3 de enero de 2023, 4:00 AM
3 de enero de 2023, 4:00 AM

Los días de violencia se apoderaron de Santa Cruz. No hay resquicio para la duda que toda esta confusión se ha institucionalizado en atentados contra la propiedad pública y privada.

El rol de la Policía continúa equivocando el camino de la paz, el orden social y el de brindar seguridad al ciudadano. Se ha transformado en generador de violencia, en provocador del caos a tiempo de engendrar un clima insostenible y condenable.

Es tal el grado de violencia que se ha generado que se tiende a culpar de un lado y de otro como los causantes de los desmanes. Entre encapuchados, atentados y autoatentados Santa Cruz se queda ciega de posibilidades de paz, convivencia y discernimiento verdadero.

Un año que terminó violento y empezó de la misma manera.

El cuadro se completa con desmanes por un lado y bloqueos de carreteras por otro. Sin bien las protestas se han iniciado por la detención del gobernador Luis Fernando Camacho encarcelado por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro a 35 kilómetros de La Paz, el encrispamiento ciudadano devino a consecuencia de un accionar abusivo de las fuerzas del orden. Ahora el pedido de libertad de la primera autoridad departamental se hace extensivo por el territorio cruceño y llega a los fueros internacionales.

Hoy Santa Cruz de la Sierra pareciera ser un campo de batallas con vehículos quemados por las calles y avenidas, instituciones calcinadas, corridas, petardos y balas traicioneras, vestigios de una ciudad en guerra que jamás se han visto.

En cinco días se registraron más de 90 personas detenidas implicadas en destrozos y quemas de instituciones públicas y vehículos en Santa Cruz y 209 heridas, al menos 4 de gravedad.

El rol policial es precautelar por la vida y la seguridad de las personas, pero esta violencia que pulula en las calles no tiene freno por la insistencia de gasificaciones y represiones que no conducen más que a la indignación ciudadana y a un espiral de violencia incontrolable.

El accionar de la institución verde olivo se ha puesto en entredicho una vez más. Ya en los pasados 36 días de paro por el Censo de Población y Vivienda, su desempeño arbitrario y abusivo, contrario a la pacificación y a la seguridad de las personas, quedó demostrado en la retina de los ciudadanos y en las grabaciones personales que regaron las redes y los medios. Hoy, de nuevo, demuestra con quema de motocicletas, de automotores, e incluso con ataques a la prensa, a autoridades y a la ciudadanía en general, que su función ha pasado límites y raya en lo delincuencial.

Este atropello genera indignación en la población que no hace más que ejercer su derecho a la protesta y a la movilización que, como expuso, será permanente y en todo el departamento.

El comandante de la Policía de Santa Cruz y el ministro de Gobierno tendrán que aclarar su rol definitivamente y sincerarse. No será escondiéndose, haciéndose los sordos o tergiversando los hechos. Mientras ejecuten el rol represor e ilegal, el ciudadano seguirá convencido y dispuesto a pelear por sus derechos constitucionales. Hoy Santa Cruz no tiene paz y Bolivia tampoco. ¿Seguirá el Gobierno creyendo que el fuego se apaga con más gasolina? Hacen falta hoy más que nunca cordura y sensatez a tiempo de estar a la altura de los cargos jerárquicos y de los acontecimientos que ya están desbordados.

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