ofrendas oficiales.

Los obsequios, privilegios y canales de acceso rápido son algunos de los medios empleados habitualmente por el régimen para ganarse el apoyo de grandes sectores sociales, principalmente de las mayores organizaciones campesinas y algunas de las franjas urbanas que tienen ascendencia campesina, como los cooperativistas, precisamente.

La fortaleza electoral del MAS se explica en medida importante por esta característica corporativista que terminó por sustituir y ahogar el proyecto de construcción de un Estado plurinacional, que debía basarse en la apertura, interacción y aceptación democrática y pacífica de pueblos y sujetos sociales que constituyen nuestro país.

La política corporativista ha estimulado los sentimientos egoístas de cada uno de los sectores reclutados, debilitando el sentimiento de pertenencia y solidaridad colectiva. Pudo hacerlo, sin obstáculos, cuando los recursos monetarios fluían con generosidad en los años de los superprecios del gas, minerales y otros productos de exportación, hasta fines de 2014.

Los beneficios para los sectores corporativos no se restringían a dinero, como ocurrió con el Fondo campesino, sino a la entrega de concesiones mineras, tierras y otros recursos naturales y diversas facilidades y privilegios. Un ejemplo muy claro, referido a las cooperativas mineras, es que el año 2019 exportamos 2.000 millones de dólares en oro, de los cuales el Estado recaudó apenas 50 millones, gracias a la política desplegada por el régimen del MAS.

El costo que tiene este manejo no se mide, única y principalmente, por los privilegios otorgados al sector, detrás del cual se esconden los intereses de empresarios extranjeros que proporcionan capital y maquinaria, sino en la catástrofe ambiental y social que deja la omisión estatal al dejar que “se resuelva espontáneamente”, a corto plazo y precariamente, el desempleo de miles de personas, dedicadas hoy a la explotación aurífera, mañana a la de cualquier otro mineral cuyo precio aumente, en condiciones de ultraexplotación y sin ninguna cobertura social.

Con ella, la contaminación con mercurio y otros tóxicos, avanza desenfrenada y sin control, afectando a gran parte de nuestra cuenca amazónica, mientras se avasallan territorios indígenas, cual es el caso que ha conducido a la amenaza de batalla campal con que se abre este artículo.
Gobernar, agudizando la dinámica excluyente de las corporaciones asociadas, en época de escasez, pandemia y calentamiento global, lleva a incrementar todos los problemas, a dilapidar los recursos con los que debemos y podemos construir una nueva economía y a exacerbar las contradicciones y choques entre sujetos sociales y regiones.
El MAS, como una corporación de corporaciones, intenta manipular a sus adherentes, en beneficio propio y como parte de una estrategia de control y mantenimiento del poder, indiferente a que de este modo rifa nuestro porvenir.

Róger Cortez Hurtado es Politólogo