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Luego de que el director de Planificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan de Dios Fernández, informara que de las 33.480 hectáreas (ha) de tierras que recibió la familia del exministro Branko Marinkovic en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez; 26.246 serán revertidas al Estado, éste se pronunció para decir que este tema lo está dejando “en manos de la justicia y de sus abogados”.

Ayer, la autoridad del INRA explicó que a la familia del exministro le corresponden solo 7.274 hectáreas; 2.274 ha en Laguna Corazón y 5.000 ha en Tierras Bajas del Norte.

“Todo lo que recibirán estos señores son 7.000 hectáreas. El resto de las propiedades vuelven al dominio del Estado boliviano y, dependiendo del suelo, se definirá la categoría de tierra fiscal disponible o tierra fiscal no disponible. Sí, se van a revertir al Estado”, declaró la autoridad a radio Compañera.

En este sentido, 26.206 hectáreas deberán volver al poder del Estado. “Eso sí se revertirían al Estado”, sostuvo, al manifestar que el caso está en proceso de revisión. Además, Fernández indicó que existe evidencia de que esas tierras no se titularon de manera legal.

En contacto con EL DEBER, Branko Marinkovic, exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Jeanine Áñez, dijo que el caso lo está dejando en manos de la justicia y de sus abogados, y que prefería no comentar al respecto. Eso sí, calificó la acción de política.

“Como familia, hemos ganado dos veces en el Tribunal Constitucional y si es necesario vamos a volver al Tribunal porque no debería ser legal, porque esas son decisiones inapelables y además hay una notificación del Gobierno boliviano a la Confederación Internacional de Derechos Humanos donde claramente el procurador informa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos están saneando las tierras. Entonces, no puedo entender cómo en una corte le dicen una cosa y a la prensa otra”, expresó Marinkovic y adelantó que luego sus abogados elaborarán un comunicado más completo.

A su vez, el director de Planificación explicó que hay entre 40 y 46 predios que presentan irregularidades. Son al menos 250.000 hectáreas las que serán revisadas.

Por otra parte, Fernández manifestó que en el gobierno de Áñez se “repitió la estructura de la tierra” como en el pasado y se tituló el 70% de las tierras a favor de empresarios, y un 30% a favor de pequeños propietarios.

Explicó que el 70% equivale a las 700.000 hectáreas de tierra a las que se refirió el presidente Luis Arce, que serán revertidas previa revisión, en particular en las que “encontramos irregularidades”. Precisó que la revisión tiene un proceso hasta que llegue al Tribunal Agroambiental.

Sin embargo, el martes, en contacto con EL DEBER Streaming, el asesor legal del INRA, César Córdova, aseguró que hubo una tergiversación en cuanto a los datos que brindó Arce en San Julián, ya que no son 760.000 hectáreas las que están sujetas a revisión, sino 270.000, y que se trata de predios ubicados en Santa Cruz y Beni.

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