Más de un centenar de predios están avasallados, según productores

Más de 100 predios han sido ocupados ilegalmente, según la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que coincide con la cifra que manejan los líderes cívicos en la provincia Guarayos. 

“No conozco un avasallador con sentencia, basta mirar lo sucedido en Las Londras. Hay abandono total del Estado, ya con sabor a complicidad”, manifestó Salvador Vaca, presidente cívico de Guarayos, provincia que desde hace años es la más afectada por el conflicto de tierras, una problemática que va en escalada desde septiembre de 2021, cuando grupos armados balearon a policías, y en octubre secuestraron y golpearon a uniformados y periodistas.

Vaca está coordinando el Cabildo en defensa de la tierra y el territorio, agendado para el miércoles 14 de diciembre en el municipio de Ascensión, y que contará con propietarios de predios afectados, pero también de cívicos de otros puntos del departamento.

Según Vaca, los predios avasallados van en aumento, dijo que son demasiados. “ Tranquilamente puedo decir que son unos 100, solo en Guarayos”, estimó, y aclaró que, si bien hay unos muy “sonados”, existen casos de gente que no tiene ni para cosechar, menos para desalojar. 

Datos del sector productivo aseguran que son más de 50 los predios avasallados, verificados por el INRA, pero que en la realidad esta cantidad se dispara. “Siete están listos para desalojar, según las autoridades nacionales, pero eso nos dijeron hace varios meses”, dijo uno de los dirigentes, que pidió no ser mencionado porque se encuentra en proceso de saneamiento.

Según él, hay datos que no pueden decirse de forma oficial, uno de ellos, dijo, es que muchos productores están negociando, cediendo hectáreas de tierra a los avasalladores, a cambio de tramitar sus titulaciones en paz.

“Prefieren perder 500 hectáreas. Esta semana, en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hubo gente denunciando que no le permiten sembrar en Guarayos, cerca de Las Londras, los amenazan con que, si no ceden, tampoco siembran”, describió.

Asimismo, dijo que hay como siete predios con orden de desalojo lista desde hace varios meses, y que no se ejecutan. “Encima, el propietario debe correr con gastos del desapoderamiento, que pueden costar entre 20 y 100 mil dólares, y todo eso para que después vuelvan a entrarse”, cuestionó.

Sobre el tema, Magdalena Panduro, directora regional del INRA, afirmó que no ejecutan las órdenes de desalojo, hacen todo el trámite administrativo y envían las notas al Comando de la Policía como resultado de todo el operativo que les corresponde hacer. 

"Pasamos al Comando, que se encarga de coordinar con el Viceministerio de Tierras y otras instancias. Ejecutan ellos, de acuerdo a lo que dice la Ley 477", dijo.

Desde la Policía no quisieron dar detalles de cuántas órdenes de desalojo hay, pero reconocieron que son bastantes.

Los productores consultados por EL DEBER indican que tras el paro de 36 días los avasallamientos recrudecieron. “La impunidad es el premio al cerco a Santa Cruz”, aseguró.

Pero desde el INRA, Panduro, negó que se recrudecieran los avasallamientos tras el paro, como denunciaran también los cívicos de Guarayos. "No creo porque a través de la prensa se conoció que el predio avasallado es El Trébol, y el otro Complejo Turístico Kin, también en Pando, en una concesión de castaña2.
Grecia Yucra es propietaria de El Encanto, un predio rural titulado, avasallado desde 2017, y con una orden de desalojo que ya tiene un año. Explicó que el personal de Inteligencia de la Policía ya hizo tres inspecciones, que le toca la cuarta, y que, adicionalmente, el personal del Tribunal Agroambiental salió de vacaciones, así que seguirá esperando hasta enero.

No respondió sobre el costo económico de este víacrucis, pero habló del desgaste en tiempo, idas y venidas a La Paz, recorriendo varios ministerios, incluido el de Gobierno. “En la Policía hasta nos dijeron que no había personal, eso ya nos rebasó, y el comandante departamental de la Policía, desde la semana pasada, no nos atendió”, compartió.

Fue en El Encanto donde en septiembre del año pasado, un mes antes del suceso de Las Londras, grupos armados balearon a policías. “El cabecilla de nuestro avasallamiento es René Flores Alvarado, de la Regional Guarayos de la ‘Única’ (Csutcb). Ya tiene detención domiciliaria, sin resguardo. Se ríen de la Policía, de todos, saben que están amparados por el Gobierno”, cuestionó.
Yucra denunció, además, que en la parte trasera de su propiedad hay miles de hectáreas de tierra fiscal que fueron revertidas, y que hoy están siendo ocupadas por muchas comunidades, “no se sabe quiénes son”, apuntó.

Para la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en cantidad, los avasallamientos de 2021 y 2022 guardan relación, pero reconocieron que sí se ha incrementado la violencia y la frecuencia con la que actúan los avasalladores.
“El escenario actual acompaña el delito de avasallamiento con los de lesiones graves, intentos de asesinato, secuestro, destrucción de maquinaria y propiedad privada, etc.”, dijeron a EL DEBER.

