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Con lágrimas en los ojos Maricruz Ribera, esposa del exalcalde de La Paz Luis Revilla, aseguró que desconoce el paradero de su cónyuge, quien el fin de semana se declaró en la clandestinidad. En su declaración ante la Fiscalía ella señaló que la compra de los buses PumaKatari se produjo el año anterior (2012) a que ambos se conozcan por lo que concluyó que su convocatoria fue “absolutamente política”.

Al salir de la Fiscalía cruceña manifestó que presentó su declaración, “pese a que considero que no correspondía. La acusación en la que se implica a mi esposo fue el año 2012, yo
lo conocí en mayo de 2013
y me casé con él el 14 de diciembre de ese mismo año”, señaló Ribera.

En ese momento se quebró y exclamó que no entiende qué
pasa en Bolivia. “Los que trabajan tanto, pero piensan diferente, son los perseguidos”. Recordó que en varias ocasiones Revilla se presentó voluntariamente a la Fiscalía de La Paz y no le tomaron la declaración. Luego argumentó que estaba enfermo, lo que el Ministerio Público no tomó en cuenta. “La última vez que fuimos a La Paz tuvimos que llevarlo de emergencia a la clínica, y pese a eso ordenaron su aprehensión”.

Clamó para que la justicia sea completamente independiente y que haga lo correcto. “No puede ser que quienes hacen la maldad sean ahora los acusadores”, insistió.

Ribera aludió a quien denunció a Revilla de sacar un sobreprecio de más de $us 20 millones por la compra de los buses. Se trata del expresidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jesús Vera, quien es el principal acusado como autor intelectual de la quema de más de 60 buses el domingo 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

Revilla se declaró en la clandestinidad el sábado a través de una carta manuscrita, en la que también acusó a Vera.
“Hoy me encuentro en la clandestinidad y así estaré mientras sea posible, y sigamos colectando más elementos que confirmen aún más que (Jesús) Vera quemó los buses, nuestros 66 PumaKatari y hoy solo quieren hacer desaparecer ese triste capítulo de la historia de La Paz y de nuestro país y cambiarla por una infamia sobre la licitación de los buses en 2012”, señala una de las partes del manuscrito que dejó el exalcalde.

Luego que el MAS retornó al poder, Vera fue liberado de culpa y pasó de denunciado a denunciante en contra de Revilla. El exalcalde dijo que el dirigente vecinal presiona al Ministerio Público para que lo procese.

También apuntó al procurador general del Estado,  Wilfredo Chávez, de presionar al Ministerio Público para que continúe con el proceso en su contra. “Acudiré a organismos internacionales para demostrar cómo el Gobierno, a través del procurador Wilfredo Chávez, presiona la justicia en contra de quienes no pensamos como su partido", advirtió Revilla.
El procurador no se pronunció.

El exviceministro de Transparencia Jorge Flores Gonzales, el 15 de septiembre de 2016 entregó un informe por presuntas irregularidades en el proceso de licitación, adjudicación y contratación para la “Adquisición de buses para el inicio del servicio de transporte municipal.

En la conclusión principal señala que “como resultado de la revisión de los documentos que respaldan el proceso de contratación, se pudo evidenciar que se dio cumplimiento a cada uno de los procedimientos administrativos establecidos por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el decreto 181 del 28 de julio de 2019, se lee en el texto.

El dirigente del Sol.bo José Luis Bedregal señaló que la detención en Bolivia no es una excepción, sino es una norma en contra de los opositores. Bedregal se refirió también al informe de 2016 que se realizó durante la gestión de Héctor Arce como ministro de Justicia. “Con este informe se confirma que se realizó una investigación y se cerró el caso porque no se encontró ninguna anomalía y remarcó que se contrató a la empresa que ofreció el menor precio”.

Por otra parte, hizo referencia a “los informes de distintas instancias especializadas en los procesos de control de contrataciones evacuado por diferentes instancias, como el Concejo Municipal y su comisión de gestión institucional y administrativa en julio de 2013 señala que la contratación se apegó a las normas vigentes. Recuerdo que el documento está firmado por el concejal Alberto Ramírez, Estaban Yana, y otros del MAS”, complementó.

El diputado Juanito Angulo, del MAS, como la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, coincidieron en que Revilla debía presentarse porque su ausencia es semejante a admitir que delinquió.

Su colega de La Paz, Iván Arias, volvió a brindar su solidaridad por la situación jurídica de su antecesor, pero admitió que forma parte del proceso, solamente para velar por los bienes municipales y vigilar el actuar de la justicia.

“Debemos preservar los bienes públicos. A mí no me interesa Revilla, no me interesa Vera, me interesa preservar el bien público. Eso no significa que la justicia obre de esta manera. Apoyamos que se investigue, no que se cometa este tipo de abusos como la convocatoria de la esposa de Luis Revilla”, manifestó la autoridad. 

El asambleísta de CC, Carlos Alarcón, comentó que la convocatoria de Ribera muestra que “los fiscales actúan como nuevos paramilitares”.



  

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