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En la última semana, el MAS inició estrategias políticas y jurídicas para liberar a los presos afines a ese partido, a través de un indulto; arremetió contra las Fuerzas Armadas y su jefe nacional habló de expulsar a militantes que son candidatos en otras agrupaciones partidarias. Además, la justicia condenó al candidato opositor a la Gobernación de La Paz, Rafael Quispe, y dispuso que la Policía retome las instalaciones de Adepcoca, que estaban en manos de cocaleros opositores.

Pese a los gritos de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), el oficialismo aprobó el viernes la amnistía para quienes fueron procesados durante el Gobierno de Jeanine Áñez y donde se haya detectado una “vulneración a los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, dentro de su relación directa con los conflictos sociales que se dieron en Bolivia entre octubre de 2019 y octubre de 2020 (por lo que incluiría a quienes fueron procesados por bloquear el transporte de oxígeno entre ciudades y municipios)”.
Y no solo a ellos. También a quienes sembraron terror en La Paz horas después de la renuncia de Evo Morales, en octubre de 2019, y quemaron más de 60 buses Puma Katari, incendiaron las casas de la periodista Casimira Lema y del exdefensor del pueblo y exrector de la UMSA, Waldo Albarracín, entre otros hechos.

CC mandó una carta al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la CIDH para investigar los hechos de violencia ocurridos en 2019, y la agrupación manifestó que con este indulto el oficialismo ya expresaba una sentencia, sin esperar que esta comisión internacional termine su trabajo.

Oficialmente, el GIEI señaló que no se pronunciará sobre la nueva ley de indulto. Por su parte, la embajada de la Unión Europea (UE) en Bolivia, uno de los garantes del diálogo que llevó a la pacificación del país junto a Naciones Unidas y la Iglesia católica en 2019, señaló que tampoco se pronunciaría.
El diputado de Creemos Edwin Bazán aseguró que este decreto es sinónimo de impunidad. “Indultan por terrorismo, sedición, corrupción y narcotráfico”, afirmó.

Complementó que tiene un detalle por el cual se puede favorecer a los exministros de Morales y refirió que acudirán al Tribunal Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad porque consideran que violenta el derecho de otras personas que sí están detenidas sin culpa.

“Lo que está pasando en Bolivia es funesto. El presidente Arce está tomando la justicia en sus manos y le está dando amnistía (…) a quienes cometieron fraude y a los violentos que cercaron ciudades”, dijo y agregó que hasta la exministra Nemesia Achacollo puede ser indultada “porque quieren revisar los casos de hace 15 años y que no tienen sentencia y la plata que nunca apareció va a quedar en el olvido”, aseguró.

El jefe de bancada en Diputados por CC, Carlos Alarcón, acusó al Gobierno de manipular dos figuras de defensa de DDHH, como la amnistía y el indulto, para favorecer a sus militantes.

“Lo que pretende el MAS es generar una situación irregular en favor de Evo Morales y su camarilla porque genera un manto de impunidad sobre los hechos violentos donde ellos fueron los responsables desde el fraude de 2019”, dijo el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.

La diputada por el MAS Betty Yañíquez les respondió: “Ustedes dicen que no hubo golpe de Estado. Cuando a un gobierno constitucional las FFAA y la Policía le piden su renuncia, aquí y en la China, eso se llama golpe de Estado”. Además, aseguró que no se cumplieron los requisitos. “Qué debía hacerse, previamente llenar los vacíos, poner presidentes de Diputados y de Senadores. Nos han hecho creer que se trataba de una situación acorde a la CPE, cuando se pisoteó a la Carta Magna, por eso hablamos de golpe, no por un capricho”.

