8 de marzo de 2023, 4:00 AM
8 de marzo de 2023, 4:00 AM

El número 1.000 tiene un enorme valor simbólico. Normalmente, puede representar metas a alcanzar o logros obtenidos en cualquier disciplina o actividad humana. Pero en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el número 1.000 representa el indicador más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres, porque al menos 1.000 mujeres han sido asesinadas en Bolivia por sus parejas y por su condición de mujer. 

Cierto, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, particularmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), el Estado boliviano aprobó el 13 de marzo de 2013 la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

La mencionada ley supone un avance importante en la legislación porque establece 17 tipos de violencia contra la mujer por el solo hecho de pertenecer al género femenino y tipifica específicamente el delito de feminicidio. También establece la creación de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) y determina la creación de fiscalías especiales para la investigación de estos delitos. Pero pasado el tiempo, las unidades policiales especializadas funcionan a media máquina y el Ministerio Público nunca cumplió a cabalidad con la creación de fiscalías especializadas.

Por eso la cifra de 1.000 feminicidios, la mayoría impunes, duele e indigna. Como bien dicen algunas especialistas, si Bolivia participara en un campeonato mundial de leyes, probablemente sea un gran referente, pero el espíritu inequitativo y machista de la sociedad no se cambia por el solo hecho de publicar normas en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Un caso emblemático y reciente es el de Brisa Angulo, valiente ciudadana que demandó al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque las agresiones sexuales que sufrió y denunció cuando era adolescente nunca fueron debidamente investigadas. La Corte IDH sancionó al Estado boliviano, pero el delito principal sigue impune.

En Bolivia, como en todos los países de América Latina, la brecha de género no se ha revertido ni mucho menos. El Informe Global de Brecha de Género 2022 indica que se necesitarán al menos 132 años para cerrar el abismo que existe entre hombres y mujeres en oportunidades laborales, inclusión financiera, acceso a la educación, derechos sexuales, etc. Es decir, poco o nada se ha avanzado.

Algunos pocos estudios señalan que en el país, hasta 2010, la mujer boliviana gana el 63% del salario de un hombre: la informalidad laboral afecta al 72% de mujeres, frente al 58% de los varones y solo el 34% de las mujeres tiene posibilidad de acceder a una jubilación. Las cifras no se actualizan con la celeridad debida; sin embargo, es posible que los aludidos indicadores no hayan tenido cambios sustanciales.

En contraste se puede mencionar como un hito relativamente importante que en la elección general de 2020 por primera vez en la historia se logró conformar una Asamblea Legislativa compuesta por la mitad de mujeres y la mitad de varones. Sin embargo, hasta ahora no se ha elegido a una mujer para presidir alguna de las cámaras legislativas. Y en el gabinete ministerial la desproporción es abrumadora. De 15 ministerios, solo 3 están bajo el mando de mujeres.

Seguramente, este 8 de marzo abundarán los discursos y actos especiales, pero se necesita más que eso. Se necesita educación, equidad e igualdad en todos los estamentos de la sociedad. Y es necesario comenzar en cada hogar, ahí donde cada ser humano debe cultivar desde un principio el respeto absoluto a sus semejantes sin distinción de género, edad o cualquier otra condición.

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