El conflicto por el derecho propietario y por la disponibilidad de agua para las futuras generaciones se ha convertido en un emblema de lucha en las últimas semanas; sin embargo, según los expertos en medioambiente, planificación urbana y legislación, todo esto es ocasionado principalmente por las autoridades llamadas a cuidar el entorno.

Detrás de las acciones equivocadas -creen- entran factores que van desde el desconocimiento hasta el incumplimiento de deberes, e incluso corrupción e intereses políticos.

El coyuntural caso de la propiedad Kim evidencia la presión que se ejerce sobre zonas de gran sensibilidad ambiental, tanto de parte de los avasalladores, como de las promesas electorales de urbanización y servicios que nunca llegan.

Damián Vaca, experto ambiental del Complejo Turístico Kim, cuestionó que sea más fácil aprobar una urbanización y cerrar un curso que evaluar las consecuencias. “Se me paran los pelos cuando hablan de metropolización sin resolver problemas básicos. Invito a la población a revisar las licencias ambientales de las urbanizaciones, estamos alterando todo”, cuestionó.

Vaca aseguró que el modo de operar en la zona de amortiguamiento de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Lomas de Arena, tapando con basura las lagunas, es el mismo que se hace con Guapilo y el arroyo Los Sauces, por la G77, para después empezar a construir.

“Están ofreciendo urbanizaciones en zonas donde legalmente no se debería edificar”, explicó. Uno de esos puntos es el distrito 3 (DM3) del municipio La Guardia, donde, desde las redes de esa Alcaldía, se muestran bastantes obras en ese lugar, que colinda con el predio Kim, y que sigue siendo parte de la región acuífera. 

La superficie de la familia Kim es de 109 hectáreas, 30 de ellas en Santa Cruz de la Sierra, el resto en La Guardia, esas 109 ha son parte de las 700 ha de toda la zona de amortiguamiento, ubicada entre la UCPN Lomas de Arena y Guendá-Urubó.

Según Vaca, los problemas de la improvisación llegan después, con inundaciones, evaporación de las fuentes de agua superficiales, etc., tal como está sucediendo en los acuíferos hoy en disputa. Pero eso no es lo más grave, sino el riesgo en que se pone el futuro del agua, al interrumpirse los cursos naturales de este líquido vital. Para muestra ya está la laguna El Encanto, de la propiedad Kim, hoy completamente seca, debido a las construcciones y bardas a la altura de la laguna Las Garzas. 

Acuíferos vitales

El ingeniero hidráulico Juan Carlos Sauma explicó que el acuífero de Santa Cruz es la garantía de agua para millones de bolivianos de toda la zona metropolitana, eso incluye La Guardia, Warnes, Cotoca, El Torno. 

Sobre el problema del avasallamiento del predio Kim, dijo que esta se da precisamente en la zona de recarga preferencial. “Quiere decir por donde ingresa el agua con la mayor facilidad posible en ese reservorio”, indicó.

Para Sauma, si las autoridades permiten esta afectación, se está sentando un precedente jurídico para que después toda la zona sea devastada. “No es solo un tema de avasallamiento hoy, sino de jurisprudencia para que sigan destruyendo todo”, advirtió.

Diego Gutiérrez, director de la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental, las normas ambientales tienen una función preventiva, es decir, para evitar que el daño ambiental ocurra; o, precautoria, referida a detener de manera “inmediata” un daño o potencial daño.

Explicó que la autoridad competente está obligada a realizar las gestiones necesarias para detener el daño, y que hay dos formas de conseguir la ejecución, por acatamiento voluntario (no es el caso de los avasalladores del predio Kim) o, con el auxilio de la fuerza pública legalmente constituida, “vale decir, la Policía Nacional y el Ejército, en caso de ser rebasada, con presencia del Ministerio Público y la activación de todo el sistema judicial boliviano”, aclaró.

Según Gutiérrez, en este conflicto específico claramente no se está dando cumplimiento a la resolución administrativa de la pausa ambiental, tanto de parte de la Policía como del Ministerio Público (Fiscalía), lo que es sancionable con una pena entre dos a cuatro años.

En lo que respecta a los avasalladores, informó que están cometiendo varios delitos ambientales, que van desde contaminar agua hasta destruir fuentes de riqueza, talar sin autorización en zona protegida, etc., este último aumenta en un tercio la pena, que se establece entre uno y seis años de cárcel. 

Mancha urbana

El experto jurídico ambiental Gutiérrez enfatizó que, por más que los dos municipios involucrados en el caso Kim hubieran ampliado sus manchas urbanas, cuando se trata de áreas protegidas hay restricciones que no son negociables.

Sin embargo, la experta en planificación urbana, María Claudia Canedo, explicó que existen leyes aprobadas por el Consejo y promulgadas por Angélica Sosa y Jhonny Fernández, que cambian el uso de suelo en las áreas que fueron incluidas en la ampliación de la mancha urbana.

Una de las ampliaciones fue firmada por Sosa un par de meses antes de finalizar su gestión, recortando superficie al cordón ecológico. “Son dos unidades de aproximadamente 70 ha”, afirmó Canedo.

También aclaró que edificaciones como Torre Solaris y condominio Solaris no son legales porque están dentro del curichi La Madre, una zona con restricciones ambientales, igual que el barrio Ambrosio Villarrroel. 

Una ordenanza de junio de este año, en la gestión de Jhonny Fernández, aprobó el plan maestro Las Américas 1 y 2, de la familia Novillo, y que afecta al arroyo Los Sauces. “Es una zona de gran valor ambiental que absorbe el agua y donde van a refugiarse animales, incluso en riesgo de extinción”, dijo.

Sobre el Urubó, Canedo explicó que lo de la carretera está sobre el acuífero, “sobre las Pampas del Cuyabo, una zona de altísimo valor ambiental, ahí están las faldas del Amboró y es donde se absorbe la mayor cantidad de agua y tiene una masa forestal hermosa e impresionante que debe preservarse porque garantiza las lluvias”, dijo.

La urbanista opinó que el mayor problema no es sólo el no respeto al derecho propietario por parte de los avasalladores o de los propietarios, sino también el uso que se da al suelo. 

"Por eso el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) 2005, que no se ha vuelto a revisar, define los usos y compatibilidades de uso por zonas en la ciudad. Y el Plan de Uso de Suelo (PLUS) aprueba los usos del suelo en todo el departamento; tampoco ha sido actualizado", observó.

Según Canedo, la ampliación de la mancha urbana se aprueba por ley municipal y debe ser revisada por el Ministerio de Planificación. Dijo que los PLUS y PLOT regulan lo que se puede o debe hacer en la superficie del suelo, de acuerdo a las características topográficas y geológicas del suelo, sea urbana o rural. 

"Si es urbana, define si es de uso mixto, comercial, residencial, industrial o de preservación ambiental, etc. Este cambio de uso de suelo también debe ser aprobado por ley municipal en el Concejo Municipal, y después  promulgada por el alcalde de turno", explicó.