A pesar de los informes de la OEA y de la Unión Europea, así como de la anulación de las elecciones anunciada por el mismo Evo Morales, la legisladora dijo que no hay sentencia sobre el fraude.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, admitió que la Ley de Indulto y Amnistía lo favorece. “Por ejemplo, yo estoy procesado, tengo cuatro procesos en Cochabamba y en La Paz tengo tres, todo por sedición y terrorismo. No hay ninguna prueba que me haya implicado. Me acusan de estar formando milicias armadas en el trópico, absolutamente falso. Es precisamente por ello que estamos perjudicados”, dijo el tercer hombre del país.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que no se benefician de la amnistía ni del indulto procesados por:
delitos que no admiten indulto, sentenciados a pena privativa de libertad de más de 10 años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

Tampoco se benefician autores de delitos de homicidios o lesiones gravísimas en accidentes de tránsito ni responsables de delitos contra la libertad sexual. No se pueden acoger a este decreto personas que cometieron delitos cuyas víctimas fueron niñas, adolescentes o personas con discapacidad.
Sin embargo, la norma los pone en un acápite diferente, y los diferencia como “perseguidos políticos del gobierno de facto”, a personas que pudieron cometer delitos en ese sentido.

No obstante, avanzan los procesos contra militares y opositores al Movimiento Al Socialismo.

Militares

Esta semana, la justicia convocó al general en retiro Luis Fernando Valverde, acusado de ordenar el retorno de mecanizados que escoltaban el convoy de cisternas que había salido de la planta de Senkata durante los conflictos de octubre de 2019, pero no se presentó en El Alto para la audiencia, bajo el argumento de que padece de una crisis hipertensiva certificada por médico.

En ese marco, la justicia determinó suspender el acto procesal.
También se anunció la imputación del excomandante de las FFAA, Sergio Orellana, por el mismo hecho. La audiencia de Valverde fue fijada para realizarse de manera presencial en un juzgado de El Alto. En la misma se debía resolver un incidente presentado por el imputado y, en caso de rechazarse, se procedería la audiencia cautelar para la cual la Fiscalía había pedido su detención preventiva, reportó Erbol.

Valverde, que radica en Cochabamba, presentó a través de su defensa legal un memorial para informar a la autoridad jurisdiccional de su diagnóstico de crisis hipertensiva. El certificado médico es suscrito en Cochabamba y señala que el militar en retiro tiene síntomas de malestar, dolor, náuseas, por lo cual se le diagnosticó crisis hipertensiva y se le otorgó cinco días de reposo. El militar denunció que personal del Ministerio Público fue a su casa para tratar de verificar su estado de salud, por lo que presentará un recurso de Acción de Libertad.

Valverde fue imputado por el delito de homicidio, porque –según la Fiscalía- habría ordenado el despliegue militar que habría derivado en la muerte de 10 personas durante la jornada de violencia del 19 de noviembre de 2019 en inmediaciones de la planta de Senkata.

La defensa rechaza la tesis de la Fiscalía, bajo el argumento de que Valverde estaba como civil, en el cargo de director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por lo cual no tenía mando militar.

En esta causa han sido incluidos tres exministros del anterior Gobierno: Arturo Murillo, Fernando López y Víctor Hugo Zamora, todos opositores.

Condena a Quispe

Cinco años y nueve meses tardó el juicio que instauró la dirigente campesina Felipa Huanca en contra de otro dirigente campesino de la oposición, Rafael ‘Tata’ Quispe, que ahora es candidato a gobernador en La Paz, tercero en las encuestas recientemente divulgadas. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer condenó a dos años de prisión a Quispe, aunque la ley prevé que las condenas menores a dos años no tienen encierro, el efecto principal es que una persona que tiene sentencia ejecutoriada no puede ser candidato, y Quispe postula a la Gobernación de La Paz.

La denuncia era por acoso político, ya que Huanca dijo que por acciones de Quispe ella perdió las elecciones subnacionales de 2015 cuando se presentó como candidata a la Gobernación de La Paz.

Adepcoca

El jueves, una resolución de la Sala Constitucional Cuarta de La Paz mandó a la Policía a tomar los predios de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) y entregarlos al grupo afín al MAS, encabezado por Elena Flores. Los dirigentes cocaleros llamaron a sus bases a defender la sede de los cocaleros de Yungas, que estaba en manos de la oposición.

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