Más obras de infraestructura y menos plantas estatales

Durante los festejos por la efeméride departamental el pasado 24 de septiembre, el gobierno nacional, la gobernación cruceña y el municipio capitalino, lucieron sus mejores galas presentando sus proyectos de inversión pública en beneficio del Departamento y su Capital. La desigual competencia de quien luce más atractivo a los ojos del pueblo se vio claramente diferenciada por el tamaño de la billetera que portan, más que por la valía y trascendencia de sus  propuestas.

Empezando por el Municipio de Santa Cruz de la Sierra, las ofertas grandilocuentes de mega proyectos en el área metropolitana, se desvanecen en la eufórica improvisación del Alcalde municipal. Las grandes vías de comunicación como la avenida costanera al borde del  Piraí o el tren metropolitano, se desploman ante la falta de estudios de factibilidad técnica, económica y medio ambiental, mientras la ciudad sucumbe ante la ausencia de soluciones de largo plazo a los problemas del desordenado tráfico vehicular, la basura e higiene y el mercado persa en el que convirtieron a Santa Cruz los gremialistas.

Por su parte la Gobernación cruceña en su lamento eterno. Con su primera autoridad encarcelada en los calabozos del poder a más de 4000 m.s.n.m., con los recursos limitados por el centralismo solo alcanzan a proponernos esperanzas de cambio, no sé si para estar mejor o peor, considerando los actuados en el gobierno transitorio entre 2019 y 2020. No obstante, los planteamientos de profundización de la autonomía, la distribución equitativa de los recursos con un nuevo pacto fiscal, junto con la profundización de la democracia representativa a través de la implementación de los resultados del censo, son cuestiones de justicia social que la región reclama de manera vehemente. 

El Gobierno central hizo la presentación de sus mejores galas con ofertas que solo encantan a los incautos, con inversiones públicas de nuevas plantas gubernamentales del mismo o mayor calibre que las ya instaladas en el país y que han resultado en elefantes blancos o monumentos al despilfarro y la incapacidad no solo en la gestión de la inversión, sino en la puesta en marcha, tal el caso de las extintas empresas públicas de Lacteosbol (lácteos y derivados), Enatex (textiles), Boltur (turismo), la Empresa Constructora del Ejercito, las deficitarias plantas de acopio de granos o los ingenios de Bermejo y San Buenaventura.

Según investigación publicada en el Libro “Solo Ruido nada de Nueces” realizada por Julio Linares, editado este año por la Fundación Pazos Kanki, pasamos de 18 empresas estatales en 2007 a 56 empresas inscritas en el PGE 2022, las cuales consumieron el 6,5% del presupuesto, contra el 3,6% que se asignó a las nueve gobernaciones del país, esto sin tomar en cuenta el presupuesto asignado a YPFB que por sí solo representa casi el 21% de las asignaciones. En total las empresas públicas presupuestaron ingresos por 13.600 millones de dólares y solo ejecutaron el 75% equivalente a 10.200 millones de dólares.

No obstante los resultados negativos de la mayoría de las empresas públicas, la apuesta pretende redoblarse con plata ajena. La oferta presentada por el Gobierno en las fiestas septembrinas, cual Menú Gourmet para privilegiados comensales incluye lo siguiente: Planta de transformación de aceites reciclados en La Guardia, Planta de biodiesel en la ciudad capital, Planta de bio insumos en Pampa Grande, Planta de Compostaje en Mairana, Planta de sub productos de soya en San Julián, Planta de alimentos balanceados en Cuatro Cañadas, otra planta de silos en Pailón, Molinera de trigo en Pailón, Planta procesadora de hortalizas en Comarapa, Planta de almidón y harina de yuca en San Ignacio, Planta procesador de café en Buena Vista, Planta siderúrgica Mutún, Planta procesadora de frutas en Yapacani, Planta de Alcohol Anhidro en base a sorgo, Planta desmotadora de algodón, y por si fuera poco, otra planta de amoniaco y urea en Puerto Suarez.

En total 17 nuevas plantas estatales cuya construcción y equipamiento está garantizada por adjudicación directa, pero con la puesta en marcha y continuidad de operación tan incierta como su rentabilidad o beneficio socio económico. Sin duda esta resulta la mejor forma de gastarse los ahorros de los trabajadores ahora en manos de la Gestora Publica o de endeudarnos para hacer fiestas privadas en empresas públicas, donde el beneficio efímero solo alcanza al entorno del poder circunstancial.

Por el otro lado, son contadas las obras de impacto económico y social de carácter transversal para la economía regional, como la conclusión del parque de energía eólica en Warnes  y la carretera San Ignacio – San José en la Chiquitania. Ausente del programa de inversión pública están la Carretera y Ferrovía Motacusito – Puerto Busch, el dragado del Canal Tamengo, la construcción de un puerto multipropósito en Puerto Busch, la doble vía Santa Cruz – Pailón, la ampliación del Aeropuerto Viru Viru, la conclusión de la ferrovía Montero – Bulo Bulo, la Hidroeléctrica de Rositas. También ausente de los planes inversión está el aumento de recursos para exploración de campos gasíferos para alimentar las industrias ya existentes y las nuevas plantas privadas ya instaladas que aún esperan por autorización para la provisión de gas natural. Estas son las inversiones que la economía regional precisa, más que nuevas plantas estatales deficitarias.