Milei, gasto público y el Barómetro del Populismo económico
por Lorena Gutiérrez Marconi - ECONOMISTA Y POLITÓLOGA
Tras el impacto significativo que generó Milei en el foro de Davos, por sus valoraciones sobre aspectos básicos de una economía de mercado –basada en principios teóricos del Liberalismo–, muchos de los cuales se aplican también a la economía en general, como cuando señala que la prosperidad económica es resultado del respeto a: las libertades individuales, la propiedad privada y una economía de mercado más abierta y favorable al crecimiento económico; se pudo observar una visión clara de Milei, distanciada del populismo económico. Además, confirmándolo desde enero pasado, con el mayor recorte del Gasto público de las últimas décadas en Argentina, lo que podría considerarse como una medida más bien anti-populista.
El populismo es amplio de analizar y medir desde distintas perspectivas, desde una perspectiva política se caracteriza por una marcada actitud anti elitista del poder –referida a las élites que detentan el poder–, buscando establecer una dicotomía entre “pueblo” y “élite” como antagónicos. Los líderes populistas suelen presentarse como representantes auténticos y exclusivos del pueblo, y critican a las élites políticas y económicas catalogándolas de corruptas y alejadas de los intereses y necesidades de la gente común; pero proponiendo, desde su vereda política, soluciones muy alejadas de una lógica económica racional. Sin embargo, desde una perspectiva económica, se caracterizaría más bien por la injerencia de un gobierno en la economía mediante políticas económicas de gasto excesivo, que pueden estar orientadas al despilfarro y sacar ventajas y provecho para el líder o gobierno populista, que aparenta estar a favor del pueblo, pero que utiliza o enajena los bienes del estado la mayor parte de las veces.
Dentro del análisis económico que evalúa el impacto de regímenes populistas sobre la economía, hay bastante teoría, como la que presentan, por ejemplo, Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards en su libro The Macroeconomics of Populism in Latin America o “La macroeconomía del populismo en América Latina” en 1991. En este libro, Dornbusch y Edwards analizan el fenómeno del populismo económico en América Latina y examinan su impacto en la economía de la región –centrándose en el período de los años 80–, cuando muchos países latinoamericanos experimentaron gobiernos populistas y políticas económicas intervencionistas. Los ciclos del populismo inician también con un apoyo a los ingresos de las clases más empobrecidas a través del gasto público y esto es posible a partir de la implementación de programas sociales que muchas veces terminan siendo un canal para el clientelismo político y para captar bases clientelares.
Los deterioros fiscales surgen entonces a partir de acá y la disciplina fiscal queda en un segundo plano, porque se considera que el bienestar inmediato de la población es más importante que mantener un manejo riguroso y responsable sobre las finanzas públicas de un país, que garantice la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas a largo plazo, así como evitar déficits excesivos. Los regímenes populistas de esta manera, afectan la política económica a través del gasto público, incluyendo la implementación de controles de precios, subsidios masivos y expansión fiscal. Y las consecuencias macroeconómicas de estas políticas son casi siempre las mismas: inflación, deuda externa e inestabilidad financiera.
Justamente Argentina es el caso que se repite a lo largo de la historia, que bajo la lógica del populismo aplica estas políticas macroeconómicas y es Milei quien intenta dar este salto o cambio de página, para frenar el deterioro cada vez más grande de la economía argentina.
El gobierno de Milei, a la cabeza de Luis Caputo como ministro de Economía, promovía un fuerte ajuste fiscal y recortes en el gasto, pero esto no se hizo posible hasta el pasado mes de enero, con una reducción del gasto primario de un 39,4% interanual. Se ahorró en mayor magnitud en jubilaciones, pensiones, transferencias de capital a provincias y subsidios a la energía.
Si una medida como esta, se implementa con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la situación fiscal del país, se trata evidentemente de una medida anti populista, necesaria ante la crisis actual. Estas medidas podrían ser impopulares a un inicio, entre aquellos que se ven directamente afectados por ellas, como los jubilados, los beneficiarios de programas de transferencias –bajo la lógica del despilfarro muchas de las veces– o los usuarios de energía subsidiada, sin embargo, estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad económica o abordar problemas estructurales a largo plazo.
