Escucha esta nota aquí

El MAS inició al menos tres querellas en contra de políticos, cívicos y autoridades cruceñas por causas del conflicto que se generó el 24 de septiembre después de que la wiphala fuera retirada del mástil de la plaza principal. El símbolo fue izado en los actos oficiales de la efeméride de Santa Cruz a pesar de que, según el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, existía un acuerdo previo para no hacerla flamear, así como tampoco la bandera del Patujú.

La wiphala fue retirada del acto y eso desató una ofensiva judicial contra el gobernador Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y otros políticos cruceños. Otro proceso está en veremos porque Camacho impidió el uso de la palabra al vicepresidente David Choquehuanca en ese mismo acto. Mientras que un dirigente de la Conamaq que resultó ser policía se sintió agredido por Rómulo Calvo y lo denunció por racismo y discriminación.

De hecho, lo ocurrido el viernes en la plaza ha generado el pico más alto de polarización después de lo ocurrido entre octubre y noviembre de 2019. Además, volvió a colocar en el tapete el caso del supuesto golpe, y la exigencia de que José Luis Camacho, padre del gobernador, sea citado a declarar.

Las tres denuncias

El lunes en La Paz, una marcha exigió respeto a la wiphala y que se procese a Luis F. Camacho y a quienes bajaron la bandera. El amauta Marcelino Cancari pidió que se procese al gobernador cruceño, porque él fue quien ordenó el retiro de la wiphala de los mástiles de la plaza 24 de Septiembre.

El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que deshonrar un símbolo patrio, como la wiphala, es un delito que tiene pena de dos años. Esta acción será dirigida contra los autores, “pero también entrarán el gobernador y el presidente del Comité Cívico como cómplices e instigadores, ambos tienen responsabilidad en el caso”.

De hecho, la bancada del MAS, formalizó ayer por la mañana una denuncia. El memorial acusa a Camacho, a Calvo, al presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, José Carlos Gutiérrez, a Adalid Farel Moreno y a las asambleístas departamentales Lisset Durán y Keyla Fernández por los delitos de racismo, discriminación, incitación al racismo y la discriminación y ultraje a símbolos patrios.

Una de las acusadas en este caso, Keyla García, de Creemos, dijo que se presentará donde se la convoquen, pero lo único que hizo fue proteger a la wiphala, al ver la molestia de la población y para evitar que se dañe este emblema. Denunció que meter la wiphala fue un acto de provocación del MAS, porque se había acordado en las reuniones preliminares de protocolo, entre el Gobierno y la Gobernación, que solo se incluiría la bandera boliviana y la cruceña.

Complementó que no se denigró la bandera, sino que se la resguardó para que posteriormente un grupo de jóvenes entreguen la bandera a un militar.

En la misma línea, el presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, relató que se había llegado a un acuerdo con el vicepresidente David Choquehuanca de que no se iba a izar ni la bandera wiphala ni la de Patujú en los actos protocolares, y recalcó que el Gobierno provocó esta situación, porque de alguna manera la bandera apareció.

De hecho, hay un video que muestra el momento en el que un integrante de la Unión Juvenil Cruceñista entrega la wiphala a un uniformado. En ese material que circula en las redes sociales se ve que le pasa la bandera en una actitud protocolar, la entrega doblada y luego se lleva la mano derecha al hombro, en señal de respeto. El militar le da la mano y se retira en medio de aplausos.

La bandera no debió estar en el acto. “Se informó a Eduardo del Castillo que no se podía izar la wiphala por ser un aniversario departamental y, pese a ello rompió el protocolo, (realizó) un acto desafiante y ofensivo. El ministro Del Castillo saca de su bolsillo doblada y maltrecha una wiphala que se la entrega al vicepresidente (Choquehuanca), mismo que posterior procede a izarla”, explicó Calvo.

El presidente de la Brigada, José Carlos Gutiérrez (Creemos), también acusado, dijo: “Que quede claro que como cruceño voy a defender a Santa Cruz como a los símbolos de mi tierra oriental”.

Señaló que los “racistas, discriminadores y separatistas son los calamitosos masistas. Sus diputados no quieren a Santa Cruz, la odian, quieren más a su partido, al MAS y a Evo, son calamitosos”.

El presidente Luis Arce exigió respeto a la whipala. Dijo que hay preocupación sobre algunas personas que no acaban de entender su significado. “La wiphala se respeta, porque es el lenguaje, la historia, el resumen de la lucha de nuestros pueblos y no se borrará con el capricho de un grupo de personas, con una intención, con una paradita de gallo viejo”, dijo. Sin embargo, admitió “el regreso de algunos sectores racistas que nunca entendieron que Bolivia son nueve departamentos. Santa Cruz no es la hacienda de nadie, es de todos los bolivianos”, recalcó.

Rómulo Calvo está a la espera de ser convocado. No se arrepiente de no haber saludado a las autoridades. Recalcó que no estaba programado que esté la wiphala. “Somos respetuosos de los símbolos patrios, recordemos que, en el cabildo del 12 de noviembre de 2019, cuando escapó el dictador (Evo Morales) nuestro presidente cívico (Camacho) alzó la whipala en El Cristo, pidió respeto y fue aplaudida por todo el pueblo. Hacemos recuerdo de eso al Gobierno. Sin embargo, el izamiento de esta bandera el 24 de septiembre no correspondía. Lo que hizo el Gobierno fue una falta de respeto y provocación. Yo protesté pacíficamente, pido la renuncia de Lima y de Del Castillo, basta de persecución. Espero que me convoquen a declarar, tendrán que demostrar sus acusaciones”, dijo.

Ayer, en la plaza Murillo, un grupo de ciudadanos abucheó a los diputados Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), y a otro asambleísta por cuestionar el uso político de la wiphala. Le bajaron el barbijo, mientras gritaban golpista y le exigieron que bese la wiphala. Ambos asambleístas denunciaron que la Policía no los defendió.

El viernes el gobernador Camacho, efectivamente le negó la palabra a Choquehuanca. El ministro Lima señaló que cometió el delito de estorbar o impedir el ejercicio de funciones públicas, y que dependerá de Choquehuanca, si inicia o no la acción penal.

Camacho, por su parte, aseveró que hizo respetar a su pueblo. “Nosotros defendimos a Santa Cruz de tanto abuso. El regalo es la consecuencia, la lealtad. Había un compromiso, solo las banderas de Bolivia y la cruceña, y Choquehuanca sacó una bandera de debajo del brazo. En momentos de tanto daño querer imponerla es una falta de respeto. Todos tenemos distintas culturas, distintas visiones. La bandera fue entregada a un militar, no se la destruyó”.

Sin embargo, el gobernador admitió que fue por ese motivo que decidió no darle la palabra a Choquehuanca en el acto.

Otra arista tiene que ver con Iver Valenzuela, dirigente de Conamaq que denunció a Calvo porque le habría dicho, cuando se acercó a poner una ofrenda, que “no era carnaval para que se vista así” y denunció que Adalid Farell, lo golpeó con chicote. Luego fue identificado como policía. El Ministro de Gobierno, Eduardo del castillo dijo que no lo era. Pero luego, el comandante de la Policía, Johnny Aguilera, admitió que sí lo era, aunque ya no está en servicio activo desde 2019. Pero, su última declaración jurada ante la Contraloría es de 2020, lo que pone en duda que esté en reserva.

“Fue desvinculado por trámite de jubilación y tiene derecho a dedicarse a lo que le parezca. No forma parte de la Policía. Expresaba su sentimiento y tiene derecho”, dijo ayer el jefe policial.

Comentarios