Mendoza sigue como militante del MAS y la ‘U’ no inició proceso

El caso del exdirigente universitario Max Mendoza parece haberse quedado en el olvido de quienes lo lapidaron por los presuntos actos de corrupción y usurpación de funciones. El MAS, el partido que lo acogió en actos de campaña y otras reuniones, aún no inició un proceso disciplinario ni tampoco el sistema universitario que había anunciado su expulsión.

“Nosotros, en ningún momento hemos defendido y, peor, respaldado (a Max Mendoza). Creo que tampoco tiene la militancia, no hemos podido comprobar porque necesitamos su carnet de identidad. No tiene la militancia y, por lo tanto, no podemos sancionar o castigar de acuerdo a nuestro estatuto”, afirmó el vicepresidente del MAS, Gerardo García, en contacto telefónico con EL DEBER.

Sin embargo, una verificación en la página oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a partir de los datos públicos del universitario de 52 años, evidencia que Mendoza aún es militante del partido oficialista, cuyo registro data desde el 17 de junio de 2018.

En mayo, García llamó “abuelo” al entonces presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y lo cuestionó por no dar oportunidad a otros jóvenes de asumir la dirigencia de los universitarios. Incluso anunció que si estaba inscrito como militante iba a ser apartado, pero a la fecha ni siquiera verificaron el registro.

El exdirigente tenía una “amistad” con el jefe del MAS, Evo Morales, con quien se reunió unas 60 veces durante su gestión como presidente. Según el rector potosino, Pedro López, el estudiante era el enlace para agendar reuniones con los ministros de Evo.

El caso de Max, quien estuvo 33 años en la universidad y sin ningún diploma, se polemizó a raíz de la muerte de cinco jóvenes en una avalancha en medio de una asamblea estudiantil en Potosí. Según Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), el atentado ocurrió por el afán prorroguista de Mendoza y sus adeptos.

La tragedia se suscitó en mayo de este año, 15 días antes del Congreso de Universidades, el fin habría sido suspender este acto como ocurrió en 2018 con la muerte del universitario alteño Jhonatan Quispe.

Sin embargo, la indignación logró que el congreso se lleve a cabo en medio de irregularidades y que no emitió sanciones a Mendoza, solo un anuncio con la intención de expulsarlo.

“Una decisión unánime de todos los rectores es hacer conocer la expulsión de Max Mendoza, quien era representante estudiantil, también del representante docente, que era Rodrigo Rodríguez, y también de la autoridad de este momento, que era el doctor Juan Bohórquez”, leyó el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia.

Pero el procedimiento universitario no es tan sencillo, se requiere de un proceso universitario e investigaciones que deriven en una sanción al infractor, así lo confirmó el rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF).

“Tenemos un congreso en Pando a fines de noviembre y con seguridad ahí se tomará la decisión porque es la instancia máxima”, aseguró López y dijo que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) se encarga de la organización.

Carlos Salinas, el presidente de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD), informó que se emitieron resoluciones desde el Consejo de Dirigentes que habría tomado la decisión de desconocer y expulsar a Mendoza, aunque no existe un comunicado público.

Este medio intentó corroborar la información y se contactó con Freddy Mendoza, actual ejecutivo del CEUB, y con Walter Nakashima, dirigente interino de la CUB, pero ninguno respondió.

En tanto, las investigaciones avanzan de forma lenta, informaron dos denunciantes en el caso.

Beymar Quisbeth, uno de los afectados directos, informó que el exrector de Potosí Juan Justo Bohórquez recibió detención domiciliaria.

“Hace tres semanas he pedido que se amplíe la investigación a los que eran parte de la CUB. Yo veo el caso de Sucre y del señor Ubaldino Padilla quien ganaba Bs10.000 y fue beneficiado por Max. Pero avanza lento, pese a los descargos, y tuve que pedir al fiscal general atienda el caso”, explicó el estudiante chuquisaqueño.

El diputado Marcelo Pedrazas, de CC, también está a la espera de los informes económicos de las universidades que pidieron prórroga.

En el caso de las investigaciones por las muertes de cinco estudiantes, cuatro en la avalancha y una que no logró recuperarse, no se conocen mayores elementos del caso. La fiscal Roxana Choque atendió a EL DEBER, pero dijo que no podía brindar una entrevista en ese momento.

Cuando se consultó sobre el proceso al rector Pedro López, parte querellante, respondió: “¿qué universitarias?”, y este medio le recordó la tragedia.

“Está en manos de la justicia, están haciendo sus audiencias. Los autores están recluidos en la cárcel. Nosotros nos hemos presentado como damnificados. Hay un abogado que lleva las audiencias, hasta ahí es lo que podemos hacer no tengo nada más que opinar. No conozco si hay nuevos elementos”, dijo.