Militarizar Bajo Paraguá
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Los avasalladores continúan haciendo de las suyas en territorios que no tienen presencia del Estado. Ya es hora de que el Gobierno demuestre coherencia: o protege a la naturaleza y a todos los bolivianos como es debido o sincera la protección que hay a los avasalladores de tierras, que no son más que grupos irregulares armados.
En las últimas horas, una comunidad indígena de la zona de Bajo Paraguá, cercana al Parque Noel Kempff Mercado, denunció que unas 50 personas llegaron hasta sus tierras con palos y piedras, con la finalidad de bloquear para impedir el paso de un contingente de policías que llevaba a detenidos por invasión de tierras y quemas en la zona.
La diputada chiquitana María René Álvarez era parte de esa comisión y, durante horas, su equipo de colaboradores no podía contactarse con ella.
La situación es demasiado grave y recurrente. Está en la memoria colectiva el caso Las Londras, que ocurrió hace casi tres años, en el que periodistas, trabajadores agrarios y policías fueron tomados como rehenes y torturados por un grupo de avasalladores armados y encapuchados, cuyos cabecillas y miembros se mantienen en la impunidad y siguen operando de la misma manera en varias provincias de Santa Cruz.
Ahora el agravante es que este departamento vive el peor desastre ambiental de la historia. Los incendios forestales provocados han quemado siete millones de hectáreas en su territorio. El fuego ahora es incontrolable, ni siquiera la lluvia puede aplacarlo. Además, las autoridades nacionales, departamentales y municipales que trabajan en su extinción han venido denunciando que, aunque se apagan las llamas en un sector, descubren que hay nuevas quemas en otros lugares aledaños.
También hubo denuncias de que grupos de narcotraficantes impidieron la extinción del fuego en algunas zonas. Los bomberos, aparte de arriesgar sus vidas ante el fuego, deben enfrentarse a grupos armados que los amenazan.
Esas son las evidencias, otros son los discursos, comenzando por aquellos de autoridades nacionales que se empeñan en minimizar la magnitud del desastre ambiental que estamos enfrentando.
Ya es tiempo de que el Gobierno nacional, que tiene la competencia de brindar garantías para la seguridad de todos los bolivianos, asuma una política real, clara y frontal para acabar con estos grupos irregulares, que merecen la máxima sanción por todas las tropelías que se cometen en el territorio cruceño.
Para ese efecto no debería ser un obstáculo el hecho de que esos avasalladores estén mezclados con interculturales y campesinos que dicen ser de las filas del Movimiento Al Socialismo, unos evistas, otros arcistas.
El asunto es muy grave. Policías amenazados, una diputada emboscada, pueblos indígenas emboscados y hasta desplazados de su territorio, deberían ser hechos más que suficientes para acabar con este problema.
El interés de los bolivianos debería ser la mayor prioridad del Gobierno, que ya tiene que militarizar la zona, a fin de que se capture a los integrantes de estos grupos irregulares armados, que pueden salirse de control y constituirse en facciones terroristas.
