Se emitieron cuatro cheques por las 41 ambulancias. A la acción del Ministerio se sumó que la Cámara Automotora denunció a la Procuraduría para que investigue a funcionarios de un viceministerio, de Aduana y de Impuestos, que pueden ser parte de una red

14 de febrero de 2022, 4:00 AM
14 de febrero de 2022, 4:00 AM

La Gobernación de Potosí pagó por las 41 ambulancias que nunca llegaron. La operación se ejecutó el 31 de diciembre al filo del cierre de la gestión fiscal 2021, a través de cuatro cheques a favor de la empresa Estefals Logistics. Ese día, el Ministerio de Economía bloqueó el desembolso.

A eso se suma que el gerente general de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), Luis Encinas, llegó el viernes a La Paz para presentar una denuncia a la Procuraduría. Aseguró que el caso de las 41 ambulancias fueron una señal de alerta para hacerle notar al Gobierno que en entidades públicas operan “malos funcionarios”, una red que desde 2011 han encontrado un negociado en la nacionalización de vehículos.

Según Encinas en ese círculo operan funcionarios del Viceministerio de Transportes que autorizan una licencia previa para las operaciones.

También de la Aduana, que controla las zonas francas, y en el caso de las 41 ambulancias, éstas debían ingresar por una zona franca comercial y no industrial (La zona franca industrial fue creada para hacer las transformaciones de volante entre otros aspectos). Asegura que los “grises”, como la empresa proveedora Stefals, usan esto para evadir impuestos.

Y finalmente Impuestos que no hace la fiscalización.

“Este caso puede estar vinculado con un lavado de dinero porque todo comienza en Iquique donde se crean empresas para ‘subfacturar’. Estas aparecen y desaparecen cuando viene la fiscalización del gobierno chileno. Estas empresas emiten un papel para decir que el auto cuesta menos de lo que realmente vale”, dijo Encinas.

El monto del pago, “prorrateado en cuatro partidas”, sumó los Bs 20,5 millones establecidos en el contrato 215/2021, que el 26 de noviembre de 2021 firmó el gobernador Jhonny Mamani con esta empresa. Cuando Estefals Logistics cerró el trato tenía tres meses de funcionamiento.

La fotocopia de estos cheques está en el informe que elaboró la comisión especial de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí sobre las irregularidades que se cometieron en la adquisición de las ambulancias que debían favorecer a los 41 municipios de esa región.

El primer cheque fue de Bs 7.167.155,50 y el segundo, por Bs 13.025.344,50. El tercero fue por Bs 109.144,50 y el último sumó el restante Bs 198.355,50 para completar el desembolso. Todos se giraron a nombre de Luis Humberto Huanca, propietario de Estefals Logistics.

Con los documentos que se generaron el mismo 31 de diciembre, incluidos esos cheques, la Gobernación solicitó que esos recursos sean autorizados y desembolsados desde el Ministerio de Economía, pero allí se hallaron al menos dos irregularidades.

La primera alerta fue la fecha. En un contacto con EL DEBER, un funcionario de la Gobernación de Potosí explicó que “la operación fue observada, porque estaba fuera de fecha”. “Una adquisición por ese monto (Bs 20,5 MM) sólo era posible aprobarla antes de octubre”, apuntó.

“El Viceministerio de Presupuesto también rechazó la operación porque, de acuerdo con el contrato, se debía hacer un solo pago. Habían cuatro cheques”, complementó la fuente, quien reveló que hubo mucha insistencia de la Gobernación para cerrar la operación.

“La operación fue revertida en medio de gritos y mucha tensión. Había presión desde arriba”, remarcó la fuente potosina.

Tras el rechazo, a la Gobernación no le quedó otro camino que anular los cheques y comenzar de nuevo el trámite. Eso ocurrió el 3 de enero. En todo caso, el contrato con Estefals Logistics establecía 45 días de plazo para el pago después de firmada “el acta de recepción”.

El acta firmada el mismo 31 de diciembre existía, pero ninguna de las ambulancias había llegado al país. El plazo de entrega venció el 6 de enero y una semana después, el 14 de enero, EL DEBER publicó la investigación que estableció esa irregularidad.

En un primer momento, Mamani defendió la legalidad del contrato que firmó, luego responsabilizó a 17 funcionarios de menor responsabilidad a quienes destituyó. Luego, envió los documentos al Viceministerio de Transparencia, que también investigó el caso.

“Nuestra intención es colaborar con la justicia para que se puedan transparentar estos hechos”, afirmó el Gobernador el viernes. Según el Decreto 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, el “responsable del Proceso de Contratación es la MAE, es decir, el Gobernador.

 

HECHOS

BLAZICEVIC

“El 80% del contrabando ingresa a través de Chile; especialmente vehículos y equipos de línea blanca que vienen de Asia y China. El contrabando afecta al 7% del PIB. La Ley de Aduanas señala que es delito penal, cuando la mercadería supera los $us 67.000”, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, en encuentro con el embajadores.

ENCINAS

Por su parte el presidente de la Cámara Automotor de Bolivia, Luis Encinas aclaró que “los grises” internan los vehículos cumpliendo con todos los mecanismos legales, pero generando pérdidas al Estado, tal como pasa con el contrabando.