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15 de diciembre de 2023, 3:00 AM
15 de diciembre de 2023, 3:00 AM

Este diciembre se cumplen 10 meses de una escasez de dólares que se profundiza en Bolivia. Una de las últimas medidas desesperadas del Gobierno para captar la moneda extranjera ha sido obligar a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) a que repatríen sus inversiones en el exterior. Solo pueden destinar un 5% de su capital al mercado internacional.​

La caída de las reservas internacionales netas por el aumento de las importaciones de combustibles, el pago de la deuda externa y las importaciones, deriva en una menor disponibilidad de la divisa. Entonces, de acuerdo a la normativa, las SAFI deben vender sus inversiones de aproximadamente $us 500 millones en el extranjero por obligación, no por estrategia de inversión. Medida que ha sido cuestionada por expertos debido a que se trata de empresas privadas que están obligadas a generar rentabilidad.

Es evidente que por el afán de cumplir con la norma, muchas inversiones deberán quedar truncadas, seguramente con pocas ganancias o pérdidas por venta anticipada. Además, los dólares deberán cambiarse por Bs para reinvertir en Bolivia. Con mayor riesgo y menor rendimiento en muchos casos.

Son este tipo de medidas las que ahuyentan las inversiones privadas nacionales y extranjeras en Bolivia. ¿Qué garantía puede tener una compañía internacional de que se respeten sus inversiones y se garanticen sus operaciones? Si a gusto y conveniencia del Gobierno se cambian las reglas de la noche a la mañana.

Ya el año pasado, el Gobierno -a través del Banco Central de Bolivia (BCB)- estableció que las entidades con participación mayoritaria del Estado debían repatriar al territorio nacional sus inversiones y recursos depositados en el exterior en un plazo máximo de 60 días.

Asimismo, en los reportes de la Bolsa Boliviana de Valores se fueron distribuyendo en dólares las utilidades de empresas estatales de años anteriores con premura. Y es que nunca habrá un límite para acumular dólares cuando se importa gasolina a razón Bs 10,5 o 11 el litro para vender a Bs 3,74. Todo con el objetivo de mantener baja la inflación de manera ficticia.

Esta situación complicada provoca que el estado de las reservas se conozca cada cinco meses y con atraso, cuando era información semanal que se difundía en la página web del BCB.

Lo último es que al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, se le ha ocurrido que la Asamblea Legislativa trabaje una normativa para que las entidades bancarias informen a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y al Banco Central el destino de los dólares que reciben del BCB y de remesas del exterior. Esto demuestra el desconocimiento de las normas por parte de la mencionada autoridad, porque el BCB tiene un formulario de solitud de dólares a los bancos donde indican los motivos, y de las remesas se pide información de adónde se destinan los recursos, ya que es una norma de la Unidad de Investigaciones Financieras.

La salida rápida y menos desesperada a esta situación debiera ser suspender las trabas a las exportaciones, liberar la importación y venta de combustibles para que participe el sector privado y de una vez atraer inversiones garantizando la seguridad jurídica.

Hasta el momento, las acciones del Gobierno, vía el BCB y la ASFI, afectan a las operaciones de inversiones privadas y confiscando recursos ajenos. Un mal precedente.

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