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Durante el año 2020, un total de 2.079.929 hectáreas de bosques se quemaron, pero el 2021, y solo hasta el 24 de octubre, ardieron 2.473.371 hectáreas; esto es 400.000 hectáreas adicionales en comparación con el año anterior. Si consideramos que el periodo de los incendios aún no terminó, ya se puede concluir que este año se quemó mucho más que un año atrás.

Los incendios se produjeron en ocho municipios del departamento y el 58 por ciento del área que se consumió por las llamas corresponde a áreas protegidas por ley, la cual en estos casos no se cumple y se quema como se quema un papel entre la voracidad del fuego.

Según cifras de la Gobernación del departamento, el municipio con más daños es San Matías, que este año perdió 1.182.926 hectáreas, frente a las 417.890 quemadas un año antes.

Entre las áreas protegidas más afectadas, el Área Natural de Manejo Integral (ANMI) San Matías es la que más quemas sufrió, con 896.591 hectáreas perdidas hasta el pasado 20 de octubre. El año 2020, se habían quemado 217.389 hectáreas dentro de esa ANMI.

A nivel nacional, las quemas en áreas protegidas nacionales, departamentales y municipales alcanzaron a 1.453.397 hectáreas hasta el 20 de octubre, sin contar los incendios que después de esa fecha se produjeron en Pilón Lajas y el Parque Tunari de Cochabamba. Esos datos corresponden a la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. La cantidad de hectáreas quemadas en áreas protegidas del país significa un daño al 58 por ciento de las áreas protegidas.

La razón de la enorme cantidad de hectáreas de bosques que se queman tiene relación directa con la presión sobre la frontera agrícola y los nuevos asentamientos humanos. El 50 por ciento de los focos de quema se producen en tierras de uso forestal, el 24 por ciento en tierras agropecuarias intensivas y extensivas, y el 10 por ciento en tierras de uso silvopastoril.

Lo más triste de las cifras de bosques que se llevan las llamas es que en lugar de reducir las cantidades, cada año se destruye un mayor número de hectáreas. Esto quiere decir que el Estado no le presta atención al drama de la tierra, o por lo menos la suficiente preocupación para evitar que el problema sea cada vez mayor.

Ni siquiera las áreas protegidas se cuidan. A este paso, el oriente boliviano en particular se quedará sin áreas protegidas o cambiará el uso de estas para dar paso a zonas de cultivos o asentamientos humanos.

Los mayores esfuerzos de instituciones como la Gobernación de Santa Cruz se destinan al fortalecimiento de brigadas de bomberos, grupos voluntarios, comunidades campesinas preparadas y mayor cantidad de maquinaria desplazada a las zonas de los incendios forestales.

Con ese esfuerzo, se logra controlar el fuego parcialmente, al menos para evitar que las llamas se desborden. Pero si bien es una tarea digna de destacar, aún es de lamentar que los trabajos consistan en apagar el fuego y no en evitarlos.

Si hay alguna manera de prevenir la rutina anual de los lamentos por las quemas descontroladas, seguramente pasa por exigir a instituciones como la Autoridad Boliviana de Tierras, las gobernaciones y alcaldías municipales que hagan una causa común, a través de planes interinstitucionales, para establecer políticas y acciones concretas de prevención, con el establecimiento de sanciones drásticas. De otra manera, nada cambiará, como ya se viene constatando año tras año.

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