17 de febrero de 2022, 4:00 AM
17 de febrero de 2022, 4:00 AM


Dos ex jefes militares procesados por el denominado caso “Golpe de Estado II” decidieron no dar batalla legal a las acusaciones en su contra y aceptaron ir a un juicio abreviado que implica una admisión de culpabilidad; otros dos decidieron no acogerse a esa figura que implica una reducción de pena a cambio del “sí, soy culpable”, y continuarán dando pelea para demostrar su inocencia en un proceso desigual donde la justicia está del lado del Gobierno acusador.En el primer caso, se trata del excomandante de la Fuerza Aérea, general Gonzalo Terceros, y del excomandante de la Armada, almirante Gonzalo Jarjuri.

La noticia no la dieron los militares, ni su familia ni sus abogados defensores, sino curiosamente fue el ministro de Justicia, Iván Lima, quien informó de esa decisión el mismo día que debió iniciarse el juicio contra la expresidenta Jeanine Áñez y que se postergó de manera sorpresiva. Según el ministro, ese pedido para que se dicte una sentencia por la vía del procedimiento abreviado “es un reconocimiento de responsabilidad y culpabilidad”.

El abogado de ambos militares, Eusebio Vera, desconocía la decisión de sus defendidos, se enteró por el anuncio de Lima y luego determinó apartarse del caso porque no estaba de acuerdo con ese desistimiento y por respeto a la decisión de la familia de los militares.

Un día después del anuncio del ministro, las familias de los excomandantes firmaron una carta conjunta en la que dicen estar convencidas de que la lucha era “absolutamente desigual e infructuosa” y que a pesar de la negativa de los dos ex jefes militares decidieron optar “por el bien mayor” con la finalidad de tenerlos a su lado como familia unida y tras haber enfrentado solos las previas del proceso, abandonados por las instituciones militares, amigos y simpatizantes.

Más adelante, los familiares afirman: “Estamos seguros de que Bolivia conoce la verdad de todo y que la historia no se puede cambiar con estos procesos”, que como hijos no pueden permitir que se siga abusando de sus padres y por eso prefieren resguardarlos y pedir disculpas a su abogado defensor y la comprensión del pueblo de Bolivia.

No tardó en volver a hablar el ministro de Justicia para sentenciar que con el pedido de juicio abreviado, Terceros y Jarjuri confirman que en el país hubo golpe de Estado en 2019, que ese procedimiento permitirá acortar el tiempo del proceso contra Jeanine Áñez y que la condena se conocerá en pocas semanas o meses. Otros dos militares acusados en el mismo caso, el exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, almirante Flavio Arce San Martín, y el comandante del Ejército, general Jorge Mendieta Ferrufino, dijeron, a través de sus respectivos abogados defensores, que sus clientes no pidieron juicios abreviados ni se acogerán a la figura de colaborador eficaz, como horas antes había afirmado el viceministro de Justicia, César Siles.

Los abogados de Arce y Mendieta dijeron que sus clientes estaban dispuestos a someterse a juicios orales para demostrar su inocencia de los cargos que se les acusa. El abogado de Jeanine Áñez, Luis Guillén, denunció que los denominados juicios abreviados serán utilizados como supuesta prueba en contra de los procesados y dijo que se ha negociado una culpabilidad con la Fiscalía. Otras fuentes no dudan en calificar de político el juicio contra los militares. ¿Quién está detrás de los juicios abreviados y las presiones para que también otros militares se declaren culpables a cambio de acortar sus penas? Quizá no hay mucho dónde perderse, porque se conoce bien de dónde viene el relato absurdo que quieren cambiar la historia de un fraude electoral y una renuncia por otra que habla de un golpe de Estado que no existió.

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