La CAO coincidió en que la más afectada es la provincia Guarayos, pero puntualizó que zonas que tienden a ser avasalladas también son las que se encuentran cerca de las áreas urbanas, dado que existen municipios que no cuentan con sus manchas urbanas homologadas por el Ministerio de Planificación. 

“Esto ocasiona que personas que se dedican al avasallamiento y tráfico de tierras ingresen a predios productivos de forma ilegal”, argumentaron.
Actualmente, la CAO realiza el seguimiento y el apoyo en 16 casos de avasallamiento, de los cuales ocho corresponden a solicitudes de apoyo efectuadas en la gestión 2021 y ocho de la gestión 2022.
Vaca opinó que este delito está afectando de manera dramática al aparato económico, ya que los predios deben paralizar sus actividades productivas por los avasallamientos, situación que además impacta en el empleo para los originarios.

Según Yucra, se sienten tan perjudicados los trabajadores de las distintas propiedades avasalladas, que han manifestado abiertamente que si es necesario, serán parte de los grupos de defensa.

Aludiendo al cabildo, aseguró que Guarayos ya se está organizando, cada día hay nuevo avasallamiento en la zona y la Policía no actúa. "Ya nos organizamos con nuestros vecinos, si vemos gente entrando a los predios, vamos a salir en defensa de la tierra y de todo lo que tengamos, hasta los trabajadores están dispuestos a defender sus fuentes laborales. Hemos pedido auxilio hasta más no poder, hemos ido a la Policía, a los ministerios", explicó Vaca.

La situación también complica las labores de campo del sector cañero. Los productores se declararon en emergencia y exigieron a las autoridades nacionales restablecer “la seguridad jurídica a las zonas afectadas y tomar severas represalias contra los autores de estos hechos”.

La anterior semana, un grupo irregular tomó predios productivos ubicados en el municipio de Ascensión de Guarayos de propiedad del productor Rudiger Trepp. Los avasalladores, según el reporte del corresponsal de EL DEBER en esa zona, Desther Ágreda, quemaron el campamento de tres galpones, un tractor y una oruga alquilada a un menonita. Además, golpearon a los trabajadores.

Ante esta situación los cañeros, mediante un comunicado público lamentaron que las regiones productoras de alimentos se hayan convertido en zonas de constante conflicto por la presencia de grupos inescrupulosos que realizan actos de terrorismo, “con el único objeto de apropiarse de tierras trabajadas y con derecho propietario, buscando traficar con las mismas creando así una inseguridad jurídica total en la zona”.

INRA no ejecuta desalojos

“No vamos a permitir, desde nuestro Gobierno, que se avasallen tierras, propiedades, sean estas privadas o fiscales”, sentenció ayer en conferencia de prensa el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero.
La autoridad confirmó que en Santa Cruz se iniciaron procesos en contra avasalladores a denuncia de instituciones y personas particulares, de las cuales harán seguimiento para, de esta manera, garantizar la propiedad jurídica y la función social.

“No hubo ningún compromiso para que algunas personas se queden (propiedades), absolutamente. Queremos dejar en claro que el Gobierno cumple con las normas y si hay que aplicar con todo el rigor la sanción a estas personas se lo hará”, sentenció.

A su turno, Eulogio Núñez, director nacional del INRA, dijo que en cuanto al avasallamiento que se registró por un grupo armado en la propiedad El Trébol, en el municipio de Guarayos, se trata de un predio titulado donde la repartición que dirige no tiene una competencia directa. Indicó que los propietarios que cuentan con los predios titulados tienen que acudir a un juzgado agroambiental o al Ministerio Público si registra asentamiento irregular.

“El Ministerio de Gobierno desplazó efectivos policiales a Guarayos y no encontraron a los supuestos avasalladores. Todavía quedan efectivos para cualquier contingencia”, acotó.

Con respecto al asentamiento en la barraca San Miguel, en el departamento de Pando, que dejó un muerto y varios heridos, Núñez dijo que el avasallamiento y el fallecido no se dieron dentro de las 500 hectáreas que tiene un propietario, sino dentro de las 15.000 hectáreas que fueron declaradas por el INRA como no disponibles porque son de aprovechamiento o trabajo para la castaña.
“Está en proceso de investigación, el INRA terminó el proceso de saneamiento en Pando”, puntualizó.

Núñez señaló que el presidente Luis Arce conformó el gabinete de tierras para concluir con el saneamiento de tierras, en el que a la fecha existen 208 casos que están en el INRA.

Además del departamento cruceño, los departamentos de Cochabamba, Oruro, Beni y Pando presentan casos de asentamiento. El viceministro de Tierras respondió que la sanción por este delito va de 3 a 8 años.

Sin competencia estatal

El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, manifestó que el avasallamiento que persiste en el Centro Turístico Kim, donde se encuentra la zona de recarga acuífera en la Unidad de Conservación Parque Lomas de Arena, está ubicado en una mancha urbana, donde la institución que preside no tiene competencias.

Mostrando imágenes del predio privado, Núñez dijo que quienes tienen competencia son los gobiernos municipales, mencionando a la Alcaldía de La Guardia y la de Santa Cruz de la Sierra. La Gobernación cruceña determinó una pausa ambiental en la zona para no poner en riesgo los acuíferos mencionados.