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Tras la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, los colegios médicos de cada departamento se reunieron de forma virtual en el Consejo Nacional de Salud (Conasa) y determinaron un paro desde hoy hasta el 28 de febrero. La medida incluye movilizaciones a escala nacional.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, aseguró que ya se agotaron las instancias de diálogo, pues se mandó carta al poder Legislativo y Ejecutivo y no tuvieron éxito.

“Lamentablemente vemos que prima la soberbia, el hecho que tienen mayoría en el Poder Legislativo. El Gobierno quiere amedrentar al sector salud. No podemos seguir permitiendo que nuestros colegas sigan exponiendo su vida y las autoridades no asuman medidas de contención”, insistió.

El artículo 19, que se refiere a la prohibición de la suspensión de los servicios de salud está entre los observados, al igual que el 7 y el 8, que establecen la creación de un Consejo Nacional de Emergencia y su conformación. Sobre este último, los médicos consideran que es una réplica del gabinete de ministros.

Cáceres agregó que cuestionan que esta ley tenga tuición de declarar emergencia solo en un departamento o en un municipio.

“Ya no pedimos la modificación de artículos, pedimos la abrogación”, insistió.

Rocío Rivero, del Colegio Médico de Santa Cruz, indicó que no se puede asumir un derecho vulnerando el derecho del resto de la población. “Si se aprobó una norma sin modificar los artículos atentatorios de la salud, tendremos que asumir las medidas”, remarcó

El ejecutivo de la Federación de Sindicatos Médicos de La Paz (Fesirme), Fernando Romero, señaló que lamentan que las autoridades no entiendan con notas de convocatoria al diálogo. “Estamos cansados de una irracional ingratitud para con nosotros”, insistió.

Descartan abrogar norma

El ministro de Salud y Deporte, Jeyson Auza, remarcó que dialogaron con los médicos antes de promulgar la ley e incluyeron a la norma las observaciones, con lo que dejó claro que se descarta abrogar la norma.

“Nos comprometimos a incorporar a la ley sus observaciones (de los médicos) nosotros hemos cumplido y ellos se comprometieron a suspender sus medidas de presión que estaban anunciando. Nosotros cumplimos y en el marco de la honorabilidad esperamos que ellos cumplan”, sostuvo.

La autoridad remarcó que la Ley de Emergencia es una ley solo referida a la pandemia que evita que se suspendan los servicios de salud.

“Hacemos un llamado a la racionabilidad del gremio médico”, dijo Auza a tiempo de llamar al diálogo al sector para trabajar en la reglamentación.

Mientras, el presidente del Estado, Luis Arce, pidió a los médicos dejar de lado las medidas de presión y trabajar en el plan nacional de vacunación.

“Ese nuestro plan de vacunación donde queremos que todos participen, el personal médico, que tomemos conciencia y recuperemos el juramento hipocrático para el pueblo y en beneficio del pueblo boliviano, que no pongamos intereses personales, grupales, sectarios sobre los intereses del pueblo boliviano, es más importante por supuesto el bien común que el interés de unos cuantos”, dijo.

Apoyo y rechazo

El Monseñor Ricardo Centellas Guzmán, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana pidió a los sectores médicos y autoridades del país buscar espacios de diálogos para así unificar criterios y salvar vidas.

“Toda Ley siempre puede cambiar. (hay) Que buscar espacios de diálogo para llegar a consensos para que no tratemos de perjudicarnos entre bolivianos sino ayudar para que todos marchemos colaborándonos entre todos”, sostuvo a tiempo de agregar que espera que en la reglamentación se logre un acercamiento entre ambos grupos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó el paro médico que organiza el Conasa ante la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Es importante resaltar que el derecho a la protesta puede ser limitado cuando se trata de proteger un bien jurídico mayor como es la salud de la población, y las amenazas de un paro indefinido se constituyen en un riesgo a la salud de los bolivianos”, indicó en el documento publicado ayer. En este escrito también se enfatiza que el Gobierno nacional debe convocar al diálogo para así cumplir con su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud.

El Comité Pro Santa Cruz también emitió un pronunciamiento en el que ratifica su apoyo a las medidas asumidas por el Conasa “ya que prohíbe la protesta de los salubristas y faculta a las autoridades a contratar personal que estudio en el exterior”.

En el documento de la institución cívica cruceña se agrega que “con esta ley, el Gobierno nacional intenta coartar y atentar contra los derechos de los ciudadanos que trabajan en la salud, así como lo hizo en el nuevo Código de Sistema Penal”.

ARTÍCULOS CUESTIONADOS

ARTÍCULO 19
Durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, no podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud.

ARTÍCULO 7
Se crea el Consejo Nacional Estratégico para Emergencias Sanitarias, como una instancia consultiva y decisoria, multidisciplinaria, encargada de la articulación y coordinación interinstitucional de las políticas públicas adoptadas para la atención de emergencias.

ARTÍCULO 36
“Las sanciones de carácter pecuniario, darán lugar a la imposición: a personas naturales, desde UFVs 50 (Unidades de Fomento de Vivienda) en los casos más leves; hasta UFVs 1.000, en los casos más graves; mientras que a personas jurídicas, las multas son desde UFVs 1.000 en los casos más leves, hasta UFVs 10.000 en los casos más graves. Estas sanciones se establecen para los diferentes incumplimientos a cada uno de los artículos previstos en esta norma que aguarda reglamentación.

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